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Guillermo Eugenio y Esther González, ediles afines a Podemos (Foto TA) Guillermo Eugenio y Esther González, ediles afines a Podemos (Foto TA)

Los ediles vinculados a Podemos llevarán una moción al pleno para abrir la Ley del Suelo a la participación ciudadana

Los concejales propondrán también que el Ayuntamiento inste al Gobierno del Estado a abrir oficinas de inmigración en Ceuta y Melilla

PePiTA Viernes, 22 de Julio de 2016 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- Los dos concejales afines a Podemos en el Ayuntamiento de Telde, Guillermo Eugenio y Esther González, llevarán una moción al próximo pleno proponiendo que el Consistorio inste al Gobierno de Canarias a que reabra el periodo de información pública del Anteproyecto de Ley del Suelo por un plazo de seis meses, “tiempo que consideramos necesario para un debate amplio de todos los sectores interesados”.

 

“Y es que, como refleja el texto, cada vez son más los colectivos ciudadanos, organizaciones ecologistas, partidos políticos y sindicatos que reconocen que el Anteproyecto de Ley del Suelo es un retroceso fehaciente en la planificación urbanística y territorial de Canarias, que ya nace viciado desde sus inicios, sin consenso ciudadano y al albor de un documento no participado”, apunta la organización morada en una nota de prensa.

 

Según recoge la moción, la Ley del Suelo que está impulsando el Gobierno de Fernando Clavijo (CC) , retrocede en una planificación sostenible sin las tutelas y supervisión de las administraciones, eliminando la función de control que desempeña la COTMAC; el alcance de la cesión de las competencias de la Comunidad Autónoma a ayuntamientos y cabildos “parece no haberse valorado lo suficiente”, según el juicio que hace una institución tan acreditada como la Fundación César Manrique, y debilita profundamente las garantías de respeto a la legalidad.

 

Podemos, también en el Parlamento de Canarias, se ha posicionado claramente en contra de un texto que según palabras de la portavoz del Grupo parlamentario, Noemí Santana, “hay que rescatar y devolver a la calle”. En esta línea, la moción de los concejales teldenses propone “instar al Gobierno Autónomo a iniciar un debate claro, sosegado y participativo a través del cual se pongan las bases del futuro de las islas en materia de ordenación territorial”. Para ello, deberá “promoverse el conocimiento y difusión a través de los medios públicos, y en la misma proporción, de las posiciones contrarias y favorables al anteproyecto de ley”.

 

Guardias civiles

La otra moción registrada por Podemos para el próximo pleno de la Corporación teldense guarda relación con el archivo de las diligencias abiertas por la muerte de 15 inmigrantes el 6 de junio de 2014 después de la intervención de la Policía y la Guardia Civil. Lo mismo ocurrió en Lanzarote en 2012, cuando una patrullera de la Guardia Civil abordó una patera con el resultado de tres muertos y dos desaparecidos, y tampoco hubo responsabilidades ni administrativas ni penales.

 

Desde hace años las fronteras de Ceuta y Melilla son puntos calientes en la entrada de inmigrantes ilegales. La solución por la que optó el gobierno español –según denuncia la moción- no fue la de abrir una oficina de inmigración en las fronteras de estas dos ciudades, sino que “ha sembrado de alambradas y concertinas la frontera, ha implantado las devoluciones en caliente y ha ordenado a su guardia civil y policía a actuar de forma tan inhumana y en contra de todo derecho hacia las personas, que provocaron la muerte de los 15 inmigrantes”

 

Por todo ello la moción propone instar al Gobierno del Estado a que se depuren responsabilidades administrativas y políticas por las actuaciones de las fuerzas dependientes del Ministro del interior que acabó con la pérdida de 15 vidas humanas, y que, dentro de sus posibilidades, el Ayuntamiento pida recurrir la sentencia tal como ha hecho la acusación popular o unirse a ella. También instar al Gobierno de España a la apertura inmediata en ambas fronteras de una oficina de inmigración, que recoja y tramite todas las peticiones de asilo, así como instar al resto de instituciones canarias -Gobierno de Canarias y Cabildos de Canarias- a “sumarse a la petición de exigir al Gobierno de España la ruptura de los acuerdos de la vergüenza suscritos con Marruecos, que dejan la resolución del problema en manos de un país no democrático que como medida para solucionar el problema utiliza la represión policial y las deportaciones”.

 

 

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