TELDEACTUALIDAD
Telde.- “Es una Gürtel pequeñita en Telde”. Con esa breve frase definió este martes Juan Fernando López Aguilar la esencia del caso Faycán, que esta semana se ha empezado a juzgar en la Audiencia Provincial de Las Palmas con 28 acusados en el banquillo, de los que 20 se han conformado ya mediante una drástica reducción de petición de condenas a cambio de colaborar con el tribunal.
El exministro de Justicia durante un buen tramo del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cree que Faycán y Gürtel son equiparables en su filosofía porque ambos asuntos, con el Partido Popular como protagonista, tienen que ver con el intento de enriquecimiento de algunos de sus líderes mediante comisiones ilegales captadas desde las instituciones públicas.
En declaraciones a la Cadena Ser, el eurodiputado canario por el PSOE recordó que cuando estalló el Caso Faycán sufrió muchas presiones por parte del PP, que le acusaba directamente de estar detrás de la operación policial, una de las primeras que estalló en Canarias, casi al tiempo del caso Eolo, en el que también se vieron involucrados altos cargos del PP, en esta ocasión vinculados al Gobierno de Canarias. Fue López Aguilar el que creó desde el ministerio varias fiscalías anticorrupción en los puntos más calientes del litoral español, Canarias incluida.
Para el exministro de Justicia resulta perjudicial para la vista oral que la presida el magistrado Salvador Alba, investigado en estos momentos por seis presuntos delitos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el compló que protagonizó para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell, por entonces diputada nacional de Podemos, en combinación con una querella interpuesta por José Manuel Soria, a la sazón también diputado por Las Palmas y ministro de Industria en el Gobierno de Rajoy.
López Aguilar opina que jamás debió haberse nombrado a Alba presidente de este tribunal y ponente de la eventual sentencia y que, en su defecto, el magistrado debió haberse abstenido al existir un riesgo cierto de que se la magistrada que lo investiga, Margarita Varona, abra juicio oral y quede automáticamente suspendido en sus funciones, lo que desembocaría en la nulidad del juicio.
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