Las 'rebajas' de enero menean el Caso Faycán

TELDEACTUALIDAD
Telde.- Doce años después de que el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Telde iniciara su instrucción, allá por el verano de 2005, el Caso Faycán ha llegado este lunes a juicio. Y lo ha hecho tras un tortuoso recorrido judicial que ha propiciado que la mayoría de los acusados puedan beneficiarse de sustanciones rebajas en las penas, con atenuantes  incluídos por las dilaciones indebidas que se han dado durante todo el proceso.

Aún no se habían abierto las puertas en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y en sus alrededores ya se advertía que la de este lunes iba a ser una jornada algo atípica, de gran expectación mediática y cierta tensión entorno a la Sala 15 del edificio, en la cual la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebraría la primera de las sesiones de este macrojuicio por una presunta trama de financiación ilegal y cobro de sobornos en el Ayuntamiento de Telde durante el periodo 2003-2007, cuando el Partido Popular y Ciuca gobernaban en la Ciudad de los Faycanes, sobrenombre del que precisamente toma denominación la causa.

Faycán, blue monday y Gürtel
El tiempo no acompañaba en este tercer lunes de enero, también conocido al otro lado del charco como blue monday (aquí como lunes triste) al considerarse como el día más deprimente del año y que algunos grandes comercios aprovechan para lanzar rebajas. Y así fue para algunos. Una mañana desapacible y agrisada, con lluvia, frío y viento, en la que una camarilla de fotógrafos, cámaras y periodistas hacía guardia en la entrada para captar el paseíllo de los 28 acusados, entre los que se encuentran empresarios, políticos y funcionarios del Consistorio teldense. Unos, amablemente, declinaban hacer declaraciones a los medios, otros, los que más, intentaban pasar lo más desapercibidos posible ante los objetivos y micrófonos.

Los más madrugadores en llegar al complejo judicial de la Avenida Eufemiano Jurado fueron Guadalupe López y su marido, Salvador Santana. Un buen rato después lo harían el exasesor José Luis Sánchez, la exdil Candelaria Sánchez, Francisco Valido o Mari Carmen Castellano, entre otros. Así hasta completar el elenco de encartados.

Uno a uno fueron pasando el control de seguridad y congregándose en los alrededores de la sala. Había quien aprovechaban los minutos previos para saludar, otros para aclarar algunas cuestiones con sus abogados o para intercambiar impresiones con la prensa sobre el devenir del caso. Una espera que la denunciante del caso y también procesada, Luz Navarro Montesdeoca, prefirió pasar sin mezclarse con quienes se sentarían a su lado en el banquillo de acusados.

Pocos minutos después de las 09.45 se abrían las puertas de la sala y abogados, acusados, prensa y público comenzaban a tomar posiciones. En el banquillo predominaban los rostros serios y se percibían muestras de tensión y nerviosismo.

José Luis Mena, el que fuera responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde y que ahora cumple condena por otros dos casos, llegaba desde el centro penitenciario de Juan Grande, esposado y conducido por la Policía Nacional. Se sentó en la segunda fila, junto a Mari Carmen Castellano y a José Luis Sánchez, con quienes se le pudo ver conversando durante la vista oral. En la primera línea, Carmelo Oliva y el exalcalde Francisco Valido también compartían charla.

Coincidencias del destino, a la misma hora en la que comenzaba a juzgarse el Caso Faycán, a unos cuantos miles de kilómetros de allí, en la capital del reino, la Audiencia Nacional celebraba la primera sesión de otro de los grandes presuntos casos de corrupción que han salpicado la política española en los últimos tiempos: la pieza separada de la trama Gürtel en Valencia.

Las ‘rebajas’ de la Fiscalía coincidiendo con el blue monday
La gran sorpresa de la jornada, la primera de las dos que el alto Tribunal había reservado para dilucidar las cuestiones previas, llegó por parte del fiscal Anticorrupción, Luis del Río. Si bien se había filtrado que una parte de los acusados se conformarían con las penas para así obtener notables reducciones, no se esperaba que fueran tantos.

