Juicios similares: ‘Gdeim Izik’ y ‘corruptos’ del PP…

Se preguntarán qué tiene que ver el juicio de Gdeim Izik con los juicios de los ‘corruptos del PP’: pues tan solo la ‘distancia en el tiempo’, ya que el primero data de 2010 y los del PP, alguno de 2001 y 2008, 2009, 2011…

Después de que el 26 de diciembre de 2016 se ‘iniciara’ el juicio de Gdeim Izik y se pospusiera por motivos desconocidos ya que se trató de juzgar a los presos políticos saharauis por un Tribunal Militar. El pasado 13 de marzo (de este año) comenzó en Marruecos el proceso judicial a los 25 activistas saharauis de Gdeim Izik en el Tribunal de Primera instancia de Salé. Un juicio que fue aplazado hasta el 8 de mayo y que, por tanto, continúa abierto, pero que se ha convertido en un caso ‘paradigmático’ de la lucha diaria del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación y que, a fecha de hoy, 21 de mayo, sigue abierto.

En primer lugar, porque los delitos que se les imputan se habrían producido presuntamente durante el desalojo por parte de las fuerzas marroquíes del conocido como Campamento de la Dignidad, instalado a las afueras de El Aaiún el campamento de Gdeim Izik congregó entre octubre y noviembre de 2010 a decenas de miles de saharauis (alrededor de 24.000) que exigían respeto por sus derechos sociales y nacionales. Una expresión de dignidad que fue duramente reprimida por el Reino de Marruecos. Y en segundo término, porque el proceso se encuadra dentro de una serie de aplazamientos inexplicables, después de que la primera sentencia contra los 25 activistas ‘pacíficos’ de Gdeim Izik, hace casi siete años, fuera anulada por haber sido dictada por un tribunal militar.

Esto último podría parecer una decisión natural, ya que todos los detenidos son civiles y los presuntos delitos que se les achacan no tienen nada que ver con las estructuras militares del país. Sin embargo, el nivel de represión con el que Marruecos acalla las voces del pueblo saharaui hace que, en la monarquía alauta, nadie se preocupara especialmente de este detalle y aceptaran un juicio militar que acabó en nada gracias a la presión internacional.

Ahora bien, aunque el proceso iniciado a principios de mes se desarrolle esta vez en un tribunal civil, las propias premisas de las que se parte hacen que, de nuevo, estemos ante un juicio sin arreglo alguno al derecho internacional. Uno de los hechos más importantes – y que marcan este caso–  es que se juzgan presuntos delitos cometidos en los territorios saharauis, ocupados por Marruecos desde 1976, lo que hace del Sáhara Occidental sea el último territorio de África aún pendiente de descolonización. Al haberse producido fuera de Marruecos, la legislación internacional marca que, aunque sean juzgados por la autoridad ocupante, deben serlo en su propio territorio. Por tanto, la extraterritorialidad con la que se celebra el juicio es motivo suficiente para que no sea válido. Y, al que esto escribe, es nulo de pleno Derecho…

Aun así, lo más importante es que se está juzgando un delito completamente inverosímil: la muerte de diez agentes de seguridad durante el desalojo del ‘Campamento de la Dignidad’, de los que no existen cuerpos y ni tan siquiera certificados de defunción. Desde el movimiento saharaui se denuncia que las autoridades marroquíes han fabricado un relato para inculpar a los 25 con el único objetivo de descabezar a los movimientos sociales y políticos saharauis. Y a la vista de la farsa en la que se ha convertido el juicio es difícil no compartir su análisis.

Quienes acudimos como observadores y observadoras internacionales, militantes y activistas de organizaciones sociales, políticas, y de defensa de los derechos humanos, fuimos testigos de un proceso sin garantías de justicia. De primeras, no fue fácil llegar, porque las autoridades marroquíes, como siempre, pusieron trabas a las organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Africana, quienes finalmente no pudieron enviar representantes. Además, llegaron hasta el punto de deportar al Juez asturiano Jesús Martín a su llegada al Aeropuerto de Rabat, donde se había desplazado para acudir al juicio, ante el silencio cómplice y vergonzante del Gobierno y las autoridades españolas que no están, muy por la ‘labor’ de colaborar en absoluto.

Una vez en Salé, en cada entrada al Tribunal había policías secretos fotografiándonos, inhibidores en torno al juzgado para cortar cualquier tipo de comunicación o información, provocaciones policiales y hasta personas vestidas de paisano que, sin identificarse, nos pedían ver y fotografiar nuestra documentación.

Pero la parte más violenta de esta farsa estaba dentro del propio tribunal. Allí se presentaron una serie de pruebas inverosímiles, como teléfonos móviles sobre los que no se hizo referencia alguna a la información que contenían y una serie de cuchillos y machetes que parecían recién comprados y que en ningún momento se explicó cuál era su vinculación en cuanto al crimen que era motivo de juicio. Tampoco se presentaron pruebas dactiloscópicas, ni ADN, ni tan siquiera se informó de dónde se habían encontrado.

La única prueba a la que constantemente se hace referencia a lo largo de los interrogatorios es, sin embargo, un vídeo. Un vídeo con imágenes aéreas en las que no se ve la cara de ninguno de los acusados y donde los crímenes en sí mismos parecen completamente fabricados. Es, además, una pieza ya montada y que incluye mensajes tendenciosos en francés, que acusan a los activistas de terroristas, y que, para más inri, lleva varios años ya circulando por YouTube y en las redes sociales de grupos ultranacionalistas marroquíes. ¡Toda una ‘vergüenza’!

