TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado, en primera instancia, un recurso interpuesto por la UTE que iba a ser adjudicataria del servicio de basura, de la que formaba parte Santana Cazorla, y le evita por ahora al Ayuntamiento el pago de 14 millones de euros.
La sentencia, dictada por la magistrada Sagrario Tovar de la Fe, data del 30 de enero de 2018 y desestima el recurso presentado por Hermanos Santana Cazorla SL y por la UTE que formaba esta empresa junto a SUFI SA contra la desestimación, el 5 de julio de 2013 y por parte del Ayuntamiento de Telde, de una responsabilidad patrimonial que le exigían estas entidades por un importe de 14.245.032 euros, según avanza Canarias7.
Los pedía la UTE en concepto de indemnización por la decisión municipal, adoptada el 15 de junio de 2009 y anulada ya por los tribunales, de quitarle la adjudicación del servicio de limpieza viaria, playas y recogida de residuos urbanos de Telde. El gobierno entonces de NC y PSOE que presidió Francisco Santiago adjudicó el contrato al segundo mejor puntuado, FCC.
En esencia, el fallo argumenta la desestimación del recurso en una cuestión formal. Entiende que lo que pretendía la UTE con su demanda era una indemnización por la anulación por sentencia de un acto administrativo que en realidad fue posterior a su reclamación.
Es decir, la sentencia firme que anuló el decreto que le quitaba la adjudicación del servicio data de octubre de 2014, fecha que es posterior a la petición de indemnización que hizo la UTE, que es de 5 de julio de 2013. Este periódico no pudo confirmar ayer si este fallo ha sido recurrido por las dos entidades.
Una sanción como consecuencias
Todo este largo proceso judicial deviene de una decisión adoptada por el gobierno de NC y PSOE en el mandato 2007-2011 de sancionar a la empresa Santana Cazorla con la prohibición de poder contratar obra pública del Ayuntamiento de Telde por un periodo de 5 años. El castigo, respaldado por informes técnicos y jurídicos, se justificó entonces por los «graves incumplimientos » de contrato que aquella administración municipal achacó a Santana Cazorla por la ejecución de las obras de urbanización de la zona de Arauz, un área de expansión urbana de Los Llanos que hoy, 18 años después de que empezaran las obras, siguen inacabadas y sin que los solares hayan podido edificarse.
Como resultado de aquella sanción, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno del 3 de junio de 2009, el alcalde firmó un decreto el 15 de junio de aquel mismo año en el que anulaba otro decreto anterior, del 9 de junio, que elevaba a definitiva la adjudicación provisional que en el concurso convocado para el servicio de la basura había ganado la UTE de la que formaba parte Santana Cazorla. El problema es que los tribunales anularon aquel acuerdo por el que se sancionó a la empresa y también la revocación de la adjudicación. La UTE ha exigido ya que se cumpla el fallo que le da la razón de la adjudicación, pero no se ha resuelto.
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