Hernández afirma que el Pacto recaba datos para ver "qué margen de acción hay" ante el nuevo recorte de Hacienda

TELDEACTUALIDAD

Telde.- La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, no ha querido pronunciarse sobre los efectos de la nueva exigencia del Ministerio de Hacienda que obliga al Ayuntamiento a reducir en un 5% los gastos de funcionamiento, un porcentaje que supone un recorte cifrado en 4 millones de euros, tal y como adelantó TELDEACTUALIDAD en su edición de ayer miércoles. La primera regidora optó por la prudencia, aunque admitió la crudeza del informe que llegó a principios de julio al Consistorio. Por ahora, rechaza el despido de personal.

Hernández huyó de especulaciones alarmistas o catastrofistas sobre sus posibles consecuencias. «Prefiero esperar a recabar antes todos los datos para ver qué margen de acción tenemos», puntualizó a Canarias7 y también a TELDEACTUALIDAD. «Hemos pasado el escrito a la interventora municipal y también a nuestros asesores jurídicos para que nos calibren el alcance de estas condiciones y a qué puede afectar».

 Otra vía que no descarta el Gobierno de Telde, a tenor de lo dicho por Carmen Hernández,  es la de abrir un escenario de diálogo con la Subdirección general de Estudios y

Financiación de Entidades Locales, que pertenece a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, para ver qué otras opciones hay.

El Ministerio de Hacienda remitió al Ayuntamiento hace 9 días un informe en el que le afea los incumplimientos del plan de ajuste aprobado en 2014 y le insta a recortar, a la voz de ya, un 5% los gastos de funcionamiento del presupuesto municipal. La magnitud del tajo es de 4 millones de euros.

Según señala Canarias7 en su edición de este jueves, el informe del Ministerio de Hacienda pone contra las cuerdas al Ayuntamiento y a su gobierno y les da un plazo de un mes para tomar las medidas que permitan corregir el rumbo y cumplir con algunas de las acciones a las que Telde se comprometió en su último plan de ajuste, el aprobado en 2014, y que, según Madrid, nunca ejecutó. Ante semejante órdago, la alcaldesa, Carmen Hernández, ha pedido un dictamen a la interventora municipal para que le indique de qué forma y  de dónde se pueden recortar esos 4  millones, aunque ayer había otras fuentes en el gobierno que admitían  que la cifra no estaba clara y que podría ser de 6 millones.

El presupuesto con el que trabaja el gobierno actual de NC, PSOE y CCD es el mismo que le dejó el gobierno anterior de 2015, prorrogado, que ascendía y asciende a 82,204 millones de euros. Madrid insta a que los recortes se apliquen en los llamados gastos de funcionamiento, es decir, en los contemplados dentro del capítulo 1, que tiene que ver con los gastos de Personal, el 2, que afecta a servicios y suministros, y el 4, el de las transferencias de capital. Pero como el presupuesto municipal apenas maneja dinero en el capítulo 4, este ajuste que pide el Gobierno central del PP en funciones podría afectar de lleno al personal del Consistorio

y a los servicios que presta Telde.

Para el capítulo 1, que es el que paga  los salarios de los trabajadores, se contemplaron 28,6 millones de euros en el presupuesto ahora en vigor, y para el capítulo 2, el de bienes y servicios, otros 27,8 millones. Dicho de otro modo, y a falta de que la interventora concrete el impacto de esta vuelta de tuerca económica, la exigencia del ministerio de Cristóbal Montoro puede traer consigo el despido de más trabajadores (ayer ya había fuentes que es eculaban con entre 50 y 70 personas) y el recorte de más servicios públicos. Hay que recordar que ya el Gobierno anterior echó a la calle a  más de 100 empleados, buena parte

de ellos tras el cierre de las tres escuelas infantiles municipales.

La alcaldesa explicó ayer que este informe fue su respuesta a la petición de autorización que le hizo el Ayuntamiento para prorrogar los presupuestos de 2015 o para elaborar unos nuevos. El ministerio les contestó con un informe plagado de condiciones, entre las que figura ese recorte del 5% en los gastos de funcionamiento. Este fue uno de los requisitos que aceptó el gobierno anterior para que Madrid le diese el visto bueno en 2014 a ampliar de 10 a 20 años el plazo de amortización de los créditos ICO de 2012 y 2013.