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Imagen del encuentro con el secretario de Estado (Foto TA) Imagen del encuentro con el secretario de Estado (Foto TA)

El Estado niega una quita de deuda a Telde aunque estudia una carencia en los créditos ICO

La alcaldesa pide al Gobierno central que ceda temporalmente funcionarios al Ayuntamiento

Dojeda Viernes, 30 de Junio de 2017 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- La alcaldesa Carmen Hernández dio cuenta este viernes al Pleno de Telde de la reunión que el pasado 7 de junio mantuvo en Madrid, junto al diputado Pedro Quevedo (NC), con el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Alberto Nadal.

 

Un encuentro en la que la primera regidora municipal trasladó al alto cargo ministerial la complicada situación económico-financiera por la que atraviesa la cuarta ciudad de Canarias, con una deuda que supera los 150 millones de euros y que, se estima, podría alcanzar la peligrosa cifra de los 200 millones, de la cual la nada despreciable cantidad de 100 millones corresponde a obligaciones pendientes con los bancos por créditos como los dos últimos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

 

Por pedir que no quede

La alcaldesa de Telde pidió fórmulas para flexibilizar estos pagos y, pese a que ya sospechaba que el Ministerio le iba a dar un no por respuesta, una de las medidas que puso sobre la mesa fue una quita de deuda. Según argumentó Hernández ante el Pleno, hay motivos más que suficientes para que el Consistorio se pudiera beneficiar de este mecanismo extraordinario. Si ya se ha hecho una quita de deuda a los bancos, ¿Por qué no se puede hacer con Ayuntamientos como el de Telde?, vino a decir la mandataria local.

 

Otras de las opciones que Carmen Hernández planteó al secretario de Estado fue que se concediera una excepción a Telde para que el pago de las sentencias y sus intereses no computen dentro del techo de gasto y que así el Consistorio pueda destinar más recursos económicos a amortizar este débito sin que con ello incumpla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Planteamiento que, en principio, también desechó el Ministerio dado que entrañaría un cambio en dicha Ley, aprobada en los compases iniciales del primer mandato de Mariano Rajoy y que ha sido una de las piedras angulares de la política económica del Ejecutivo nacional.

 

La moratoria, la fórmula que más gusta en Madrid

Una tercera vía que se exploró en esta reunión bilateral fue la de conceder a Telde un periodo carencia o moratoria por varios años en el pago a los bancos de los dos créditos ICO. Se reestructuraría la deuda y, durante un tiempo, los fondos destinados a este menester se aprovecharían para ir afrontando las sentencias firmes.

 

Esto permitiría al Ayuntamiento de Telde un ahorro económico sustancial, ya que los créditos ICO, avalados por el Estado, ofrecen unas condiciones muy ventajosas, con tasas de intereses que en ocasiones no superan el 1 %, frente a los que se abonan por las condenas judiciales que alcanzan al 10 %, según precisó la alcaldesa.

 

Esta solución fue precisamente la que más gustó al representante ministerial, según detalló Hernández. Y desde Telde también se aplaude ya que permitiría cumplir con tres objetivos: dar curso al mandato de los juzgados, saldar deudas con los proveedores y ahorrar dinero en intereses.

 

Que el Estado 'preste' funcionarios Telde

Carmen Hernández también aprovechó la visita a la capital de España para exponer la "necesidad urgente" que tiene el Consistorio local de reforzarse en materia de Recursos Humanos, especialmente en áreas estratégicas como lo son Tesorería o Intervención.

 

En esta línea, la alcaldesa pidió al secretario de Estado que el Gobierno central ceda, mediante convenios, funcionarios a la Institución municipal, ya que por ley las convocatorias púbicas de empleo se encuentran congeladas en el caso de Telde salvo para casos como el de la Policía Local.

 

Con la incorporación de este nuevo personal, dijo la mandataria, se agilizarían las tareas administrativas y se reduciría el periodo medio de pago a proveedores, una de las cuestiones que siempre ha estado bajo la lupa del Estado.

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