El representante del Ministerio Público modificó el escrito de acusaciones rebajando las peticiones que inicialmente había previsto para 20 de los acusados quienes ahora, tras reconocer los hechos y aplicárseles además el atenuante de dilaciones indebidas, eludirán la cárcel al enfrentarse cada uno de ellos a condenas que no exceden de los 2 años de prisión: Enrique Orts, Carmelo Oliva, Francisco Gordillo y su hijo Juan Francisco Gordillo Chamorro, María Eugenia Fernández Torres y su hermano Francisco José, el directivo de la empresa Cobra Antonio Nadal Moreno,  Jorge Rodríguez Rodríguez, Pedro Alberto Betancor Díaz, Felipe Ojeda, Abelardo Martínez, Ángel Omar Suárez Suárez, Luz Navarro, José María Gutiérrez Galindo, Candelaria Sánchez Vega, José Luis Sánchez González, Guadalupe López y su marido Salvador Santana, y Víctor Hugo Rosales. 

La poesía que brota del Caso Faycán
Este último, comercial de la empresa Iturri, protagonizó dos de las anécdotas de la mañana. Aceptó los hechos a regañadientes, tras mostrarse bastante dubitativo durante algunos segundos.

Luego, en declaraciones a los periodistas, su abogado, Armando Martín, reconocería que la decisión no había sido fácil de tomar y que su representado había aceptado el trato de la Fiscalía “con bastantes reservas”. 

Víctor Hugo, que accedió a responder a algunas cuestiones a los medios, se mostró bastante afectado tras estos doce años. Un tiempo, en el que dijo, ha aflorado su faceta como poeta. De hecho, subió al estrado portando un ejemplar de Anacatábasis del Alma, un poemario que escribió durante la instrucción del Caso Faycán.

De imputados a testigos
Para estos 20 acusados que mostraron su conformidad con los hechos delictivos que ahora les imputa la Fiscalía, Luis del Río solicitó que comparezcan ante el Tribunal en calidad de testigos, no como acusados, y además asistidos por sus letrados.

Una cuestión que generó una gran controversia y contra la que se opusieron la mayoría de las defensas, en especial los abogados Alberto Hawach (que advirtió que podría dar pie a recursos), y Juan Sánchez Limiñana. Ambos enfatizaron en sus intervenciones que se trata una figura que no existe en el ordenamiento jurídico español y que no procede al no haberse dictado aún sentencia condenatoria. Finalmente, y tras un receso de 15 minutos para dirimir esta discrepancia de pareceres, los magistrados decidieron admitir únicamente el que declaren como testigos, sin asistencia letrada. Como así sucederá a partir de este martes, lo que entre otras cuestiones conllevará que penalmente estén obligados a decir la verdad.

Visto para sentencia en poco más de un mes
Al declarar como testigos 20 de los imputados, el calendario de sesiones, se había previsto un total de 40 hasta el próximo 31 de mayo– se vea recortado sustancialmente. Algunos abogados se aventuraban a afirmar que en poco más de un mes puede estar visto para sentencia.

Esto parece despejar una de las incertidumbres que rondaban sobre la causa, el de si se iba a tener que repetir si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias finalmente decide abrir juicio oral contra Salvador Alba, que junto a los también magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo conforma el Tribunal y que además ejerce como presidente en esta causa.

Y es que hay que recordar que se encuentra investigado por el conocido como el Albagate, una serie de grabaciones que sacaron a la luz, presuntamente, una serie de artimañas, grabaciones incluidas, para perjudicar a la jueza Victoria Rosell.

Alba y Vielba, cara a cara
Otra de los acontecimientos que marcaron la sesión fue el ver a Salvador Alba y a Carlos Vielba cara a cara, en el mismo Tribunal. Dos magistrados que, según publica el portal CanariasAhora y se comenta en determinados foros judiciales, no se dirigen la palabra desde que estallara el Albagate.

La llegada del juez instructor, García Sotoca
La última de las curiosidades de la jornada tuvo lugar una vez ya había finalizado la sesión. Casi al mismo tiempo que los acusados y abogados abandonaban el Palacio de la Justicia llegaba a él Javier García García-Sotoca, el magistrado que hace más de doce años comandó la fase de instrucción.

“Aguacates", "mangos" y "papayos” desde este martes
La vista continuará este martes con las pruebas testificales. A petición de la defensa de Mari Carmen Castellano, se invertirá el orden y serán los acusados que han reconocido sus hechos y aceptado el trato del fiscal quienes se suban al estrado y comparezcan como testigos. Se entrará de lleno en la causa y se empezará a hablar de los sobornos que los empresarios pagaban para agilizar el cobro de las facturas o conseguir adjudicaciones: pagos a los que la principal cabecilla de esta trama, la fallecida José Antonia Torres y su círculo de colaboradores se refería como “aguacates”, “mangos” o “papayos”.

