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Actualizada Miércoles, 25 de Febrero de 2026 a las 12:59:44 horas

Imagen de archivo del empresario Julián Gómez del Castillo (Foto TA) Imagen de archivo del empresario Julián Gómez del Castillo (Foto TA)

Avance: Gómez del Castillo anuncia que recurrirá el fallo judicial que le niega indemnización por La Mareta

El empresario ve "positiva" la apertura de una pieza separada para investigar si hubo falsedad documental en el convenio aprobado por el Pleno

Cojeda2 Jueves, 30 de Junio de 2016 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El empresario Julián Gómez del Castillo, adjudicatario del derecho de superficie de las parcelas municipales P-1 y P-2 de La Mareta, ha desvelado en esta jornada que apelará ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el reciente fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de Las Palmas que le niega cualquier derecho indemnizatorio e insta al Consistorio a formalizarse la cesión de las dos parcelas para que desarrolle sobre ella el proyecto comercial, hotelero y sanitario que presentó en 2013.

 

Tal y como informó TELDEACTUALIDAD, el auto dictado el pasado 14 de junio por la magistrada María Olimpia del Rosario Palenzuela, retrotrae a 2003 este litigio administrativo y judicial al considerar que, como defendía el Ayuntamiento,  ya no hay trabas para que la empresa Parque Comercial y de Ocio La Mareta disfrute de los derechos de superficie de ambos solares, los construya y los explote durante 65 años.

 

Sin embargo, Gómez del Castillo rechaza esta resolución judicial al entender que la posesión de ese suelo por parte del Ayuntamiento “no responde a plena legalidad” y, por lo tanto, “no puede poner a nuestra disposición el derecho de superficie”. Sostiene que el tramité del registro como propiedad municipal de los 6.500 metros que habían sido segregados de la P-1 y vendidos a Ambrosio Jiménez en subasta pública en 2005 por el Gobierno de PP y Ciuca no es legal porque el trámite lo hizo durante el mandato anterior el entonces concejal de Urbanismo y Patrimonio, Francisco López (PP), sin tener poderes para ello.

 

El fallo, que fue acogido con una gran alegría por el Gobierno de Telde y todos los grupos de la oposición, desestima las peticiones del empresario, entre otras una reclamación económica que llegó a superar los 40 millones de euros, e insta al Ayuntamiento a poner los dos solares a disposición de Julián Gómez del Castillo en las mismas condiciones en que estaban cuando ganó el concurso adjudicado el 23 de mayo de 2003.

 

La jueza dictó, además, justo un día después, una providencia en la que ordena requerir al Ayuntamiento de Telde para que dé cumplimiento al auto anterior y otorgue escritura pública sobre los derechos de superficie de esas dos parcelas a favor del empresario Julián Gómez del Castillo. Estos dos solares están situados a uno y otro lado del acceso a La Mareta por la rotonda de las escudillas, donde se ubica el parque de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

 

El auto de este 14 de junio es el resultado del incidente que promovió el empresario sobre la ejecución de la sentencia del TSJC, de 2011, que confirmó otra anterior del juzgado, de 2010, que le daba la razón y anulaba la decisión del gobierno de PP y Ciuca en 2003 de revocarle el concurso. Del Castillo entendía que esa sentencia estaba aún sin ejecutar y lo achacaba a irregularidades cometidas por el propio Ayuntamiento en su intento de devolverle los solares. Así la cosas, en la vista oral del incidente de ejecución del fallo, pidió que se anulasen casi todos los actos del procedimiento.

 

Sin embargo, la magistrada explica que, en realidad, por lo único que el TSJC le dio la razón respecto a que la sentencia no estaba bien ejecutada fue por el hecho de que las dos partes en que quedó dividida en 2005 la parcela P-1 no estaban agrupadas, como  en 2003. Pero el Ayuntamiento aprovechó la vista del 14 de junio para aportar una certificación registral de la reagrupación, que ha sido lo que ha llevado a Olimpia del Rosario a considerar acreditado que ya la parcela P-1 es una sola, de 71.182 metros cuadrados, como estaba en 2003. Por eso razona que no cabe anular procedimiento alguno.

 

"La pieza separada, una resolución positiva"

De otro lado, Gómez del Castillo enjuició, también esta jornada en declaraciones al programa El mostrador de Ezequiel López de Radio Faycán,  que “entra dentro de lo previsto” la decisión de la magistrada Virginia Peña,  del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, de  pedir apoyo  a la Unidad  de Ayuda contra la Corrupción y abrir en la investigación penal de llamado Caso ICO-La Mareta una pieza separada  para determinar si hubo un posible delito de falsedad documental en el convenio firmado en 2012 por el Ayuntamiento de Telde y una empresa del promotor Ambrosio Jiménez.

 

Para el empresario, la resolución de Pena es "positiva" porque la instrucción de esta investigación acumula ya más de tres años. “Está siendo muy lenta y complicada porque hay muchos investigados (antes imputados) y posiblemente habrá algunos más”.

 

“Vamos a ver lo que pasa ahora que el caso adquiere rango nacional con esa petición de ayuda que la jueza tendrá que explicar y razonar”, apuntó, al tiempo que expresaba su deseo de que la solicitud judicial sirva para que la investigación “tome impulse y se acelere y podemos llegar rápido a unas acusaciones definitivas”.

 

Remarcó el empresario que el convenio, en tela de juicio ahora por la Justicia,  es el “núcleo” de su denuncia y que de él se deriva el resto de los delitos imputados a la anterior alcaldesa Mari Carmen Castellano, el exedil Francisco López, el actual secretario Ángel Sutil, el exintervendor Enrique Orts y el funcionario José Luis Mena que cumple cárcel por condena judicial. También declararon como investigado el que fuera coordinador general de Economía y Hacienda, Darío Lópezy el empresario Ambrosio Jiménez.

 

Gómez del Castillo apuntó que en las declaraciones de estos investigados en sede judicial “ninguno” ha negado que el convenio ha sido falsificado y “lo que han hecho es echarse las culpas unos a otros”.

 

En su opinión, la apertura de esta pieza separada puede arrojar luz sobre el autor de la falsificación del documento aprobado por el Pleno y “quien actuó como cooperador necesario o cómplice”.

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