Espiados

Yolanda Díaz teme que también esté siendo espiada. La vicepresidenta del Gobierno podría formar parte del largo relato de dirigentes políticos, periodistas y abogados que llevan tiempo siendo vigilados en sus dispositivos móviles. Ellos, la anti-España según la ultraderecha, han visto mermados sus derechos fundamentales y, por ende, todos nosotros. Cuando en una democracia ocurren estas cosas no solo está en peligro la democracia, que también, sino que se activan inercias autoritarias que pueden acabar perfectamente en sistemas neofascistas.

La ministra de Trabajo y Economía Social, y candidata próxima del espacio de izquierdas que aspira a pugnar con el PSOE, sabe que será tentada para que encarne una falsa moderación o bien apuntale una opción política que resitúe estas desvergüenzas que sacuden a la democracia representativa. De ella depende. El ‘procés’ y el discurso del 3 de octubre de 2017 de Felipe VI nos han llevado a una nueva dimensión que, a medida que avanzan los años, parece más evidente que no tiene vuelta atrás. Que la crisis sistémica ha venido para quedarse.

Que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con la aparente bendición de la ministra de Defensa Margarita Robles, al menos en cuanto que sus declaraciones últimas no aclaran nada sobre un organismo independiente pero adscrito a su cartera, haya violado presuntamente derechos fundamentales es terrible. Pensemos que hoy por hoy un teléfono móvil es mucho más que el grabar conversaciones telefónicas. El dispositivo guarda fotografías, documentos, el acceso a la cuenta de correo electrónico… Todo, repito, todo. No son las escuchas ilegales, sin autorización judicial, del CESID que irrumpió como escándalo a mediados de la década de los noventa, por graves que fuesen, es mucho más. Aquello le costó el cargo al entonces vicepresidente Narcís Serra, al ministro de defensa Julián García Vargas y, desde luego, a Emilio Manglano, director del CESID (hoy denominado CNI).

Con todo, las escuchas y violación de la intimidad de los líderes del independentismo catalán y vasco, más otras personas, habría sido perpetrada tanto con Mariano Rajoy como con Pedro Sánchez en La Moncloa. Todo ello, insuflará las expectativas de un acercamiento y pacto, expreso o tácito, del PSOE y el PP al calor de la deriva del orden del 78. La gallega y los ministros pertenecientes al ala de Unidas Podemos en el Ejecutivo saben que cualquier día podrían ser cesados por Sánchez. Lo único que le detiene, por ahora, es que implicaría un alto coste electoral para el PSOE. A medida que se acerquen las citas electorales en 2023 crecerá la tensión dentro del Gabinete de coalición. Sobre todo, si para esos meses aún no se ha aclarado el rol del CNI y la compra del programa de espionaje Pegasus. No obstante, tampoco habría que esperar mucho: ERC exige explicaciones y la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los diputados. ¿Realmente la habrá? De momento, Sánchez no promete nada a Pere Aragonès. En fin, que puede haber un apaño entre socialistas y populares, un remedio de urgencia de Sánchez que tranquilice a ERC o que todo se precipite y la legislatura finalice. Eso sí, el daño a la democracia está ya hecho. Y, a la postre, todos hemos sido víctimas. Lamentable.