Prostitución de menores

Eran menores. Que alguien pague por mantener sexo con otra persona es, cuando menos, éticamente reprochable; allá cada uno con su conciencia. Pero en el caso 18 lovas, en el que está implicado Eustasio López, eran menores. Y no solo eso sino que, como reza el auto, “prevaliéndose de su situación de vulnerabilidad, tanto de su minoría de edad como por la situación de falta de solidez familiar y referentes parentales”. Un auto que describe un protocolo de actuación en el chalé de Ayagaures (San Bartolomé de Tirajana) en torno a desplazamientos, logística, piscina, toqueteos y elección de la chica como si fuera un mercado persa, cosificándolas por completo. Algunas de ellas estaban acogidas a centros de menores. Una lectura que resulta difícil de digerir para el común de los mortales.

López está investigado, el antiguo imputado en los términos procesales anteriores. López es de los empresarios más importantes y Lopesan, de la que es fundador, ha actuado en la construcción y asfaltado y, por supuesto, acumula un volumen de negocio sonoro en el sector turístico; eje de la economía isleña que viene a representar sobre el 35% del PIB y el 40% del empleo. Y con presencia en el extranjero. López es de los más ricos del Estado. Y, al conocerse ayer el auto, enseguida la opinión pública imagina que emerjan presiones alrededor. El juez Rafael Passaro Cabrera, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, sabe lo que es resistir, no se achica. De hecho, ya un locutor de radio tuvo que indemnizarle por lo que vertió contra él en antena, vulnerando su derecho al honor.

En el caso 18 lovas están investigados, aparte del citado, Agustín Alemán Barreto (el que presuntamente orquestaba la trama), Eugenio Hernández de León, Antonio Dascenzo, Domingo Hernández Tarajano y Emilio Cabrera Caballero. Pero la realidad es que es en el fundador de LOPESAN en el que recae el foco mediático. Los hechos se remontan a 2015 y 2016. Y una vez emprendida y jalonada la instrucción por el juez Passaro, solo resta continuar con un procedimiento que, hoy por hoy, tiene la pinta que desemboca en juicio oral. De confirmarse todo esto, ¿de qué han valido las acciones sociales y benéficas que López y Lopesan han realizado?

Si López es encausado (antes llamado acusado), junto al resto, en el juicio oral asistiremos a uno de los episodios en sede judicial que quedarán en la memoria de la sociedad canaria. Porque resulta que los empresarios, las empresas, sea López y Lopesan y los de semejante envergadura especialmente, se deben a una responsabilidad social corporativa que, según lo relatado en el auto, se desmorona por lo sucedido en el chalé de Ayagaures. Un posible desenlace en el procedimiento penal que, de llegar a ser firme, la sociedad se haría la pertinente pregunta de cuestionarse qué tipo de empresariado tenemos en Canarias. Además del caso 18 lovas, una red de prostitución, en los últimos años hemos ido conociendo otros escándalos que han concernido a otros dirigentes empresariales de relevancia en las islas. Llueve sobre mojado.