Un canario ante el TC

El caso de Alberto Rodríguez tiene especial trascendencia jurídica. Lo habitual en el Tribunal Constitucional es, en cuanto a los recursos de amparo, que sea una de las secciones (hay cuatro) que decida admitir o inadmitir a trámite y luego, de admitirse, sea una de las salas (hay dos) que decidan sobre el fondo del asunto.

Esto es, conceder o no el amparo y, si se tercia, las consecuencias que conlleve. En el supuesto del exdiputado de Unidas Podemos estamos ante dos recursos de amparo: uno por la decisión de Meritxell Batet de retirarle el acta, otro por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a cuenta de una patada que al parecer propinó en su día al calor de una manifestación y que solo es avalada por la presunción de veracidad del agente policial. Vamos, igual que cuando en un procedimiento sancionador en materia de tráfico las alegaciones son desestimadas por el consistorio de turno con este argumento; pues aquí un representante democráticamente elegido es alejado del Congreso de los Diputados. A todas luces, jurídicamente es interesante el tema de marras.

El abogado de Rodríguez es el mismo que el de Carles Puigdemont: Gonzalo Boye. Él, que lógicamente tendrá su estrategia procesal, habrá asumido de antemano que esto puede acabar, en función de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional, en la justicia europea. Pero hay un dato fundamental: el Alto Tribunal ha decidido avocar el asunto del tinerfeño y que sea abordado directamente por el pleno, no por una de las dos salas. Lo normal es lo otro, lo anteriormente descrito. Esto denota, a todas luces, la relevancia y contrariedad que, en última instancia, cuestiona el Estado de Derecho. Se vislumbra que la decisión final, salvo sorpresa del Tribunal Constitucional, la tendrá la justicia europea.

El Tribunal Constitucional tenía que admitir a trámite los dos recursos de amparo del exdiputado de Unidas Podemos por dos razones. La primera, no podía darle carpetazo con una inadmisión sin más cuando un representante del pueblo (obrero y canario, como diría el interesado) es despojado del escaño. La segunda, el consabido carpetazo libra al letrado para acudir ya a la justicia europea. De ahí, que (como en todo litigio) cada uno ostenta su composición de lugar y estrategia procesal pertinente.

Rodríguez, tras su salida de Unidas Podemos, ha reivindicado un espacio político canario autocentrado. Es de Tenerife y nunca ha observado que CC defienda estos postulados. La imagen de CC que se tiene en Gran Canaria es muy diferente a la consolidada en Tenerife. Este partido en Gran Canaria es prácticamente testimonial. Pero hubo un tiempo que proyectaba, mal que bien, un ideario nacionalista; rechazado por Rodríguez y otros que han militado en la izquierda tinerfeña. Está por ver qué acuerdo adopta el Tribunal Constitucional. Pero si el que finalmente restituye el escaño a Rodríguez es la justicia europea, sería un varapalo para la española (pendiente también del desenlace jurídico del ‘procés’) llegado el momento procesal oportuno. Ahora bien, para esto habría que esperar años y el actual Parlamento se habrá disuelto. Ojalá se reponga al canario del lugar del que no debió salir: la sede parlamentaria, designado por los votantes. La justicia, si llega tarde, no es justicia. Aunque a Batet podría dejarla, para entonces, en un lugar muy incómodo.