Todas las mujeres abortamos. O al menos estamos biológicamente predispuestas para ello. Todas las futuribles madres son también previsibles abortistas.
Es lo que tiene la biología.
Si este hecho sólo sucede en la mujer debería ser exclusivamente ella quien esté capacitada para tomar la decisión. Este axioma debería ser entendido por todos. 
Aún así esta premisa fundamental ha sido históricamente combatida por la derecha y la iglesia, guardianes y rectores de la moral e imbuidos en la creencia de que el cuerpo de la mujer les pertenece y por lo tanto, tienen la autoridad para decir lo que una mujer debe hacer con su cuerpo.
Estos llamados defensores de la vida son los mismos que prefieren que nazcan futuros niños hambrientos o abandonados antes que autorizar un aborto que corrija este desgraciado hecho.
Sobra decir que lo ideal sería que no hubiese abortos y que la anticoncepción fuese gratuita e igualitaria y la educación sexual obligatoria en las escuelas.
Pero esto no es así, aún no, y mientras esta situación no sea revertida habrá que contar con el hecho de que miles de mujeres en el mundo han abortado y seguirán haciéndolo. La cuestión es si queremos que se haga de forma legal o clandestina.
El aborto es también un tema de clase, porque mientras la mujer rica aborta de forma segura y probablemente en secreto, la mujer pobre debe correr con los riesgos, incluso pagándolo con su vida, para poder llevarlo a cabo.
Hoy la sociedad argentina ha sufrido un duro revés al votar en contra los senadores a una ley aprobada por el parlamento, presionados por la derecha y la iglesia católica y la evangelista. La interrupción del embarazo será delito penado con hasta cuatro años de cárcel en una país donde cada minuto y medio aborta una mujer.
Obligar a una mujer a procrear por imperativo legal, someterla a una ley hecha por y para los hombres no es sólo una involución histórica sino un atropello contra los derechos de las mujeres.
Nieves Rodríguez Rivera es profesora de Lengua y Literatura.


























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