A razón de siete por día, mañana lo harán, Enrique Orts, Francisco Gordillo, Carmelo Oliva Bethencourt, María Eugenia Fernández Torres, Francisco Fernández Torres, Antonio Nadal Moreno y Juan Francisco Gordillo Chamorro.
 
El miércoles habrá descanso y el jueves continuarán las declaraciones con Jorge Rodríguez Rodríguez, Alejandro Navarro Miñón, Pedro Antonio Betancor, Felipe Ojeda, Abelardo Martínez y Ángel Omar. El viernes le llegará el turno a Luz Navarro, José Luis Sánchez, Candelaria Sánchez, José María Gutiérrez, Salvador Santana y Guadalupe López.

Relación de penas que el fiscal solicita para los acusados que han confesado los delitos:

1. Enrique Orts. Interventor municipal y viudo de María Antonia Torres, cabecilla de la trama. Acepta un año y cuatro meses de cárcel, una inhabilitación de nueve años y una multa de 5 meses con una cuota diaria de 10 euros por los delitos de prevaricación y cohecho, además del comiso de 25.000 euros. El fiscal solicitaba en su escrito de acusación siete años de cárcel y 22 de inhabilitación.

2. Francisco Gordillo. Asesor de María Antonia Torres. Un año y ocho meses de cárcel, diez años de inhabilitación, una multa de 330.000 euros, otra de cinco meses a razón de diez euros diarios y el comiso de 8.461,18 euros. La Fiscalía pedía en principio dos años de cárcel, doce de inhabilitación y una multa de 660.000 euros por los delitos de prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado, falsedad, malversación y fraude.

3. Carmelo Oliva. Concejal de Hacienda. Cinco años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El acuerdo de conformidad elimina la acusación de cohecho. El escrito de acusación contemplaba seis años de cárcel y 22 de inhabilitación.

4. María Eugenia Fernández. Hija de María Antonia Torres. Será condenada a dos meses de prisión por blanqueo de capitales. Se enfrentaba a una pena de 4 años y tres meses de prisión. La multa se reduce de los 254.000 a los 22.000 euros. El comiso asciende a 69.000 euros.

5. Francisco José Fernández. Hijo de María Antonia Torres. También ha aceptado una pena de dos meses de prisión por blanqueo de capitales frente a los cuatro años y tres meses que se pedían para él en el escrito de acusación. La multa reclamada, de 142.000 euros, se queda en 18.000 y el comiso, en 53.000 euros.

6. Antonio Nadal. Director en Canarias de la constructora Cobra y Moncobra. Un año de cárcel y dos multa, una de 53.000 euros y otra de cuatro meses y 15 días con una cuota diaria de 15 euros. El Ministerio Público había pedido en su escrito de acusación cinco años y tres meses de cárcel, además de una multa de 204.000 euros, por cohecho y delito contra el mercado.

7. Juan Francisco Gordillo. Comercial de Cobra e hijo de Francisco Gordillo, asesor de María Antonia Torres. La pena se reduce de tres a un año de cárcel y de 13.000 euros de multa a una de 6.000 euros y otra de cinco meses con una cuota diaria de diez euros. Acusado por cohecho y delito contra el mercado.

8. Jorge Rodríguez. Técnico del Ayuntamiento de Telde, ya jubilado. El fiscal pedía para él una de las penas más elevadas: diez años y tres meses de cárcel, 24 años de inhabilitación y una multa de 15.000 euros por los delitos de prevaricación, cohecho, delito contra el mercado y falsedad. Finalmente ha quedado en un año y diez meses de prisión, seis de inhabilitación y dos multas: una de 2.000 euros y otra de 8 euros diarios durante cuatro meses.

9. Alejandro Navarro. Director general de la constructora Mazotti. Cohecho y delito contra el mercado. Un año de cárcel y dos multas, una de 90.000 euros y otra de tres meses a razón de ocho euros al día. Se enfrentaba a cuatro años y ocho meses de prisión.

10. Pedro Betancor. Administrador de Cementos Las Torres. Un año de cárcel y multas de 52.000 euros y de 4 meses y 15 días con una cuota diaria de 8 euros. El fiscal solicitaba para él seis años y tres meses de cárcel.

