TELDEACTUALIDAD
Telde.- La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha eximido al magistrado Salvador Alba de reparto (recibir más recursos para resolver) en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde tiene su plaza.
El juez podrá así dedicarse prácticamente en exclusiva a poner la sentencia del caso Faycán, cuyo juicio presidió desde el 15 de enero hasta el 12 de marzo.
Esta autorización se extiende hasta el 1 de mayo, por lo que la resolución sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde en el mandato 2003-2007, con un total de 28 encartados, se dictará, previsiblemente, antes de esa fecha, según avanza el periódico CanariasAhora.com.
La decisión del órgano de gobierno del alto tribunal canario se produce ante la inminente apertura de juicio oral contra el polémico juez. La magistrada Margarita Varona, instructora de la causa contra Alba en el TSJC, abrió en febrero procedimiento abreviado, el paso previo a la vista oral. En esa resolución, imputa a Alba la comisión de cuatro delitos (prevaricación, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos) en la operación maquinada para perjudicar a Victoria Rosell cuando la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
El auto de apertura de juicio oral activará de forma inmediata la suspensión de Alba como juez, quien presidió el tribunal del Caso Faycán y fue designado ponente de la sentencia.
En esta causa hay 28 encartados, de los cuales 21 han reconocido los hechos y han pactado con la Fiscalía una reducción considerable de penas. Los siete restantes, entre los que se encuentran los exalcaldes de Telde Francisco Valido y María del Carmen Castellano, tampoco ingresarán en prisión, después de que el representante del Ministerio Público rebajara las peticiones de condena a un máximo de dos años de cárcel por concurrir el atenuante “muy cualificado” de dilaciones indebidas.
La Sala presidida por Alba adoptó al principio de la vista una decisión controvertida que, según abogados de las defensas, abre la puerta a solicitar en un futuro recurso ante el Tribunal Supremo la nulidad de actuaciones. El tribunal acordó que los procesados arrepentidos en el Caso Faycán, aquellos que se confesaron autores de los hechos, prestaran declaración como testigos sin dictar formalmente sentencia, una medida “de difícil encaje” en el ordenamiento jurídico español, como calificó entonces el letrado de uno de los acusados. Una hipotética nulidad de las declaraciones de los procesados conformados podría restar valor a otros medios de prueba como la documental o los pinchazos telefónicos.
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