La moción de rechazo al reparto del FDCAN se queda sobre la mesa por dudas jurídicas

TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Ayuntamiento de Telde no se alineará con el Cabildo para rechazar oficialmente el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Al menos hoy no. La alcaldesa Carmen Hernández ha decidido finalmente dejar este asunto sobre la mesa debido a las dudas jurídicas que han surgido sobre la idoneidad de abordar este tema en una sesión que tiene carácter extraordinario, convocada expresamente para cumplimentar este trámite y que el Consistorio puede allanarse en una demanda judicial.

La sesión corporativa municipal arrancó a sobre las 9 de la mañana en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales de San Juan sin la presencia de Mari Carmen Castellano (PP) y los cuatro ediles de Más por Telde, que ya habían anunciado que no acudirían a la misma para “no participar en el circo mediático” en el que consideran que se ha convertido el reparto de los fondos del extinto IGTE (Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas), ahora en el FDCAN, por parte del Gobierno de Canarias. Un programa en el que la Institución local aspiraba a captar financiación para llevar a cabo 32 proyectos por un valor total de 13,2 millones de euros.

Además de esta moción auspiciada por Nueva Canarias, Partido Socialista y Ciudadanos de Centro Democrático, que aspiraba a ser institucional, también figuraba previamente en el orden del día el allanamiento del Ayuntamiento de Telde en una demanda judicial que se sustancia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas, asunto por el que precisamente se justificó el carácter urgente de la sesión ante inminente vencimiento de los plazos judiciales.

La formación que lidera Juan Francisco Artiles, MxT, había puesto en duda si la convocatoria del Pleno se ajusta o no a derecho, al entender que el Gobierno de Telde la había justificado con la moción institucional sobre el FDCAN. Una propuesta tildada por este partido de “testimonial” y que de ninguna manera acreditaría la urgencia de la de la reunión corporativa.

Una vez aclarado este punto, el Pleno arrancó pero la alcaldesa Carmen Hernández decidió finalmente que no se debatiera esta moción institucional. El motivo, la controversia jurídica sobre asunto, sobre el que jurisprudencia, dijo la primera edila, "tampoco es clara". No queda del todo manifiesto que en las sesiones extraordinarias se puedan abordar este tipo de mociones y así el reglamento municipal de funcionamiento de la Corporación deriva el tratamiento de las mociones a los plenos ordinarios.

Y para evitar problemas, y como quiera que desde la Secretaría General del Ayuntamiento no fueron determinante a la hora de despetar esta incerdidumbre jurídica, la primera mandataria optó para evitar posibles impugnaciones  que el tema sea  abordado en el Pleno ordinario del mes, que habrá de celebrarse antes de culminar diciembre. "Una pena", en palabras de Carmen Hernández, ya que los tres partidos proponentes –NC, PSOE y CCD– buscaban un pronunciamiento institucional en contra de los criterios que el Gobierno de Canarias ha seguido en el reparto de la línea estratégica 2 del FDCAN, esto es el sistema de la triple paridad. Un eje que aglutina el 75% de los fondos que se distribuyen conforme a este programa, es decir, más de 470 millones de euros entre 2016 y 2019.

Como quiera que se hubiera desarrollado este debate, la moción no hubiera contado con el beneplácito del cuarto socio del Pacto de Telde, Coalición Canaria. Sus dos ediles, Pablo Rodríguez y su compañera de siglas Gloria Cabrera, tenían previsto alinearse con el presidente regional Fernando Clavijo.

Moción de rechazo a los criterios del reparto del FDCAN

El allanamiento de la discordia
Probablemente nunca un allanamiento haya dado para tanto. Más de   60 minutos de largo debate y disputas políticas hicieron falta para que el Pleno aprobara lo que debía ser un trámite formal para que el Ayuntamiento de Telde desistiera de seguir adelante en la defensa del litigio que un particular mantiene ante la manifiesta “inactividad” del Consistorio a la hora de abonar el justiprecio de una parcela situada en la calle de Jack Lewis, en el sector del Balcón de Telde, calificada en el Plan General de Ordenación Urbana de 2002 como equipamiento deportivo.

Un acuerdo que permitiría a la Institución municipal un ahorro sustancial, abonando 117.273 euros frente a los 202.000 euros que pedía el demandante.

Tras salir adelante la urgencia con los 14 votos del grupo de Gobierno y los 2 de los ediles no adscritos vinculados a Podemos, en contra los 4 de Unidos por Gran Canaria, y la abstención de los 2 concejales del Partido Popular presentes, el asunto derivó en un tedioso intercambio dialéctico con marcado contenido político, completamente ajeno al expediente.

La alcaldesa Carmen Hernández explicó que el objetivo fundamental era evitar posibles costas a las arcas municipales, toda vez que la Institución local tiene todo los visos de perder el litigio. La propuesta se fundamentaba en un informe favorable suscrito por el secretario y habilitado nacional Ángel Sutil, a la sazón coordinador de la Asesoría Jurídica, así como en otros dos informes de letrados externos, uno de ellos del asistente jurídico puesto a disposición de la Alcaldía por el Cabildo grancanario durante los últimos seis mese.

Sonsoles Martín, portavoz del PP, defendió que no era necesario traer este allanamiento al Pleno, que hubiera bastado con llevarlo a la sesión ordinaria del pasado mes. Y que en el informe suscrito por Sutil se dejaba bien claro que la alcaldesa Carmen Hernández tenía la potestad de tomar la decisión en solitario.

Esto, para Martín, es un síntoma evidente de que Hernández no confía en su mayoría. Una “inmoralidad”, subrayó, colegiar en el Pleno las decisiones por la “inseguridad jurídica” de la primera autoridad de la ciudad. “Hay que ser valiente para tomar este tipo de decisiones, espetó la portavoz del PP, quien también hizo alusión a la supuesta “desconfianza” de Hernández sobre los concejales del grupo de Gobierno.

Guillermo Reyes, adalid de Unidos por Gran Canaria y que desde hace meses pasa prácticamente inadvertido en las reuniones corporativas, hizo hoy uso de la palabra. Y no precisamente para mostrar su apoyo al grupo de Gobierno, al que acusó de "débil".

Reyes aseveró que este allanamiento “asusta”, porque en temas de Patrimonio Municipal el Ayuntamiento debe defender sus intereses hasta las últimas consecuencias. El líder de UxGC añadió que el propietario de este terreno tiene derecho a cobrar, pero “pasando por lo que hay que pasar”.

En este sentido, precisó que, de prosperar este allanamiento, se estaría cometiendo un agravio comparativo con el resto de personas –que no son pocas– que han pleiteado contra el Consistorio hasta las últimas consecuencias, consiguiendo que la Justicia les reconozca su derecho a percibir las correspondientes indemnizaciones e intereses de demora por expropiaciones urbanísticas.

Para Guillermo Reyes, la alcaldesa Carmen Hernández vuelve a ningunear a su socio, el concejal socialista Alejandro Ramos, responsable de la Asesoría Jurídica, "quien me dijo que no tenía no idea de este expediente". Instó a Hernández a "mimar" a sus socios y puso de relieve que su partido y Nueva Canarias nunca gobernarían juntos.  Y tras recomendar dejar este asunto sobre la mesa, anunció que UxGC tomaría “las acciones necesarias”.

Por último, Celeste López matizó que el expediente iba a abordarse en la anterior sesión plenaria, pero que al alargarse esta no fue posible, y lamentó, una vez más, la actitud obstruccionalista de la oposición