11. Felipe Ojeda. Administrador de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda. Se le pedía siete años y nueve meses de cárcel por cohecho, delito contra el mercado, malversación, falsedad y fraude. Finalmente, la pena se quedará en dos años, otros dos de inhabilitación y dos multas, una de cinco meses con una cuota diaria de 8 euros, y otra de tres meses por la misma cantidad.

12. Abelardo Martínez. Director en Canarias de Dragados. Seis meses de cárcel por cohecho y multa de 15.000 euros. Se enfrentaba a dos años de prisión. 13. Ángel Omar Suárez. Administrador de Planes, Gestión y Construcciones. La Fiscalía pedía seis años y tres meses de cárcel por cohecho y delito contra el mercado. Con el acuerdo de conformidad, se reduce al año y cuatro meses de prisión y una multa de 41.000 euros.

14. Víctor Hugo Rosales. Comercial de Iturri. El acusado que más dudó al reconocer los hechos -delitos de cohecho y contra el mercado-, ha visto reducida su pena de los cuatro años de cárcel a los 6 meses y dos multas, una de 9.000 euros y otra de tres meses con una cuota diaria de 10 euros. 15. Luz Navarro. Representante legal de Servicios Comunitarios de Telde Sociedad Cooperativa. La denunciante del caso, acusada de cohecho, será condenada a seis meses de cárcel, la pena prevista en el escrito del fiscal. Además deberá pagar una multa de 1.500 euros.

16. José Manuel Gutiérrez. Administrador de Preconte. Cohecho y delito contra el mercado. El Ministerio Público pedía para él cinco años y tres meses de cárcel. Con la conformidad, se reduce asta el año de cárcel, una multa de 9.700 euros y otra de cuatro meses y 15 días con una cuota de 10 euros al día.

17. Candelaria Sánchez. Concejal de Aguas, procesada por falsedad. Ve rebajada la pena de los cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación hasta los nueve meses de prisión, una inhabilitación de ocho meses y una multa de 8 euros diarios durante dos meses.

18. José Luis Sánchez. El escrito de acusación pedía para el asesor de María del Carmen Castellano y gerente de la Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad, malversación y fraude. Las dilaciones indebidas y su colaboración con la Justicia dejan la condena en 8 meses de cárcel y tres años de inhabilitación.

19. Guadalupe López. Concejal de Fiestas, acusada de malversación. Los dos años de cárcel y tres de suspensión de cargo o empleo público se reducen y se quedan en ocho meses de prisión, diez de inhabilitación y una multa de dos meses con una cuota diaria de 8 euros.

20. Salvador Santana. Administrador de varias empresas y marido de Guadalupe López. El fiscal pedía para él un año y medio de cárcel por hurto. Finalmente será condenado a cinco meses de prisión.

* El resto de acusados –María del Carmen Castellano, Francisco Valido, José Luis Mena, Emilio Hernández, Esteban Cabrera, Juan Felipe Martín Ramos, Agustín León y Domingo Juan Campos– no han reconocido los hechos que se les imputa e intentarán demostrar su inocencia. La Fiscalía, por lo tanto, mantiene la petición de penas: 

21. María del Carmen Castellano Rodríguez. Concejal de Desarrollo local y presidenta del PP en Telde. Blanqueo de capitales, malversación, falsificación y fraude. Cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación.

22. Francisco Agustín Valido Sánchez. Alcalde: prevaricación y cohecho. Seis años de cárcel y 22 de inhabilitación.

23. José Luis Mena Santana. Jefe de servicio de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde. Falsedad. Cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación.

24. Emilio Hernández López. Técnico municipal. Falsedad. Cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación.

25. Esteban Cabrera Guerra. Técnico municipal. Prevaricación, cohecho, delito contra el mercado, malversación y falsedad. Trece años y nueve meses de cárcel y 32 años de inhabilitación.

26. Juan Felipe Martín Ramos. Funcionario municipal. Prevaricación, cohecho y contra el mercado. Seis años y tres meses de cárcel y 19 años de inhabilitación.

27. Agustín León Suárez. Secretario general de Ciuca. Cohecho y delito contra el mercado. Tres años de cárcel y seis de inhabilitación.

28. Domingo Juan Campos Barreto,. Administrador de Gráficas Atlanta. Cohecho. Cinco años de cárcel.