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TELDEACTUALIDAD
Telde.- Ni Francisco López cometió irregularidad alguna, ni siquiera existe delito. No hay caso ICO. Esa es la tesis que defiende el abogado del que fuera edil de Urbanismo (PP) en la primera parte del mandato 2011-2015. En cambio Más por Telde, denunciante, sostiene lo contrario y ahora ha pedido la imputación de dos funcionarios más.
La argumenta en el escrito de alegaciones que presentó en noviembre pasado en el marco de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, en una pieza separada, para determinar si el Ayuntamiento se ajustó o no a la ley cuando tramitó y pagó dos deudas en 2012 con cargo a un préstamo que le avaló el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de ahí lo de caso ICO, según publica Canarias7 en una información de Gaumet Florido.
Los denunciantes aseguran que el Real Decreto-Ley 4/2012, al que se acogió Telde para saldar aquellas deudas, solo avalaba el abono de facturas por obras, servicios o suministros, y no gastos derivados por sentencias perdidas sobre expropiaciones de suelo, como es el caso de los dos que están sujetos a esta investigación.
Uno de los pagos fue a los herederos de Sebastián Nuez González por unos terrenos en La Herradura, y otro fue a parar a la mercantil Reyal Urbis SL. Por esta pieza están encartados, aparte de Francisco López, el empresario Ambrosio Jiménez, la exalcaldesa María del Carmen Castellano (PP), el actual secretario municipal Ángel Sutil, el exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, el excoordinador municipal de Hacienda, Darío López (PP), y el exinterventor, Enrique Orts.
La representación letrada de Francisco López entiende que ni se ha practicado prueba alguna que ampare la implicación del que fue edil del PP, ni se ha acreditado que cometiera delito alguno. Pero es que tampoco aprecia ilícito penal en las diligencias hasta ahora practicadas. Y para sostener su argumento acude al informe de 23 de agosto de 2012 que emitió la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La conclusión de ese dictamen, subraya el letrado, fue la siguiente: «En consecuencia, este Ministerio ha actuado correctamente al abonar una factura que había sido comunicada en el plazo y forma legalmente establecida por el interventor municipal, a quien le corresponde determinar la inclusión o no de la deuda dentro del ámbito objetivo de la norma». Es decir, recalca el letrado, el informe deja claro que López no tuvo responsabilidad.
Además, en línea con esa tesis recuerda las testificales de dos trabajadores municipales, que también señalaron al entonces interventor, Orts. Es más, precisa su abogado que, para más inri, Francisco López «jamás ha pertenecido al Servicio de Intervención, y no tenía facultades ni competencia en relación con la inclusión de pagos», por lo que no pudo favorecer abono alguno.
MxT ratifica la denuncia contra Orts, Darío López y Castellano
Más por Telde (MxT), denunciante en esta pieza separada, ha pedido a la magistrada que, en este proceso de paso de diligencias previas a pronunciamiento abreviado, impute a dos funcionarios más y ratifica y tipifica los delitos en los que cree que incurrieron los otros tres investigados, Orts, Darío López y Castellano.
Les atribuye prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Entiende acreditado que el exinterventor, el excoordinador de Hacienda y la exalcaldesa «beneficiaron con fondos públicos de manera arbitraria e intencionada» a los herederos de Sebastián Nuez por un importe de 2,6 millones de euros y a Reyal Urbis por 1,1 millones al propiciar que cobraran con cargo al RD 4/2012.
Juan Francisco Artiles, en una intervención en un Pleno de 2012 (Foto TA)
MxT se agarra a un informe del Tribunal de Cuentas, de 23 de diciembre de 2013 y mandado a las Cortes, que certificó que esos pagos no estaban amparados por aquel decreto. Señala que les favorecieron porque ni siquiera los herederos de Nuez solicitaron acogerse y que Reyal Urbis lo hizo a instancias de Darío López. A este último le reprocha MxT que, pese a las advertencias de su portavoz, Juan Francisco Artiles, del Tribunal de Cuentas, del informe de la jurídico de Expropiaciones (septiembre de 2013) y del dictamen del interventor (febrero de 2014) que advertían de la posible ilegalidad de los pagos, el 20 de junio de 2014 propuso al Pleno refinanciar los créditos.
Orts fue, por su parte, quien remitió la información al Ministerio para que hicieran esos dos pagos «sin cumplimentar el preceptivo expediente económico», y dice MxT que lo hizo «introduciendo como facturas de proveedor el número de dos decretos de pago, de 2008 y de 2010, caducados».
Y de Castellano alega que era conocedora de todo, pues no solo permitió los pagos de 2012, sino también la refinanciación.
De estos hechos, advierte MxT, se deriva una responsabilidad civil de 3,8 millones más 853.337 euros de intereses devengados del 1 de junio de 2012 al 31 de octubre de 2018.
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