La política contra la pobreza y la exclusión social

Hace pocas semanas hemos conocido que, según un informe de Cáritas, titulado “Economía y personas. Cambiando el foco cambiamos los resultados”, la desigualdad se está "enquistando".

Dicho de otra manera y según el estudio de la OCDE, presentado estos días, en España puede llevar hasta cuatro generaciones que los niños de familias pobres alcancen un nivel de ingresos medios, sin embargo y sin que sirva de consuelo, en la mayorías de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es entre cuatro y cinco descendencias.

Hay dos factores determinante para ello, según este estudio titulado “¿Un ascensor social roto? Cómo promover la movilidad social”. El paro y la calidad de la educación. España sigue teniendo un alto índice de abandono escolar temprano, más del 19 %.

Esta falta de “movilidad social” o “enquistamiento”, es un factor económico importante y no sólo una percepción o datos numéricos fríos y desoladores. Se produce porque no es fácil mejorar el nivel de ingresos, la tasa de desempleo de larga duración que tenemos o la falta de equidad salarial; son indicadores claves de esta situación. Según la OCDE, la movilidad social influye en la productividad económica de un país y en la calidad de vida de sus ciudadanos.

Las repercusiones políticas son significativas, ya que implican un alto riesgo de pérdida de estatus social, reduciendo la satisfacción personal y mermando la cohesión social y la sensación de la gente de que su opinión cuenta. Todo ello, redunda en una desconfianza en el sistema sociopolítico.

Canarias, según el VII informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), es la región con mayor número de personas en esta situación, con un 44,6%, la población total, en nuestro país, es casi de trece millones de personas, un 27,9 %. Para estar en riesgo de pobreza y exclusión social, hay que sufrir uno de los tres factores que se tienen en cuenta según la tasa AROPE, son: pobreza, baja intensidad en el empleo o carencia material severa. Vivir con una renta por debajo de los 684 euros al mes, por unidad familiar, determina la pobreza. No poder pagar los recibos de agua, gas o luz, significa tener una carencia material severa.

Ante todo esto las políticas sociales deben repensarse. La buena gestión de los recursos económicos y humanos son un elemento imprescindible para ir desarrollando soluciones a las personas en diferentes situaciones de emergencia social. Pero no avanzaremos mientras no haya sensibilidad, compromiso y conciencia para entender que cualquiera de nosotros o alguien muy cercano, un día, puede estar en una situación de pobreza y exclusión.

A partir de aquí, la concreción debe ser otro elemento fundamental del sistema. Las ideas generales, para tratar problemas relacionados con la dependencia, la violencia de género, las drogodependencias, las personas sin techo, niños y niñas en desamparo o las normativas frías y en muchos casos sin el adecuado fundamento, en las que el preámbulo contiene muy buenas intenciones; ya hemos comprobado que no han resultado.

Mejor sería organizar los recursos humanos y económicos, optimizar la distribución de competencias como reto indispensable de cara al futuro o establecer acciones para la prevención y producir la inserción y la promoción social. Así evitaríamos las situaciones de pobreza y exclusión, impidiendo este “enquistamiento” y falta de “movilidad social”, que tanta desigualdad está dejando en esta sociedad del siglo XXI.

Pero sobretodo, debemos sentirnos invitados para mirar más cerca. No es posible seguir pensando de forma vaga sobre fórmulas que reducen cada problema al mismo conjunto de reglas generales. También es necesario que escuchemos a las personas que acuden y necesitan a los servicios sociales, para así comprender la lógica de su contexto y sus decisiones. Debemos aceptar los errores sistemáticos que hasta ahora ha habido en la aplicación de las políticas sociales y someterlos a verificaciones prácticas y rigurosas en cada contexto.

Así, lograremos políticas sociales más eficaces y además comprenderemos muchos mejor, por qué las personas llegan a las distintas situaciones que producen pobreza y exclusión social. Desde la política, desde la administración, no es fácil ni difícil, es complicado. Pero hay que pensar en grande, en acciones locales.

José Miguel Álamo Mendoza es concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.