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Martes, 07 de Abril de 2026

Actualizada Martes, 07 de Abril de 2026 a las 21:04:36 horas

La diputada Cristina Valido y el alcalde Héctor Suárez (Foto TA) La diputada Cristina Valido y el alcalde Héctor Suárez (Foto TA)

Suárez pide un cambio normativo para destinar el superávit a la atención social

El alcalde recibió en su despacho a la exconsejera de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno Canario

dojeda Miércoles, 29 de Enero de 2020 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El alcalde de Telde, Héctor Suárez (Coalición Canaria), mantuvo una reunión este pasado martes con Cristina Valido, exconsejera de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno Canario y ahora diputada de CC. Una cita que tuvo como objetivo promover una iniciativa parlamentaria para exigir al Estado la flexibilización de la normativa de manera que las administraciones públicas puedan destinar su superávit (hasta ahora reservado para pagar a los bancos o responder a sentencias judiciales) a mejorar la atención de los Servicios Sociales.

 

Según detalla el Ayuntamiento de Telde en una nota de prensa, Suárez y Valido, portavoz de la Comisión de Derechos Sociales del grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, se vieron las caras para abordar esta medida con la que también se autorizaría la contratación de más personal que permita una atención integral y digna a las familias en riesgo de exclusión social.

 

 

El alcalde de Telde apunta que la contratación de más personal para atender las demandas ciudadanas en el área de Servicios Sociales es una cuestión "inaplazable". "El número de solicitudes de atención en este departamento se incrementa en más de cincuenta solicitudes semanales, esto es por encima de la capacidad de gestión que nos ofrece el músculo administrativo del que disponemos".

 

Añade además Suárez que "toda esta situación produce una dificultad que viene dada por el hecho de que aunque se incrementen las partidas económicas, si no disponemos de recursos que nos permitan gestionarlos, no sirve para nada".

 

En este sentido menciona la Prestación de Inserción Canaria (PCI), "cuya tramitación municipal está por encima de los dos meses y de cuatro en el caso del Gobierno de Canarias". Esto, en palabras de Héctor Suárez, "quiere decir que una familia sin recursos y en situación de vulnerabilidad tiene que esperar como mínimo medio año para poder recibir la ayuda, un hecho intolerable".

 

"No podemos olvidar, además, que Telde es uno de los municipios con mayor tasa de desempleo de la isla, una cifra que se sitúa por encima de los 11.000 parados", advierte el mandatario al tiempo que pide a todos los municipios canarios que se encuentran en la misma situación "unir fuerzas con el objetivo de que el Gobierno de Canarias inste al Estado a impulsar una flexibilización de la Ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, para que permita gastar el dinero del superávit en la contratación de personal que dé respuesta a las necesidades inminentes en materia de asuntos sociales y atención a los ciudadanos y familias más vulnerables".

 

Por su parte, Cristina Valido anunció que presentará una iniciativa parlamentaria en este sentido. "A través de la Ley de Servicios Sociales de Canarias que impulsé y fue aprobada durante mi periodo como consejera del Gobierno de Canarias en la legislatura pasada, incorporamos una disposición, que además salió como propuesta de la Mesa de Concertación Social, mediante la cual aquellas familias sin ingresos y con menores a su cargo tienen derecho a recibir la PCI al menos hasta que su situación cambie", asegura la exconsejera en una declaraciones facilitadas desde el propio Ayuntamiento.

 

Valido sostiene que "todo esto ha conllevado, como es evidente, a un aumento de la demanda de la ayuda y las administraciones locales se ven ahora con graves dificultades para gestionarla porque tienen un problema real de recursos humanos".

 

Asimismo, la diputada de Coalición Canaria afirma que es "una cuestión de voluntad política unánime" y que por eso instará al Gobierno de Canarias a que impulse el cambio de la normativa y también a financiar la contratación de más personal destinado a atender las necesidades sociales.

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