Según un artículo escrito por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no hay resultados concluyentes, se establece que hay entre 60 y 70 personas de cada 10.000 que podrían estar afectadas de alguna forma por el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Es una patología muy compleja y de etiología desconocida. En muchas ocasiones, se da asociada, a condiciones, no sólo de salud, sino también ambientales. Sin embargo, se puede concluir que no se han identificado las causas concretas de las personas con TEA.
Lo hasta ahora expuesto son cifras y características, pero que deben implicar acciones con consecuencias directas sobre las necesidades para la mejora de los servicios y programas de intervención.
Hemos expresado en anteriores ocasiones, que según el CERMI, la accesibilidad no consiste solamente en salvar las barreras físicas.
Hay otras barreras invisibles, como las comunicativas, que dificultan la inclusión y el acceso a los servicios públicos de distintos grupos de personas. Es imprescindible desde la administración pública, elaborar un protocolo de normas de mínimos que sea de obligado cumplimiento en la elaboración de planes y directrices que comporten la efectiva transversalidad de la accesibilidad.
Es importante en base a ello y es necesario para las personas con TEA, el impulso del trabajo y actuar en distintas áreas como en educación, en la formación para el empleo, deportes, en el comercio y la industria, en sanidad y en las políticas sociales.
Para que la inclusión en la sociedad sea cada vez más una realidad, desde las administraciones públicas, se debe sensibilizar y además ser un ejemplo, para facilitar el desarrollo de los derechos de las personas con alguna discapacidad, como es el caso del TEA, porque es responsabilidad de todos, garantizar la participación en igualdad de condiciones.
Tal y como se ha aprobado en distintas ocasiones en las diferentes declaraciones institucionales por la accesibilidad, todas las instituciones públicas deben elaborar, de manera transversal, planes, programas y proyectos y desarrollar estrategias y acciones de investigación, sensibilización y formación de su personal público.
También, todo los que desempeñamos cargos de responsabilidad y representatividad de los ciudadanos, debemos comprender de que la existencia de barreras físicas, sociales, cognitivas y de la comunicación, evitan que muchas personas puedan participar y desgraciadamente, estas barreras se encuentran en diferentes ámbitos como culturales, de ocio, deportivos, educativos, laborales, etc.
Existe, además, la Estrategia Española en Trastornos del Espectro Autista, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que establece, que se considera necesario prestar especial atención a una serie de criterios al abordar el desarrollo de las propuestas para la accesibilidad e inclusión de este colectivo, como pueden ser: el respeto y la consideración de la identidad propia y de la dignidad teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad y las características que definen a este colectivo; abordar de manera holística e integral las necesidades; las medidas deben incluir llamadas al cambio social para mejorar, de manera práctica y programada, la transformación social, la igualdad de oportunidades y la inclusión real en la sociedad; Ser conscientes del reconocimiento que merecen las organizaciones sociales de iniciativa social que representan y prestan apoyo a estas personas y a sus familias; Y reconocer y contar con la participación de los equipos profesionales de las organizaciones en la trayectoria vital de las personas con TEA.
Desde las administraciones públicas, las políticas de accesibilidad universal conllevan, además de lo expuesto hasta ahora, la conciencia, el compromiso, la intencionalidad y la sistematización; y de todo esto todavía, falta mucho.
José Miguel Álamo Mendoza es concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y profesor titular de en la ULPGC.


























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