La demanda de Corinna

Mientras ayer las altas autoridades del Estado conmemoraban el Día de la Constitución en el exterior del Congreso de los Diputados justo se celebraba el inicio de la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia inglés fruto de la demanda por acoso, y otros aspectos, interpuesta por Corinna Larsen contra Juan Carlos I. Y hoy continúa. Y es que al tiempo que en Suiza se dirime por la justicia la cuestión fiscal, en Londres se ventila la situación de ataque y desprestigio que, según la examante del rey, sufrió incluso por el mismo Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Corinna tendrá sus motivaciones e inquietudes legítimas para recurrir a la vía judicial en aras de defender sus derechos. Entrar precisamente en esos motivos no es más que tratar de enredar y proseguir en una campaña donde ella vendría a ser la malvada de la película y, por tanto, jugaría el rol de amante despechada que (según algunos) estaría sedienta de venganza. Eso, este relato, es totalmente machista. Y es el último reducto del acorralado para tratar de amparar a Juan Carlos I de sus errores, reproches y, si acaso, delitos que pudiera haber cometido. Ahondar en el perfil de Corinna al caso es contaminar lo que solo la justicia puede y debe zanjar.

La aparición en escena de la examante del rey emérito ha impulsado el retorno del recuerdo de Bárbara Rey a distintos formatos periodísticos, no solo en la denominada crónica social. ¿La vida íntima del monarca es privada? ¿Tiene derecho a ello? Pueden surgir dudas. Pero cuando se mezcla el dinero público con los asuntos de faldas, ya no la hay. Y es que, al parecer, Bárbara Rey disfrutó de premios y favores a cambio de mantener su silencio en una era aún analógica y en la que internet y las redes sociales no existían. De continuar aquella etapa histórica, probablemente lo de Corinna no lo sabríamos; como tampoco la donación de 65 millones de euros que Juan Carlos I le hizo.

El escándalo que ayer y hoy comienza a conocerse en Londres, y con independencia de la Fiscalía suiza, atañe también al papel que señala Corinna que desempeñó el CNI en perseguirla e intimidarla. ¿Cómo es que el contribuyente tenga que costear un servicio público que en vez de proporcionar seguridad al Estado se encargue de los líos amorosos y/o sexuales del rey emérito? El CNI (el antiguo CSID) no está para esos menesteres. Mientras aquí se prepara un carpetazo a las investigación de las presuntas irregularidades fiscales de Juan Carlos I (todo ello producto tan solo de la labor de la justicia suiza y la divulgación de la prensa extranjera) que le permita volver de Abu Dabi sin más, en Londres Corinna (su asistencia letrada) expondrá las acciones del rey emérito que serán examinadas por el juez Matthew Nicklin. Las fotografías de Juan Carlos I con Corinna y su hijo, sea en formato navideño como haciendo una barbacoa, tan solo es el elemento folclórico de una problemática en el que el CNI distraería sus energías en la defensa del Estado para tapar bochornos al rey emérito que se aferrará a la inmunidad que atesora el que ha sido jefe del Estado.