Rodríguez ve en la oposición de NC a la Ley del Suelo su “afán por volver al pasado”

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El vicesecretario nacional de Planificación y Estrategia de Coalición Canaria y diputado autonómico, Pablo Rodríguez, sostuvo este sábado que la oposición del líder de Nueva Canarias en el Parlamento canario, Román Rodríguez, a la Ley del Suelo “responde a intereses partidistas de quién ya habían dicho no, antes incluso de conocer el espíritu de la normativa y de quién –agregó- prefiere seguir mirando al pasado”.

 Como ejemplo puso de manifiesto la escasa afluencia de ciudadanos a la manifestación convocada por NC en Gran Canaria y que “certifica que la ciudadanía da la espalda a convocatorias sustentadas en falacias y mentiras”.

 Rodríguez señaló además, que se están oponiendo a una ley que “blindará aún más los espacios naturales y protegidos y que arrojará luz al planeamiento del Archipiélago y, por tanto, NC está diciendo no al futuro de esta tierra, y también al futuro de los agricultores y ganaderos, entre otros”.

El parlamentario nacionalista aseguró que “en todo caso la normativa está en el trámite parlamentario” y lamentó que NC “haya decidido dar carpetazo al diálogo, al consenso y a la participación que se ha ofrecido para mejorar o hacer aportaciones a la ley porque le resulta más cómodo hacer del enfrentamiento continuo con el Gobierno de Canarias su bandera”.

 En este sentido, insistió “NC miente al afirmar que la normativa permitirá el consume de más suelo porque precisamente lo que hace es justo lo contrario, poner aún más garantías a la protección y conservación de los espacios naturales y protegidos”. Asimismo, manifestó que la nueva ley, que será objeto de debate en el Pleno del Parlamento de Canarias de la próxima semana lo que sí permitirá es simplificar y agilizar la toma de decisiones sobre el suelo ya clasificado según el planeamiento existente, y blindar el resto, por tanto, es absolutamente falso que consuma más suelo”.

Por último, Pablo Rodriguez animó a NC a “que abandone el nonismo en el que está anclado y, al menos por una vez, no se quede al margen del debate sobre una ley que marcará el futuro de Canarias y que ha estado abierta a la participación de agentes sociales, económicos y de la sociedad en general”.

NC aboga por parar la tramitación de la ley del suelo para dar una “oportunidad” al consenso  

Y es que el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, abogó por frenar la tramitación en el Parlamento del Proyecto de Ley del Suelo de Canarias para dar una oportunidad al consenso.

Rodríguez cree que es una temeridad que, con tan poco tiempo, con la división social generada y sin apenas participación, CC y PSOE impongan un cambio tan radical del gobierno del territorio y del medio ambiente. Divididas las posiciones entre los socios del pacto, con una importante contestación social, política y sectorial así como los informes críticos de los cabildos de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria además de los Servicios Jurídicos del Gobierno y el Consejo Consultivo; NC considera que la iniciativa legislativa es un “error que hipotecará” el futuro y el bienestar de las próximas generaciones de canarios.    

El pleno del Parlamento de la próxima semana votará la enmienda a la totalidad presentada por NC. Entre los argumentos que defenderá Román Rodríguez destaca la relativa a la “necesidad que tenemos de darnos una oportunidad para generar un consenso” ante una propuesta que propugna otro modelo de gobierno del territorio y del medio ambiente, basado en el consumo del suelo y de los recursos naturales, según explicó.

El proyecto de ley, continuó, implica una regresión hacia el desarrollismo fracasado de finales del pasado siglo en un territorio “limitado”, una de cuyas principales fuentes de riqueza es la “preservación” de sus recursos naturales. El cambio legislativo, promovido por el proyecto de ley del presidente, Fernando Clavijo, según NC, va en “sentido contrario” del desarrollo sostenible y sus consecuencias “harán peligrar” el futuro económico, social y cultural de Canarias.

Ante esta situación, en opinión de Rodríguez, “no se puede” tramitar y aprobar el proyecto de ley en tan escaso tiempo y mediante la imposición de las mayorías de los socios del pacto. Román Rodríguez apeló además a la fuerte contestación recibida por esta iniciativa en todos los ámbitos de la sociedad y de las administraciones públicas.

Se refería a los informes de la viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo, de los cabildos de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, del Consejo Consultivo de Canarias. A las críticas, añadió, del expresidente del Gobierno, Paulino Rivero y los expresidentes de los cabildos de Lanzarote y El Hierro, Tomás Padrón y Enrique Pérez Parrilla, entre los principales.

También a los centenares de cargos públicos, como Juan Fernando López Aguilar y Santiago Pérez, y las decenas de organizaciones sociales y culturales, como la Fundación César Manrique, los principales sindicatos (UGT y CC OO) y grupos ecologistas (Ben Magec), partidos políticos (Podemos, NC e IUC) así como destacados colegios profesionales como los arquitectos y la COAG.

Román Rodríguez hizo hincapié en que se necesita “tiempo para discutir y consensuar” el cambio de modelo que propugna Clavijo. Un ejemplo contrario y reflejo de calidad democrática, para el presidente de NC se da en el procedimiento seguido en Euskadi con la “revisión, que no supresión, como aquí”, de sus directrices territoriales.  

La primera diferencia, prosiguió, es que se han dado tres años para una revisión, “incomparable con la entidad del proceso y la celeridad impuesta por el Ejecutivo de Clavijo para modificar toda la legislación canaria”, puntualizó.

Román Rodríguez dijo que las autoridades vascas, en ese tiempo, prevén un análisis de la situación, establecen un plan de participación público y después formulan la propuesta inicial de revisión sometida, a continuación, a las alegaciones públicas.

Fernando Clavijo, tal y como recordó, elaboró el proyecto de ley en un despacho, evitó la participación pública salvo para “casos muy concretos e interesados”, provocó la división entre los socios del pacto “aún sin resolver” y el periodo de tiempo para presentar las alegaciones fue “escaso e inversamente proporcional a la densidad” de un proyecto de ley con 408 artículos y 50 disposiciones.