El G-4 propone un nuevo plan de vivienda y el fomento del alquiler social para combatir la crisis habitacional

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Telde.- Las cuatro grandes urbes de Canarias -Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna- presentan problemas similares de vivienda. Por este motivo, no es de extrañar que sus cuatro ayuntamientos coincidan en las medidas que pueden tomar para atajar una casuística en la que destaca, por encima de todo, el alto número de solicitantes de un hogar en el que vivir. Los concejales responsables de esta área se vieron hoy las caras en San Juan, y entre las medidas que lanzaron al aire resulta significativa la petición de un nuevo plan estatal y regional de Vivienda y el fomento del alquiler social.

La implicación del sector privado, con los bancos y las inmobiliarias a la cabeza, también fue otra de las fórmulas que los ediles barruntaron tras una larga reunión de dos horas y a la que acudieron acompañados de los gerentes de las respectivas empresas municipales de Telde, La Laguna y Santa Cruz; así como del jefe de servicio facultado en el consistorio capitalino grancanario.

La cita, en la que intercambiaron pareceres Carmen Hernández (como munícipe del departamento), Flora Marrero por La Laguna, Javier Doreste por Las Palmas de Gran Canaria y Carmen Delia Alberto por Santa Cruz, sucede en el tiempo a una reunión anterior en la que el 'G-4', el grupo en el que se integran las cuatro localidades más pobladas del archipiélago, se centró en cuestiones de empleo. Una de las asignaturas que tenían pendiente era la conformación de esta mesa específica de trabajo, que en principio debía desarrollarse en La Laguna pero que, por motivos de agenda, se trasladó finalmente a las oficinas municipales situadas frente a la Plaza de San Juan.

El martes que viene volverán a verse las caras en la ciudad de los faycanes, esta vez con los alcaldesa a la cabeza, para abordar las conclusiones alcanzadas hoy a través de un documento abierto. Debate y diálogo parecen ser los mecanismos idóneos para poner fin a un problema que, junto al paro, golpea de forma virulenta a estos enclaves.

Entre el bombardeo de sugerencias, la de promover nuevas políticas en materia de Vivienda recibió un aplauso generalizado, así como las de tirar de creatividad e implantar medidas alternativas. En el horizonte, el fomento del alquiler social, ya que la mayoría de los demandantes no pueden afrontar el coste de un pago convencional. De ahí que se haga necesario la firma de convenios y acuerdos y la promoción de incentivos fiscales.

Las radiografías hasta ahora elaboradas desvelan que van en aumento el número de mujeres con menores a su cargo que optan por solicitar un inmueble para su uso y ocupación. También preocupa que cada vez se incrementen el número de afectados por desahucios que exigen de una respuesta institucional incluso con apenas un par de horas de margen de actuación.

De esta manera, las ocho medidas capitales que se esbozaron fueron las de compartir y consensuar estrategias de trabajo entre los cuatro ayuntamientos; llevar a cabo un diagnóstico por municipios (aunque Telde ya lo tenga) e identificar con ellos los retos; reorientar las políticas de vivienda con creatividad; fomentar el alquiler social; pedir al Gobierno de Canarias y el Estado un nuevo Plan de Vivienda que se centre en el alquiler y en la rehabilitación de casas públicas; incentivar el alquler en el ámbito privado; dinamizar los acuerdos con bancos, inmobiliarias y particulares con medidas concretas, como bien podrían ser la aplicación de incentivos o la firma de convenios con las instituciones locales; y mantener una interlocución directa de los ayuntamientos con los siete cabildos y el Ejecutivo autonómico a través de un foro que sirva como herramienta para compartir ideas y sean los consistorios convenientemente escuchados.

1.139 demandantes de vivienda protegida en Telde

El estudio realizado recientemente por Fomentas contempla que en Telde existían hasta el mes de febrero de 2016 en el mercado libre 1.218 viviendas en venta, 1.078 a través de inmobiliarias y 140 por bancos, 260 en alquiler, a pesar de que hay 7.062 casas censadas como vacías. Asimismo, el documento destaca que existe una oferta de 21 inmuebles para compartir, modalidad esta que va a en aumento tanto en el Estado como en la Comunidad Canaria.

