TELDEACTUALIDAD
Telde.- Podemos de Telde propone en una moción que el Ayuntamiento sancione a la empresa Ralons por el impago de los salarios a las trabajadores de limpieza que prestan servicios en colegios públicos y dependencias municipales.
La formación morada lleva una moción al Pleno denunciado “la situación de precariedad de más de 40 trabajadoras desde hace meses” y propone incluir cláusulas sociales en los procesos de contratación para proteger los derechos laborales.
La concejala del grupo de los no adscritos, Esther González, vinculada a Podemos, defenderá una moción en la próxima sesión corporativa que insta al Consistorio estudiar las posibles sanciones que se puedan aplicar a Ralons Servicios por los “continuos incumplimientos laborales que “han abocado a las más de 40 trabajadoras del servicio de limpieza de centros escolares que gestiona esta empresa, a una situación de terrible precariedad”, según explica.
Y es que, tal y como recuerda la moción, esta plantilla lleva meses sufriendo retrasos en los pagos, “una práctica que se ha convertido en norma, con episodios tan dramáticos como cobrar la nómina de junio en septiembre”, relata el texto.
“Ante esta realidad el Ayuntamiento de Telde no puede mirar a otro lado y debe tomar cartas en el asunto para defender a las personas trabajadoras que están asegurando que se ofrezca un servicio municipal al que está obligado el consistorio, mientras tienen que soportar que sus derechos laborales no sean respetados”, asevera la concejala.
Además, como ahora mismo el servicio de limpieza de los centros escolares de Telde se encuentra sin adjudicación de contrato, Podemos propone que se incluyan cláusulas sociales en este proceso de licitación y en el resto de los procesos de contratación pública, para proteger y fomentar los derechos laborales, “que protejan a los trabajadores y mejoren las condiciones de vida de las personas empleadas por empresas que contraten con el ayuntamiento, cláusulas que vienen avaladas por la nueva legislación de contratación pública”, recuerda González.
“Los poderes públicos deben promover que las empresas que incumplen con la normativa sean sancionadas y proteger a los trabajadores, quienes suelen ser el eslabón más débil de la cadena. Y el Ayuntamiento de Telde no puede ser ajeno a esta realidad”, sentencia.




























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