Ojeda defiende el trabajo en Servicios Sociales y achaca los retrasos a las restricciones del Estado

TELDEACTUALIDAD
Telde.- El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde, el nacionalista Diego Ojeda (NC), achaca la demora de la Concejalía a la hora de gestionar las ayudar a los usuarios, retraso que sitúa en poco más de un mes, en las restricciones del Estado y del “durísimo” plan de ajuste al que está sometido el Consistorio.

Minutos antes de que la Red de Solidaridad Popular de Jinámar se concentrara esta mañana a las puertas de la sede principal del Ayuntamiento de Telde, el edil Diego Ojeda intervenía en directo en el programa radiofónico Hoy por Hoy El Drago, que dirige y presenta Evaristo Quintana en Ser Las Palmas.

El responsable de los Servicios Sociales municipales culpaba al ejecutivo estatal de Mariano Rajoy de “disparar” la pobreza y precarizar el empleo con la última reforma laboral.

Asimismo, insistía en que la Institución municipal se encuentra bajo el “acicate de las leyes de Madrid” y de un plan de ajuste “durísimo” que impide la contratación de personal.

“Nosotros, en cuanto a la tardanza, en octubre del año 16 tardábamos 6 meses en que una ayuda llegara a las familias más vulnerables. Pero en este nuevo presupuesto vimos la posibilidad de eliminar la obligación de fiscalizar previamente estas ayudas. Y ahora están tardando en torno a un mes y una semana”, explicaba el concejal. “Debemos seguir mejorando, pero creo que estamos trabajando en esa línea”, apostillaba.

En cuanto a las críticas por derivar a las ONG el reparto de alimentos, Ojeda recalcaba que era la mejor opción. “Existían razones de peso para no mantener la unidad alimentaria”, añadía el edil, al tiempo que enumeraba algunas de ellas: la falta de personal cualificado, de unas instalaciones en condiciones, mala ubicación, etc.

Ahora, después de un trabajo “serio, riguroso y pausado”, se ha mejorado en optimizar los protocolos de estas ONG para reforzar la coordinación con el Ayuntamiento de Telde y también de cara a evitar duplicidades a la hora de entregar las ayudas alimentarias.

El edil también negaba de manera tajante que algunos de estos colectivos obligara a los usuarios a llevar a cabo algún tipo de actividad religiosa como contraprestación. “Nosotros ni les obligamos a rezar ni tampoco a ir a manifestaciones. No obligamos a nada”, apuntaba.

Por último, apuntaba que las certificaciones para el bono social a las que se refiere la Red de Solidaridad Popular de Jinámar competen al Gobierno de Canarias y que en el año 2016 Servicios Sociales registró alrededor de 25.000 intervenciones, y que casi la mitad de los usuarios por aquel entonces, sin poder precisar el dato concreto, residían en el distrito de Jinámar.