TELDEACTUALIDAD
Telde.- Pablo Rodríguez, diputado regional y concejal de Telde por Coalición Canaria (CC) ,se asomó este viernes a los micrófonos de Ser Las Palmas para defender la gestión del presidente regional, Fernando Clavijo, en la crisis desatada tras el temporal de octubre. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, acusó al mandatario regional de dejación en la entrega de ayudas. Según Rodríguez, el problema estriba tanto en la fórmula que querían seguir la institución insular y el consistorio teldense como en la falta de informes técnicos de los municipios afectados.
“En octubre, el presidente visitó el municipio y en ella participaron el presidente del Cabildo y la alcaldesa Carmen Hernández. Clavijo les dijo que se iba a comprometer con la situación y que había que buscar una solución para canalizar esa ayuda. Pero tanto públicamente como en privado los dos le trasladaron que lo que pretendían es que el Gobierno canarios aprobase el mismo decreto que ya había dictado tiempo atrás con las lluvias sufridas en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna”, relató el edil, quien agregó que “el presidente les dijo que la fórmula no era la más eficaz, si bien ellos insistieron en la misma medida con un argumento infantil”.
Así las cosas, y según siempre su versión, “a través de ese decreto sólo se han tramitado 29 expedientes, pero de los que sólo siete han sido favorables; y el resto, otros 22, han sido desfavorables”.
El exconcejal de Urbanismo añadió que “aún es más grave ver que, según la Dirección General de Política Social, que es la que se encarga de este asunto hay 27 expedientes de Las Palmas de Gran Canaria y 18 de Telde que esperan por un informe técnico de ambos consistorios. O Morales no tiene toda la información o bien sigue buscando otra brecha donde poder mantener la bronca permanente en la que lleva instalada desde hace unos meses”, remató el munícipe.
Falta de escrituras, otro problema
Por su parte, la viceconsejera regional de Política Social, Isabel Mena, añadió también en la Ser que “las personas que han solicitado esas ayudas no son los propietarios de las viviendas afectadas” y que la línea que mantiene abierta el Gobierno alude a “ayudas específicas para personas, pero no para instituciones. Si no se demuestra que son los titulares de las casas, no se les puede dar”.

























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