La propiedad presenta un proyecto de legalización de la finca de Rosiana con demoliciones

La propiedad de la polémica finca de Rosiana, en las medianías de Telde, ha presentado un proyecto para legalizar el uso agropecuario de la parcela y los muros que la circundan, según ha manifestado a Teldeactualidad Jordi Pérez Camacho, abogado del promotor de las obras.

El modificado de Proyecto de Legalización de Infraestructuras Agrícolas, como así se denomina, contempla la demolición de parte de las obras realizadas, concretamente dos plataformas de hormigón, un portón y los muros que rodean esa puerta de un habitáculo.

El proyecto se presentó el pasado mes de febrero y sustituye a otro que se había presentado ante la Concejalía de Urbanismo de Telde a finales del año pasado. La parcela tiene una superficie de 5.600 metros cuadrados y está en un suelo rústico de protección paisajística, una figura que permite el uso agrícola pero ninguna construcción si en la finca original, como es el caso, no había ninguna.

El letrado de la propiedad expresó, el pasado lunes a este diario digital, su profundo malestar con el concejal de Urbanismo, Héctor Suárez, “porque no nos han respondido a ninguno de nuestros requerimientos; sólo nos enteramos de cómo va el expediente por las informaciones de TELDEACTUALIDAD”.

Sin embargo, hoy jueves, la propiedad ha recibido un escrito del Ayuntamiento en el que se permite el vallado de la finca, un cuarto de aperos, cuarto de insecticida y aljibe”, pero con observaciones y unas características determinadas. En ese sentido, el muro que rodea la parcela tendrá que ser demolido también, aunque no se plantea en el proyecto de modificado, porque el planeamiento sólo permite “un vallado metálico de dos metros de altura”, mientras lo que ha hecho el dueño, un empresario propietario de una red de carnicerías, es construir un muro con un espesor de un metro aproximadamente, con tubos eléctricos para una futura instalación.

Como adelantara este periódico digital en el otoño pasado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil presentó una denuncia ante la fiscalía al considerar que se había cometido un delito, no una infracción urbanística.

A raíz de la denuncia de la Guardia Civil, el juzgado que lleva el caso ha abierto diligencias previas, según ha confirmado el propio letrado del dueño de la polémica finca. Pérez Camacho afirma que “nos ha requerido información, se estudiará y ya veremos si el asunto se archiva o sigue su curso”.

Paralelamente a la investigación judicial, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias también ha abierto una investigación. Por ahora no hay ninguna resolución al respecto.