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Imagen de archivo de la Junta de Gobierno en la que se tomó el acuerdo anulado por la Justicia (Foto TA) Imagen de archivo de la Junta de Gobierno en la que se tomó el acuerdo anulado por la Justicia (Foto TA)

La alcaldesa tendrá que cesar a todos los asesores y nombrarlos de nuevo

La sentencia que anuló el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 junio de 2016 es ya firme al no apelar el Ayuntamiento por dejadez del abogado externo

Cojeda19 Viernes, 17 de Febrero de 2017 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas, que anuló el acuerdo por el que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde determinó, el 23 de junio de 2015, el número y el régimen de los asesores y del personal eventual para el actual mandato, es ya firme, por lo que la alcaldesa Carmen Hernández tendrá que cesarlos y nombrarlos automáticamente de nuevo.

 

Así lo acaba de anunciar, hace apenas unos minutos, la primera mandataria municipal que informó de que el próximo lunes firmará los decretos de cese de todos los asesores, incluidos los seis secretarios políticos de los grupos del Gobierno y de la oposición, y luego volverá a nombrarlos de nuevo, de acuerdo con lo que fija el procedimiento legal para la designación de este personal eventual.

 

Hernández convocó una reunión urgente de la Junta de Portavoces para informar a las fuerzas de la oposición de que el fallo judicial era ya definitivo y también sobre las medidas que adoptará para restablecer en sus puestos a los actuales cargos de confianza, incluidos los seis secretarios políticos.

 

No se apeló por dejación del abogado
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Telde no se presentó en su día a la vista oral en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas y tampoco recurrió en apelación el fallo que anulaba el acuerdo de la Junta de Gobierno.


La alcaldesa informó de que, tras conocerse la sentencia en diciembre último, se nombró a un abogado externo, especialista en litigios laborales y de carácter contencioso-administrativo que ya había llevado otros casos al Ayuntamiento, pero que, en esta ocasión, no formuló el escrito de apelación en el plazo de 15 días previsto legalmente para ello.  Esta dejadez del letrado motivará una denuncia del Consistorio ante el Colegio de Abogados de Las Palmas y no se descarta incluso con demandarle por su actitud, además de prescindir para siempre de sus servicios.

 

Junta de Gobierno Local extraordinaria
Hernández dijo también que el acuerdo de los nuevos nombramientos de los asesores se tomarán el próximo lunes en una Junta de Gobierno Local de carácter extraordinario y para evitar problemas legales no se les atribuirá funciones concretas.

 

Además, dicha resolución se acompañará con un informe del director general de Recursos Humanos que acreditará, en virtud de la ley reguladora del Bases del Régimen Local, que este órgano tiene potestad para determinar el número y régimen del personal eventual, y no el Pleno, como se argumentaba en la sentencia no recurrida.

 

Sin efecto retroactivo
La sentencia de la que el próximo lunes tomará conocimiento la Junta de Gobierno Local, convocada para las 11.00 horas, no tiene carácter retroactivo, por lo que no repercutirá, más allá de en el plano administrativo, sobre las condiciones profesionales del personal eventual. De hecho, la alcaldesa tiene previsto cesarlos y volverlos a nombrar en un mismo acto, en aras de que no pierdan ninguno de sus derecho laborales como trabajadores del Consistorio.

 

Sin defensa jurídica
Cabe recordarse que en virtud de aquel acuerdo, ahora dejado sin efecto por la Justicia, la primera edila procedió en junio de 2015 al nombramiento de las personas que ocupan desde entonces estas plazas. 


Según el fallo judicial avanzado por TELDEACTUALIDAD, el Consistorio no compareció en la vista oral para ejercer su derecho de defensa.

 

La sentencia, con fecha del pasado 16 de diciembre de 2016 y firmada por la jueza María Olimpia del Rosario Palenzuela, estimó el recurso presentado por la sección sindical de FSP-UGT contra el citado acuerdo, alegando “incompetencia del órgano decisor, vulneración del procedimiento legalmente establecido y el incumplimiento de la previsión legal sobre desempeño por funcionarios de carrera".

 

Esta resolución fue adoptada en los primeros días del presente mandato, al poco de llegar al poder el Gobierno que entonces conformaban Nueva Canarias, Más por Telde, PSOE y CCD, y por el que se establecía un organigrama con un tope de hasta 19 cargos de confianza (6 secretarios políticos, 1 jefe del gabinete de Alcaldía, 1 jefe de prensa, 1 asesor de prensa, 5 técnicos asesores, 3 asesores de áreas de gobierno y 2 asesores de delegación. Y además de anular este acto administrativo condena al Ayuntamiento de Telde al pago de las costas procesales.

 

La jueza María Olimpia del Rosario recogía en los fundamentos de derecho que la Institución municipal ha reconocido que el acuerdo no se publicó según establecen los causes legales. Además, señala que el fondo del mismo (el número, las características y las retribuciones del personal eventual) es una competencia que le corresponde fijar al Pleno, al principio de cada mandato, y no a la Junta de Gobierno.


La primera Junta de Gobierno del mandato
Aquella Junta de Gobierno Local fue la primera del actual mandato y estuvo presidida por la alcaldesa Carmen Hernández. Además de la primera mandataria, por parte del grupo de Gobierno asistieron a la sesión Juan Francisco Artiles (Más por Telde), Alejandro Ramos (PSOE), Celeste López Medina (Nueva Canarias), Álvaro Monzón (Más por Telde), Gregorio Viera (PSOE), Agustín Arencibia (Nueva Canarias), María Soledad Hernández (PSOE), Marta Hernández (Nueva Canarias) y Juan Martel (CCD). Y como invitados de la oposición, Juan Antonio Peña (UxGC), Mari Carmen Castellano (PP), Gloria Cabrera (CC) y Esther González (no adscritos).

 

Celeste López ejerció de secretaria y también estuvieron presentes como miembros natos el secretario general de la Corporación, Ángel Sutil y la interventora Paloma Goig Alique.

 

Los motivos del sindicato
Desde UGT expusieron en su día que el Gobierno de Telde actuó de forma arbitraria e infringiendo los acuerdos plenarios de aprobación de plantilla, modificando la clasificación y complementos específicos de categorías profesionales, como jefes, técnicos asesores o secretarios políticos. En sus pretensiones no estaba el que se anulara ningún nombramiento o cargo en particular, sino eliminar las categorías de los asesores para así evitar posibles demandas posteriores para reclamar un puesto indefinido.

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