Telde contará con una nueva oficina judicial para agilizar y modernizar la administración

Telde.- El partido judicial de Telde será uno de los ocho de Canarias en los que el Gobierno regional tiene previsto crear una nueva oficina con servicios comunes, unidades procesales de apoyo directo y unidades administrativas. Una medida enmarcada dentro del programa que el Ejecutivo regional maneja para modernizar la Justicia en el Archipiélago entre 2017 y 2020.

 

3,2 millones (ya presupuestados) en el presente año y 11,7 millones a consignar entre 2017 y 2020. Este es el coste total de la estrategia para la modernización de la administración de Justicia en Canarias con el que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno autónomo pretende transformar un servicio público «lento, burocrático y atomizado» –en palabras del propio Ejecutivo– en una maquinaria que satisfaga la resolución de litigios de forma rápida, eficaz y profesional, según publicaba días atrás el periódico Canarias7 en una información del periodista Antonio F. de la Gándara.


 

El Gobierno de Canarias ya tomó conocimiento el pasado 20 de junio del «anteproyecto de Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia» que ya se ha presentado ante los distintos operadores jurídicos en las últimas semanas, y está so- metido a debate público en la página web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del ejecutivo.

 

El proyecto, diseñado partiendo de modelos ya rodados como el catalán, plantea un auténtico rediseño del servicio público a través de seis líneas estratégicas con sus respectivos presupuestos y calendarios de aplicación: Crear una oficina de proyecto de apoyo a la estrategia en una Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con mayores dotaciones de personal; crear un nuevo modelo organizativo de la actividad judicial y fiscal, y desplegar un pro- grama de implementación de las oficinas judiciales y fiscales en los partidos judiciales que cuentan con edificios o instalaciones adecuadas para el nuevo modelo.

 

Igualmente, prevé completar el desarrollo de la aplicación Atlante II como plataforma de servicios y aplicación web que dé soporte al expediente judicial electrónico y facilite la gestión procesal, así como el resto de servicios relacionados con la Justicia (oficinas de asistencia a víctimas, justicia gratuita, archivos judiciales, medicina legal y forense, mediación, gestión de in- formes periciales y de traducción o interpretación) y fomentar la colaboración y cooperación con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, los órganos de gobierno en Canarias de jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia, así como con otros departamentos e instituciones, «para alcanzar los mejores resultados».

 

Finalmente, la estrategia pro- pone aprobar el plan de infraestructuras judiciales 2016-2023 para contar con edificios adaptados al nuevo modelo organizativo de oficina judicial y fiscal, que permita desplegar la segunda fase de la estrategia de modernización (se prevén nuevas sedes judiciales en Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona, La Orotava–Puerto de la Cruz y los Llanos de Aridane).

 

Atomizados. El modelo que busca implantar el Gobierno de Canarias en las sedes judiciales quiere alejarse de las «ineficiencias derivadas del modelo atomizado de oficinas individuales para cada órgano» fomentando los Servicios Comunes Procesales Generales y de Ejecución, que, dice la estrategia, ya han evidenciado un «rendimiento positivo» en los territorios gestionados por el Ministerio de Justicia.


 

Partidos. Los partidos judiciales donde se creará la nueva oficina con Servicios Comunes, Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) y Unidades Administrativas serán San Cristóbal de La Laguna, Arrecife, Arona, Güimar, Guía, Telde, Santa Cruz de La Palma y Las Palmas de Gran Canaria.

 

Tutorizar. El ejecutivo autonómico quiere implantar un «modelo de excelencia profesional» en el servicio público de la Justicia y para ello proyecta seleccionar desde el próximo septiembre «mentores que tutoricen a los funcionarios con menos experiencia y colaboren en la extensión de buenas prácticas». La tutorización se mantendría hasta 2019 o 2020.

 

419 jueces y fiscales: La estrategia detalla las cifras actuales de la Justicia insular: 19 partidos judiciales en siete islas, 198 órganos judiciales, 297 jueces o magistrados, 122 fiscales, 206 letrados de la administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) y 2.436 funcionarios.

 

43% de temporalidad: La Consejería apunta que la tasa de temporalidad del funcionariado fue del 32,56% en 2012 y del 43,12% en 2015 y advierte que este hecho dificulta la gestión de Recursos Humanos, máxime cuando la aprobación de la OPE compete al Ministerio.

 

6.100 abogados: El estudio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad agrega datos de las profesiones satélites de la Justicia. En Canarias trabajan actualmente 6.110 abogados, 523 procuradores, 1.184 graduados sociales, 41 registradores de la propiedad y mercantiles y 97 notarios.

 

Mejor pero más cargada: El gobierno canario compara los marcadores de 2015 de la Justicia nacional con los del servicio en las islas: Las tasas de resolución y de pendencia fueron ligeramente más bajas en las islas, pero las de litigiosidad y congestión fueron notablemente más altas.

 

Justicia electrónica: La estrategia de modernización evidencia hasta que punto fue temerario el anuncio del ministro Catalá del papel 0 para enero pasado. El proyecto tiene fecha de finalización de junio de 2019 (prorrogable a junio de 2020) y comprende hasta el «desarrollo de la firma biométrica».

 

El ‘papel cero’: El camino al papel cero pasa por la firma electrónica, la incorporación de documentación por vía digital, la minuta electrónica, el cargador de expedientes administrativos, el flujo guiado de tramitación procesal, el legajo judicial electrónico y el archivo judicial electrónico.

 

Inversión racional: Desde el Gobierno de Canarias se matiza que todos los proyectos de la estrategia se ejecutarán «de forma consensuada con los operadores jurídicos» y que la inversión se llevará a cabo «de forma moderada, en función del crecimiento económico y del gasto público».