NC y CC 'funden' en una dos mociones contra la anexión de Marruecos de aguas canarias

Moción de Juntos por Telde

Con el mismo tema de fondo, el concejal y portavoz del grupo Juntos por Telde (CC-CCD), Juan Martel, ha presentado una moción en los términos anunciados por CC-PNC de que llevaría a todas corporaciones insulares y locales de las islas contra el intento de Marruecos de extender por ley sus límites marítimos, lo cual "afecta de forma directa a Canarias".

En la moción, se demanda al Gobierno de España que eleve una queja ante la Naciones Unidas contra Marruecos por apropiarse "unas aguas jurisdiccionales que no le pertenecen y que afectan de lleno a las Islas Canarias y al Sahara Occidental".

Texto de la moción

Hace ya muchos años que urge trabajar en un nuevo modelo de gestión de la realidad migratoria, donde la defensa de los derechos humanos sea perfectamente compatible con ese nuevo modelo y que, entre otras cuestiones, sea alternativo a los centros de retención temporal que vienen siendo censurados y cuestionados ante la ineficacia en el tratamiento de la realidad migratoria archipielágica.

Explorar nuevas fórmulas de atención y acogida de las personas llegadas irregularmente, más respetuosas con los derechos que las asisten ha de ser prioritario, y por ello urge una reforma que debiera fundamentarse a través de una negociación abierta, responsable y constructiva entre las distintas fuerzas políticas. No hay más que comparar las cifras entre inmigrantes internados en los CIEs españoles y los expulsados de España, para comprobar la ineficiencia del actual modelo.

Por otro lado, como consecuencia de los movimientos forzados de población que se han producido en el Mediterráneo en los últimos años, se ha procedido a la aprobación, en el mes de julio de 2017, del denominado Protocolo para la coordinación de actuaciones dirigidas a solicitantes beneficiarios de protección internacional entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el marco del Sistema Nacional de Acogida, donde se recogen los cauces de coordinación entre los tres niveles de Administración, sus competencias y las actuaciones de colaboración de las mismas en las fases establecidas: de acogida, de integración y autonomía personal en los entornos comunitarios vivenciales.

Europa ha optado en las últimas décadas por limitar la inmigración y sancionar las entradas irregulares, por lo que, mientras no cambien esas políticas, desde el Gobierno de Canarias se ha de trabajar en la medida de sus posibilidades y competencias y en coordinación con el resto de instituciones y organizaciones implicadas, para que la estancia provisional de los extranjeros irregulares en Canarias sea lo más digna y garantista posible.

Canarias, frontera sur de Europa y tierra receptora constante de migrantes ha de contar con los apoyos, recursos e infraestructuras necesarias que permitan el estricto cumplimiento de la ley tanto en el caso de llegada de migrantes adultos, como de menores no acompañados.

Canarias es y será siempre lugar de tránsito y pasarela a un mundo mejor para millones de personas que desde el continente vecino sueñan con pisar alguna vez suelo europeo. Es deber del Estado español asumir esta realidad como una constante ni transitoria ni coyuntural, y establecer los medios necesarios para el correcto papel protagonista que este Archipiélago tiene en el presente y mantendrá con toda seguridad en el futuro.

Por ello proponemos avanzar en líneas de trabajo entre administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, que permitan desarrollar acciones facilitadoras de la acogida, inclusión e integración social, con el objetivo de conseguir un grado de protección social suficiente que permita el desarrollo personal hasta que se resuelva su situación jurídica.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Instar al Gobierno de Canarias a reclamar al Estado el desarrollo de políticas y ayudas al desarrollo y cooperación, destinada a los países de origen de la inmigración irregular hacia las costas españolas, aumentando para ello los fondos públicos de cooperación al desarrollo hasta el 0,7% tal, como recomienda la ONU para promover el desarrollo de las personas y sus comunidades y evitar con ello los desplazamientos forzados.

2. Instar al Gobierno de Canarias a aumentar progresivamente los fondos públicos de cooperación para el desarrollo de la Administración Pública en función de su competencia, hasta el 0,7% como respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

3. Instar al Gobierno de Canarias a fomentar la creación de suficientes dispositivos en las islas de primera acogida que oferten un asesoramiento integral a las personas inmigrantes en situación irregular.

4. Instar al Estado que refuerce la labor de interlocución directa y eficaz con las distintas fuerzas políticas y representantes de las comunidades autónomas que gestionan los efectos del fenómeno migratorio, así como con otras administraciones, organizaciones sociales e instituciones implicadas, para elaborar un Plan conjunto en materia de Inmigración adecuado a las realidades actuales y tendencias futuras de este fenómeno social.

5. Instar al Gobierno de Canarias a fomentar Centros de Acogida respetuosos con los derechos de las personas, que permita configurar un nuevo modelo de gestión de los fenómenos migratorios.

6. Reclamar al Estado la recuperación en los Presupuestos Generales del “Fondo de apoyo a la acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes”, eliminado en el 2012 y destinado a apoyar los programas encaminados a estas políticas de acogida e integración, desarrollados por las comunidades autónomas.

7. Solicitar al Gobierno de España que se aumenten en los Presupuestos Generales del Estado y también a las corporaciones locales las partidas presupuestarias para el desarrollo por entidades sin ánimo de lucro de programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países, con el objetivo de aclarar cuanto antes la situación jurídica de esas personas en España y promover, en su caso, la plena integración de la población extranjera en la sociedad española y su participación política, económica, social y cultural.

8. Instar al Gobierno de Canarias a incidir ante la Administración del Estado y las corporaciones locales en las cuestiones planteadas en los puntos anteriores y a que lidere, en colaboración con las instituciones de la CCAA, insulares y locales y las organizaciones sociales, la elaboración del Plan de Acogida e Integración de Personas Refugiadas e Inmigrantes en la comunidad autónoma canaria.