La Justicia archiva la causa contra tres radios de Telde siete años después de la polémica actuación de la Guardia Civil

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde (antiguo Mixto número 6) ha resuelto el archivo definitivo de las actuaciones llevadas a cabo en julio de 2010 por la entonces titular de este departamento judicial, María de los Ángeles Zabala, contra tres emisoras de radio de esta ciudad, que fueron precintadas y sus titulares detenidos por la Guardia Civil por un presunto delito contra la propiedad intelectual.

El auto judicial, dictado el pasado 7 de septiembre y al que TELDEACTUALIDAD ha tenido acceso, la magistrada María Cecilia López Vázquez razona como causa para el archivo el que los hechos ocurrieron hace más de 7 años y que las diligencias previas abiertas por Zabala estuvieron paralizadas desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 14 de octubre de 2014, “por lo que han transcurrido más de tres años de las actuaciones judiciales”, lo que determina, y así lo hace constar, “la prescripción de los hechos denunciados y el archivo de las actuaciones”.

Según la magistrada, “la prescripción constituye una de las causas legales de extinción de la responsabilidad criminal por el transcurso del tiempo, bien a partir del momento de comisión del hecho delictivo de que se trate hasta la iniciación del correspondiente procedimiento bien por la paralización de éste, durante el periodo de tiempo legalmente establecido”.

Ya en septiembre de 2010, a los pocos meses de la actuación de la Guardia Civil, la Fiscalía del Estado, por medio Antonio Amor, solicitó la anulación y el archivo de la causa que instruía la magistrada María de los Ángeles Zabala, contra tres emisoras del municipio, a los que ordenó precintar y requisar material de emisión en una polémica intervención que llevó a cabo la Guardia Civil. Entonces la misma jueza levantó el precinto y matizó el auto inicial, dando a entender que lo malinterpretó la Guardia Civil.

Cuatro años después, en un escrito de fecha 11 de octubre de 2014 dirigido también al Juzgado de Instrucción número 1, el fiscal José Antonio Díez Rodríguez fundamentaba igulamente el archivo en que “de lo obrante en autos no resulta base probatoria bastante para formular acusación, habida cuenta de que la ausencia de mínima prueba de ánimo de lucro en el desarrollo de la actividad de radiodifusión de la radio municipal”, que emitía con el nombre de Canal Telde, y concluía también que “a la vista de lo actuado no consta interés legítimo de AFV-Ciuca para ejercitar la acción popular en el presente procedimiento”. El partido que lidera el todavía concejal Guillermo Reyes decidió finalmente en noviembre de 2015 retirarse como acusación particular.

La actuación llevada a cabo por efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, a raíz de la denuncia interpuesta en el cuartel del cuerpo armado de Santa María de Guía por un joven vinculado familiarmente a la secretaria política de Ciuca, se saldó con nueve detenidos, todos ellos puestos en libertad a las pocas horas, y también se requisó material informático y electrónico, lo que impidió a las emisoras continuar con sus emisiones. Los arrestados prestaron declaración en las dependencias de la Benemérita durante varias horas antes de ser puestos en libertad. Varios de ellos fueron imputados y posteriormente el entonces alcalde Francisco Santiago y la concejala de Cultura, Almudena Vaquero, por supuesta apropiación indebida.

La entrada de los agentes de la Pafite (Patrulla Fiscal Territorial) de la Benemérita se saldó con la incautación de miles de cedés y el precinto de los equipos de emisión durante unos días. El caso parece ahora llegar a su fin tras siete años de historia en el que no han dejado de sucederse los acontecimientos y durante el cual

han llegado a manifestar su opinión profesionales reconocidos y afectados por el proceso.

Cabe recordarse también que el Ayuntamiento de Telde acordó por unanimidad emprender acciones legales de orden penal, civil y administrativo contra los responsables del “precinto indebido” de la emisora municipal, entendiendo que la acción llevada por la Guardia Civil “vulneró” derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.

El informe de la Asesoría Jurídica establecía que existía una evidente contradicción entre lo solicitado por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, en su oficio de 8 de julio de 2010 —que incluía la intervención o precinto de cuantos aparatos se estén utilizando en la comisión del delito para la emisión y retransmisión de la obra y grabaciones— y lo acordado en el auto de 14 de julio de 2010, donde se aclara que «no se limita de ninguna forma» la emisión o radiodifusión de cualquier otro contenido que no esté protegido por la propiedad intelectual.

La querella contra la jueza Zabala fue admitida a trámite y tuvo que declarar como imputada por "prevaricación judicial continuada" y un delito contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias observó indicios de antijuricidad en el proceder de la magistrada, la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó la causa contra ella.

En junio de 2016, la misma magistrada María Celia López ya decretó el archivo y sobreseimiento de la causa iniciada por la jueza Zabala contra las tres radios de Telde, referido a los imputados de la emisora municipal. Ahora lo hace en referencia a los profesionales de Radio Cibelio que vieron implicados en el proceso judicial.

El abundante material que fue requisado a las emisoras aún no ha sido devuelto a sus  propietarios, pese que lo han solicitado en varias ocasiones al juzgado que instruyó la causa, según ha podido saber TELDEACTUALIDAD.