Caso Faycán: La Audiencia absuelve a los siete acusados y declara al PP responsable civil subsidiario

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El presidente de la Audiencia Provincial y de su Sección Sexta, Emilio Moya Valdés, ha anunciado que los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo han dictado este martes la sentencia del Caso Faycán, asumiendo parcialmente el voto que les hizo llegar el magistrado Salvador Alba, ponente de la misma y que recientemente ha sido suspendendido cautelarmente en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial.

En una nota de prensa en la que se adelanta el sentido del fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias señala que el pronunciamiento de la resolución para los siete acusados que mantuvieron su inocencia hasta el final y que estaban pendientes de la sentencia –los exalcaldes del Partido Popular Francisco Valido y Mari Carmen Castellano, el exjefe de Urbanismo del Consistorio José Luis Mena, que actualmente cumple condena en prisión por el Caso Europa y Caso Alisios; el que fuera secretario político de Ciuca en aquella época, Agustín León; el empresario Domingo Juan Campos, y los funcionarios Juan Felipe Ramos y Emilio Hernández–, es absolutorio para cada uno de ellos.

El PP, culpable como responsable civil subsidiario

Además, el Tribunal condena al Partido Popular como responsable civil subsidiario en la cantidad reclamada por el Ministerio Fiscal.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias precisan que el contenido de la sentencia no se notificará hasta el primer día hábil de septiembre, dado que el mes de agosto es inhábil. Y que se ha optado por adelantar el sentido de la misma por tratarse de un caso de relevancia.

En contra el criterio de la Fiscalía
El fallo del TSJC contradice radicalmente la postura del Ministerio Fiscal, que el pasado doce de marzo, cuando el caso quedó visto para sentencia, solicitó que se diera “una debida respuesta" a "la preocupación del ciudadano" por la corrupción y que, por tanto, se condenara a los siete acusados ahora absueltos a penas que, en todo caso, no superarían los dos años de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, falsificación de documentos, contra el mercado, malversación, fraude y blanqueo de capitales, aplicándoles a todos ellos la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas ya que los hechos se remontan a hace 15 años. 

Esa atenuante también la mantuvo el fiscal para los otros 21 acusados que se conformaron con condenas que tampoco superan los dos años por su participación en esta trama: Enrique Orts, Carmelo Oliva, Francisco Gordillo y su hijo Juan Francisco Gordillo Chamorro, María Eugenia Fernández Torres y su hermano Francisco José, Antonio Nadal Moreno,  Jorge Rodríguez Rodríguez, Pedro Alberto Betancor Díaz, Felipe Ojeda, Abelardo Martínez, Ángel Omar Suárez Suárez, Luz Navarro, José María Gutiérrez Galindo, Candelaria Sánchez Vega, José Luis Sánchez González, Guadalupe López y su marido Salvador Santana, y Víctor Hugo Rosales.

Y es que el fiscal Luis del Río considera probado que tras las elecciones de 2003 varios componentes del gobierno del PP y Ciuca acordaron organizar un sistema para financiar al PP primero y después para enriquecerse los participantes de la trama con el cobro de comisiones ilegales a las empresas para adelantar pagos del Ayuntamiento y adjudicar obras.

Según del Río, para poder actuar como lo hicieron fue determinante la decisión del entonces alcalde Francisco Valido de anular las órdenes de pago de 2003, contar con empresas dispuestas a pagar comisiones y el no disponer de un plan de disposición de fondos al que estaba obligado el Ayuntamiento.

Además, sostiene que fue esencial la actuación del asesor de la concejal María Antonia Torres, Francisco Gordillo, acusado que también reconoció los hechos durante la instrucción y que era el que se ponía en contacto con las empresas para que abonaran las comisiones que después repartía la edil fallecida.

Un sistema para financiar al PP y el enriquecimiento personal

Hay que recordar que en el Caso Faycán se juzga una trama de corrupción político-empresarial urdida en torno al Ayuntamiento de Telde en el mandato 2003-2007, cuando gobernaban en la ciudad el Partido Popular y Ciuca. Esta red, que cobraba comisiones ilegales de hasta un 50 % a cambio de la adjudicación de obras públicas, tenía a la fallecida María Antonia Torres como principal cabecilla.

El caso llegó a la Sala como un macrojuicio con 28 acusados para los que el fiscal anticorrupción Luis del Río pedía inicialmente más de 100 años de cárcel y que repusieran los casi 1,3 millones de euros que el Ministerio Público considera que habían cobrado en sobornos o blanqueado ilegalmente. Pero en la primera de las doce sesiones que finalmente se celebraron (estaban previstas cuarenta jornadas), 20 encartados confesaron su culpabilidad.

A partir de ahí el juicio prosiguió solo contra los otros 8 acusados que mantuvieron su inocencia, Mari Carmen Castellano, Francisco Valido, José Luis Mena, Emilio Hernández, Esteban Cabrera, Juan Felipe Martín, Agustín León, Domingo Juan Campos y el técnico municipal Esteban Cabrera Guerra. No obstante, este último confesaría a la postre que cobró sobornos, reconociendo su culpabilidad tras también pactar con el fiscal una reducción de la pena. Con lo que la lista final de acusados se quedó en siete.