ROMÁN RODRÍGUEZ
La respuesta del Gobierno central ante la grave situación migratoria que vive Canarias es completamente decepcionante. Lejos de asumir que se trata de un problema compartido, con España y con la Unión Europea, dejan sola a Canarias y se inventan una frontera entre las Islas y el resto del Estado para que nuestra Comunidad se convierta en lugar de retención, en muro de la vergüenza, en cárcel atlántica de las personas migrantes procedentes de África.
Decisiones equivocadas e injustas que dañan a los migrantes, vulneran los derechos humanos y ponen en riesgo la convivencia, que no estamos dispuestos a aceptar. El Plan Canarias para la acogida de migrantes no apunta a una solución compartida y solidaria. Ha sido elaborado sin Canarias y contra Canarias. El Gobierno español tiene capacidad y respaldo legal para realizar derivaciones a otras comunidades del Estado. Puede y no quiere hacerlas.
Los graves hechos del pasado martes 17 de noviembre suponen una vuelta de tuerca en una trayectoria de improvisación, errores y ausencia de política migratoria por parte del Gobierno central; y de escasa implicación, también, de la Unión Europea. La sorprendente puesta en la calle de más de 200 personas del campamento de Arguineguín, sin avisar a las instituciones canarias, y su traslado a Las Palmas de Gran Canaria, dejándolos a la intemperie sin recursos de acogida, causó un enorme impacto en la ciudadanía de las Islas, extensible al resto del Estado y a escala internacional.
La solución humanitaria a su inaceptable hacinamiento no era abandonarlas a su suerte, sin recursos, sin agua ni comida, sin lugar dónde alojarse. Sino buscarles unas instalaciones adecuadas mientras permanezcan en esta tierra, desde el trato digno y el respeto a los derechos humanos, y facilitar las derivaciones hacia otras comunidades. Impedir esas derivaciones inventando una frontera artificial entre Canarias y el resto del Estado es inadmisible.
































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