Ampliación: Intervención y Tesorería reconocen un 'agujero' de 43 millones fuera de presupuesto

 

En los últimos meses de 2015 fueron los entonces miembros del Gobierno local -entre los que se hallaba Juan Francisco Artiles- los que advirtieron de que en los cajones de la ciudad se podrían agolpar facturas y débitos pendientes y no reconocidos por un importe similar. El PP montó en cólera y negó esas acusaciones, ante lo cual los nacionalistas replicaron avisando de que harían una criba y un estudio detallado. Esos deberes todavía no se han hecho, pero el diagnóstico del paciente que barruntan desde Intervención y Tesorería no es muy halagüeño que digamos: habrá que seguir en la UVI, al menos hasta 2023. Si algo le falta a este Ayuntamiento es dinero. Y mucho.

 

El informe que suscriben Goig y Ortega -al que aún los medios no han tenido acceso directo porque primero se debe remitir al TSJC- pretende servir de sustento para que el Alto Tribunal dé luz verde al dinero que Telde quiere destinar cada año al pago de sentencias por expropiaciones. De paso, ha ejecutado una radiografía y un TAC a la situación económica y financiera de las arcas municipales.

 

Así las cosas, a día de hoy, emana ahora otro dato desgarrador: con la liquidación del ejercicio 2014 se reconoce un saldo de obligaciones pendientes de aplicar a los presupuestos de 43.473.270 euros. En romano paladín, deuda extrapresupuestaria. Desde Intervención se considera que toda deuda que no se presente en el ejercicio de turno en la que estaba prevista debe considerarse como tal. Los populares, por contra, no tienen esa misma percepción.

 

A juicio de López, este saldo puede obedecer a errores en la contabilidad, a que no se hayan seguido los trámites correspondientes y también, evidentemente, a que no se tuviera la pertinente cobertura presupuestaria. Podrían existir cientos de facturas sin respaldo, y por eso ahora, tras quitarse de la mesa la elaboración del farragoso plan de pagos con los expropiados, toca iniciar una criba y, al tiempo, pergeñar los presupuestos de 2016 (actualmente se sobrevive con los de 2015 prorrogados).

 

Pero esto no es todo. Según los indicadores de magnitudes presupuestarias que se reflejan en el susodicho informe, al cierre del año 2014 el remanente de tesorería era de -39,61 millones de euros.

 

“Esto viene a respaldar los datos que dimos en octubre, cuando probamos con documentos que lo que se había aprobado en el Pleno y lo que se había enviado al Estado era diferente. La inventora lo confirma diciendo que 2014 se liquida con un remanente de tesorería negativo, frente a aquellas liquidaciones positivas y superávit -de unos 4 millones-, apuntaba la concejala Celeste López al tiempo que la alcaldesa añadía que “ya habíamos advertido de que -los datos- se maquillaban”.

 

El resto de indicadores que se recogen en este exhaustivo documento siguen dibujando un panorama cuanto menos gris oscuro. La media con la que el Ayuntamiento de Telde atiende sus obligaciones con los proveedores se mantiene por encima del plazo legal. Actualmente se paga a 173 días, frente a los 30 que estipula el plazo legal.

 

Además, a fecha del 31 de diciembre de 2015, la deuda viva de la Institución municipal -aquella a largo plazo con las entidades bancarias- es de 101,8 millones de euros, lo que supone un 126% sobre los recursos ordinarios, superando e incumpliendo el límite máximo del 110 % que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 

Por último, en lo referente al análisis de previsiones, se significa que el Consistorio tiene una deuda pendiente de pago correspondiente a ejercicios ya cerrados de aproximidamente 21 millones de euros. Es decir, deuda reconocida, contabilizada o que incluso puede que ya se encuentre pendiente de pago, pero a la que el Ayuntamiento ahora mismo no puede hacer frente dado que no tiene capacidad para hacerlo de una tacada.

 

A estos 21 millones de euros, también habría que sumar el importe de las facturas recibidas hasta 2015 pero que no están imputadas a presupuesto. Cifra que se estima en unos 9 millones de euros y que tendrá que ir a un reconocimiento extrajudicial de deuda.

 

Según recalcó la primera regidora teldense, otra de las espadas de damocles que atenazan y restringen la capacidad de maniobra de la Institución local son los planes de ajuste que el Ayuntamiento de Telde aprobó en el mandato anterior como requisito para suscribir las dos operaciones extraordinarias de endeudamiento para pagar a proveedores, los llamados créditos ICO: 72,5 millones en 2012 y 17,8 en 2013, ya que el de 44 millones firmado en 2009 ya ha sido saldado.

 

Unos préstamos que, en palabras de Carmen Hernández, conllevaron unos ajustes “durísimos” como la subida del IBI y del IAE, entre otras tasas, recortes en servicios públicos esenciales o el despedido mediante un ERE de 156 trabajadores del servicio de Parques y Jardines, Recogida de Residuos, Escuelas Infantiles y Escuela de Música y cuyas consecuencias seguirán “sufriendo” los teldenses hasta 2032.

 

“Desde el 2015 y hasta el 2032, el Ayuntamiento está obligado a cumplir estos planes de ajuste a raja tabla, y todos los ejercicios presupuestarios están sometidos a informes preceptivos y vinculantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No podemos hacer inversiones en servicio ni en obras que no estén recogidos en estos planes. En el anterior mandato ya decíamos desde la oposición que en la práctica estamos intervenidos”, apuntaba la alcaldesa.

 

Carmen Hernández, clara como siempre, evidenció que el panorama financiero va a estar cuando menos “complicado" en un futuro a corto medio plazo. Se anuncia un rigor en el gasto hasta límites insospechados. Pese a ello, la regidora quiso ver el lado positivo del asunto y barruntó que con su gestión se sentarán las bases para una recuperación económica del Ayuntamiento que necesitará, mínimo, de varios mandatos. Al fin y al cabo, se trata de "no tirar la toalla", máxime cuando aventura que las medidas que ya se han ido ejecutando en estos últimos diez meses irán dando sus frutos, gracias en parte al trabajo desarrollado por los funcionarios y trabajadores municipales, destacó, al tiempo que reiteró su compromiso de no elevar la presión fiscal sobre los ciudadanos con nuevas subidas de impuestos.

 

En el mencionado informe se contempla que el Consistorio "blinda"  gastos obligados para los próximos ejercicios. Sólo en Personal, con una plantilla fija a la que hay que añadir los asesores y cargos de confianza nombrados directamente, se destinarán del orden de 27 millones de euros anuales. Esta cantidad podría fluctuar levemente, con uno o dos millones más al alza en función de las obligaciones de pago con las cotizaciones de la Seguridad Social.

 

Para el pago de la deuda bancaria, que es harina de otro costal, el municipio prevé desembolsar este año 8,8 millones. La cifra también se antoja variable, pues la previsión de 2017 habla de 11.

 

Para pagar sentencias por expropiaciones, los consabidos 4 millones anuales; al tiempo que se ha reservado otro millón de euros para sentencias sobrevenidas e inesperadas. El abono de los servicios básicos y esenciales, ya blindados, motivará la entrega de otros 19 millones a las distintas concesionarias. Y, por último,otros cuatro millones servirán para atender la deuda reconocida de ejercicios anteriores, que asciende a 21 millones.

 

En total, la ciudad, sin hacer nada del otro mundo, tiene ya comprometidos 63 millones de su presupuesto. Este monto quedará protegido. Y con lo poco que quede, se intentará hacer algo.