En este momento, añadía aquel informe, en Telde han formalizado su petición de vivienda protegida un total que supera los 2.500 demandantes. De ellos, 891 optan a la promoción pública (885 en régimen de alquiler y 6 en venta, y 248 a la promoción privada (190 en alquiler y 58 en venta). En este aspecto, destaca el número de bajas de oficio practicadas (1.430), seguramente por el desánimo de muchos demandantes reales a renovar su solicitud ante la escasa respuesta a sus demandas.

En cuanto al perfil medio del demandante de promoción pública, este se conforma por una mujer (52%), de 26 a 45 años de edad (70%), solteros (53%), 2-3 menores a su cargo (54%), desempleados (41%) y con una salario de 0 a 650 euros (29%). El demandante de promoción privada se distingue principalmente por disfrutar de un empleo (88.06%) con un sueldo entre 800 y 1.500 euros (71%) y con 0 ahorro (88.15%)

La desesperanza cunde entre los demandantes de vivienda

A juicio de los comparecientes en la rueda de prensa de hoy, se está generando una demanda opaca de viviendas, ya que en el último registro de pisos sociales se han constatado grandes bajadas. Sólo en el caso de Telde, de los 3.500 peticionarios contabilizados en 2012 se han pasado a 2.500.

Pero no es el único que muestra lo que se denomina como 'bajas de oficio'. En Santa Cruz de Tenerife han pasado de 3.833 expedientes a 1.246; y en Las Palmas capital, de 8.000 a cerca de 3.900. La Laguna no ofreció datos de hace cuatro años, pero sí dijo que su demanda orbitaba actualmente en torno a los 3.000 solicitantes.

¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que, según entienden los responsables políticos, la desazón ha cundido entre los aspirantes al ver cómo desde la administración regional apenas se entregaban pisos en los últimos siete años. Se ha perdido la esperanza y los demandantes optan por no renovar su petición al dejar a un lado la presentación periódica del tradicional papeleo. “Es un problema grave porque confunde a los ayuntamientos”, patentizó uno de los ediles que acudió a la rueda de prensa.

Javier Doreste, en representación de la ciudad más grande del archipiélago, advirtió de que estas cuatro urbes no van a tirar la toalla y van a "seguir peleando" para que prevalezca el derecho de la ciudadanía a contar una vivienda digna. Igualmente, reivindicó una mayor cohesión social, al tiempo que Carmen Hernández abogó por enfocar las nuevas políticas en este campo hacia el fomento del alquiler social o los pisos compartidos.

Los últimos datos reflejan que el parque de viviendas vacías está, en buena parte, en manos de particulares, ya que son escasos el número de inmuebles de promoción pública que se encuentran desocupados. Esta apreciación, realizada por varios de los múnicipes, no fue del todo respaldada por la concejala santacrucera de Vivienda.

Algunos datos que se ofrecieron no dejaron lugar a dudas: En Telde, 7.062 casas a la espera de que alguien las llene de vida; en la capital, 29.000. Y en ambos casos, la gran mayoría de propiedad privada.

En todo caso, todos tratan de hacer piña. Hernández puso en valor el encuentro celebrado en la ciudad de los faycanes porque en él se han visto los cuatro muncipios que aglutinan prácticamente a la mitad de la población de las islas. En ellos se registran elevadas tasas de pobreza, paro y demanda de hogares. Imposible evitar que todo confluyera en torno a una reflexión conjunta.

Carmen Delia Alberto, edil en Santa Cruz, quiso sacar pecho y destacó ante los presentes que en materia de Vivienda su consistorio podría sentar cátedra a nivel nacional. Dijo que el fomento del acceso a la misma forma parte de sus ejes fundamentales de trabajo y aseguró que desde 2012 la administración a la que pertenece dispone tanto de un protocolo de intervención inmediata ante desahucios como de una oficina de intermediación.

De la misma forma, apuntó que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha propuestao una modificación de la Ley regional del Suelo para que los consistorios puedan permutar terrenos públicos por casas. Una medida que, según su criterio, serviría para reactivar la bolsa de viviendas.