TELDEACTUALIDAD
Telde.- La investigación penal del caso ICO-Mareta sigue su curso. Por lo pronto, y atendiendo a la solicitud de una de las partes, la magistrada que lo instruye, Virginia Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, pedirá apoyo a la Unidad de Ayuda contra la Corrupción que fue creada en 2015. Entre las nuevas diligencias que ha ordenado la magistrada Virginia Peña figura la apertura de una pieza separada para investigar la posible comisión de un delito de falsedad documental en el convenio que firmaron el Ayuntamiento de Telde y la empresa Proyectos Inmobiliarios Las Arenas SL, propiedad del promotor Ambrosio Jiménez, a principios de 2012. Esta decisión la toma también a instancias de una de las partes.
Según avanza el rotativo Canarias7, este equipo técnico, la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción, lo puso en marcha el Consejo General del Poder Judicial y su cometido es el de asistir a los órganos judiciales que «lleven causas por corrupción de especial complejidad». Dado que una de las partes personadas enel caso ICO-Mareta entiende que esta investigación reúne los requisitos para recabar ese apoyo, se lo solicitó a la jueza y esta ha accedido en una providencia del 9 de junio. En esencia, anuncia que el juzgado procederá a la aplicación del correspondiente protocolo de actuación que se pone en marcha en estos casos.
La magistrada trata así de agilizar la instrucción de un proceso que suma en una sola dos causas judiciales en origen distintas, pero con conexiones entre ambas. Una de ellas, la de La Mareta, se abrió por supuestas irregularidades cometidas por el gobierno anterior de PP, Ciuca y CC para recuperar la propiedad de parte de una parcela de esa zona comercial mediante un convenio con el empresario Ambrosio Jiménez, al que se le había vendido en 2005. Y la otra tiene que ver con la vía a la que también el gobierno anterior recurrió para, a través del ICO, abonar a Jiménez 13,2 millones de euros por ese suelo, además de 8,6 millones a Aguas de Telde, más de 3 a dos familias de expropiados, y otros 2,6 a Elecnor, FCC y otros.
Entre las nuevas diligencias que ha ordenado la magistrada Virginia Peña figura la apertura de una pieza separada para investigar la posible comisión de un delito de falsedad documental en el convenio que firmaron el Ayuntamiento de Telde y la empresa Proyectos Inmobiliarios Las Arenas SL, propiedad del promotor Ambrosio Jiménez, a principios de 2012. Esta decisión la toma también a instancias de una de las partes.
En principio, por los datos recabados por este periódico, la jueza ha accedido a esa solicitud ante el anuncio de la existencia de nuevos indicios que probarían la falsificación sobre la que se indaga. Ese convenio estipulaba las condiciones por las que el Ayuntamiento de Telde le compraba a Jiménez la parcela de 6.500 metros de La Mareta que le había vendido en 2005. La investigación sospecha de que el texto de ese convenio que se aprobó en el pleno del 23 de diciembre de 2011 no fue el mismo que el que se llevó a la firma ante notario unos días después, a principios de 2012. La cláusula donde decía que Telde recuperaría la titularidad del solar a la firma del convenio se sustituyó por otra que lo dejaba para cuando Jiménez cobrara la totalidad de lo pactado, varios años después.

























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