TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Cabildo niega rigor y validez jurídica alguna al documento interno del Gobierno canario que entiende que el procedimiento usado por la institución insular para renovar en 2015 el régimen especial de recogida de viajeros en el aeropuerto eludió el trámite de audiencia a las partes. Atribuye todo a una “deslealtad” de un sector del Gobierno.
Según publica Canarias7, el consejero insular de Transportes, Francisco Trujillo, pone sobre la mesa el articulado de la misma ley a la que precisamente se agarra esa opinión jurídica del Ejecutivo regional para dejar claro que la actuación del Cabildo en este expediente se ha ajustado siempre a lo que obligaba la normativa vigente. Cita el artículo 86 de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que fue modificado por otra ley que entró en vigor el 11 de noviembre de 2014. «El apartado 3, el que regula el trámite para dar continuidad a la declaración del área sensible y que establece que ha de motivarse mediante un estudio socioeconómico, no habla en ningún momento de hay que dar audiencia a las partes». Esa indicación expresa, sin embargo, sí viene recogida en los otros dos apartados de ese mismo artículo, el 1 y el 2, que, según Trujillo, se refieren al acto primero de declaración del área sensible y a la aprobación del reglamento, trámites ambos, aclara el consejero, que datan de 2013, que corrieron de la mano del gobierno anterior en el Cabildo y que, «por cierto, han recibido el aval de 5 fallos judiciales».
Insistió Trujillo que el procedimiento que le tocó adoptar al gobierno del que él forma parte en el Cabildo fue la renovación o la continuidad en 2015 del régimen especial de recogida de viajeros y que la ley vigente, para la consecución de ese trámite, «no dice nada de dar audiencia a nadie». ¿Y por qué dice lo contrario la opinión jurídica emitida por encargo de la Presidencia del Gobierno canario? «Porque lo que busca ese informe, que ni siquiera está firmado, es manipular lo que dice la ley, es absolutamente tendencioso y no se ajusta a derecho», enfatizó.
En todo caso, el consejero no ocultó su malestar por la «deslealtad» con la que ha actuado «un sector del Gobierno canario», el vinculado a CC (el ejecutivo está en manos de una alianza entre CC y PSOE). Apunta que esta opinión jurídica se redactó a raíz de la información que sobre este expediente le pidió al Cabildo la consejería regional de Presidencia, en manos de Aarón Afonso, y que la consejería que preside Trujillo le hizo llegar el 27 de abril de 2016 «de forma leal y rigurosa, por el cauce formal e institucional». En cambio, se queja, este documento llegó a sus manos de forma oficiosa el 26 de octubre. «A día de hoy el Cabildo no tiene constancia oficial de este texto».
Con todo, insiste en su disposición al diálogo con el sector y recuerda que en el decreto de renovación del área sensible abrió la puerta a la fijación de cupos diarios para los taxistas que usan los transfer. «Han optado por recurrirlo en los tribunales, veremos qué dicen los jueces».
“Es una provocación más del presidente Fernando Clavijo”
El consejero, que forma parte del PSOE, tiene claro que detrás de este informe y de «su filtración» a los colectivos taxistas de Ingenio «está la Presidencia del Gobierno», en manos de CC. «Es una provocación más del presidente Fernando Clavijo, que fomenta la confrontación con el Cabildo de Gran Canaria allí donde puede».
Está molesto porque «el Gobierno no ha sido leal con el Cabildo». Se queja de que Clavijo ha mantenido reuniones con todas las partes implicadas en este expediente del transfer, menos con él. «A mí ni me ha llamado siquiera, y yo iría gustoso a explicarle lo que hemos decidido y por qué». Advierte de como consejero no ha dado «ni un solo paso que no haya estado avalado por informes jurídicos».

























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