A pesar de las repetidas peticiones de los abogados y abogadas defensores de que no se considerara una prueba válida, fue utilizado (de forma ilegal) por el juez y el fiscal repetidamente incluso si no había sido sometida a peritaje ante un origen y contenido más que dudosos.

Los acusados han sido interrogados uno a uno en una sala en la que constantemente estallaban los gritos y en la que el fiscal y el juez no tenían en cuenta las garantías más básicas de ‘dignidad’. Las referencias a instancias anteriores, que habían sido anuladas, son constantes, como lo son las faltas de respeto a unos acusados que mostraron una entereza y fortaleza impresionantes pese a llevar ya siete años encarcelados.

Sus testimonios denotan que las fuerzas marroquíes utilizaron el mismo modus operandi en cada caso. Detenciones fuera del lugar de los hechos y a posteriori, violencia policial y confesiones firmadas bajo ‘tortura’ y sin conocimiento de su contenido. Uno de los relatos más duros fue precisamente el primero, el de Mohammed el Ayubi, el único de los acusados que se encontraba en libertad al inicio del juicio dado su frágil estado de salud, producto de la brutal tortura a la que fue sometido.

El Ayubi es una persona con una ‘identidad de género no normativa’, que relató con frialdad ante el tribunal y pese a las risas de los abogados de la acusación todos los abusos y maltratos físicos, psicológicos y sexuales que había sufrido por parte de las autoridades marroquíes. Después de él, los otros acusados fueron explicando uno a uno historias similares, en las que primero fueron arrestados por las fuerzas ocupantes, conducidos a territorio marroquí, torturados y, finalmente, obligados a firmar una confesión. Sin embargo, la acusación y la Fiscalía no tenían demasiado interés en escuchar sus denuncias, sino que durante los interrogatorios sólo preguntaron por su actividad social y política en los territorios ocupados y sobre la vida en el Campamento de Gdeim Izik.

El caso de Ennaama Asfari es aún más sangrante si cabe, porque el tribunal no ha tenido en cuenta el dictamen del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que tras evaluar su situación emitió una decisión en la que acusa a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

Esta es la manera en la que se ha venido desarrollando el juicio. Un juicio de espaldas a la legalidad internacional, en el que Marruecos trata de dar un ‘barniz de legitimidad’ a la persecución sistemática que hace de los activistas sociales y políticos saharauis. Además, de momento tampoco hay sentencia al haberse aplazado las vistas hasta el 8 de mayo (y que todavía a estas alturas, 21 de mayo, continúa, ya que se prevé se reanude el 5 de junio). La realidad es que son muchos los intereses internacionales que aquí confluyen. Marruecos ha sido recientemente readmitido en la Unión Africana después de un conflicto enquistado por la autodeterminación del pueblo saharaui y, aunque sigue ignorando por todos los medios las resoluciones e intentos de diálogo que se realizan desde este organismo continental, del que es miembro de pleno derecho la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), no puede permitirse sobreactuaciones y condenas que pondrían en peligro su recién obtenida posición.

Por otro lado, en el mes de abril se celebró la reunión del Comité de Seguridad de la ONU en la que se decidirá la renovación de la Minurso, la Misión de Naciones Unidas establecida para la descolonización del territorio saharaui y que fue expulsada por Rabat tras la visita de Ban Ki-Moon a los Campamentos de Tindouf.

Marruecos no quiere emitir una sentencia que enturbie su imagen antes de esta reunión, para la que ya está haciendo un fuerte lobby con el objetivo de que la Minurso desaparezca definitivamente o, al menos, vea sus competencias y capacidad de acción más reducidas de lo que ya están, cosa que no han logrado gracias a que ha tenido que ‘recular’ por cuestiones obvias.

Y mientras Marruecos espera, el Estado español y la Unión Europea miran hacia otro lado. Las autoridades españolas son las responsables finales de la situación del pueblo saharaui como potencia colonizadora de acuerdo a la legislación internacional. Pero no sólo eso, sino que agachan la cabeza constantemente ante las sistemáticas expulsiones de sus ciudadanos y ciudadanas de los territorios ocupados o incluso de la capital marroquí como ha ocurrido en este juicio, y no son capaces de pronunciarse ante las violaciones de derechos fundamentales. Permanece al margen, porque hay muchos ‘intereses creados’ con Marruecos que les hacen ‘comportarse’ de una forma muy ‘desleal’ hacia el pueblo saharaui.

Esto ocurre porque mientras tengamos una política exterior basada en la obtención ilimitada de recursos económicos y en la ‘Europa fortaleza’, nunca seremos capaces de conjugarla con el respeto a los derechos humanos. En el otro extremo, mientras la Unión Europea mantenga unos acuerdos comerciales que arruinan a los pequeños productores y productoras a ambos lados del Estrecho y desarrolle una política migratoria basada en la ‘externalización’ de fronteras, el Estado español seguirá sin asumir su responsabilidad histórica y no trabajará por la autodeterminación del pueblo saharaui y la liberación de todos los presos políticos. ¡Lástima de ‘políticas conjuntas’!

Más bien, al contrario, seguirá manteniendo unas relaciones privilegiadas con Marruecos, que lo convirtieron en el primer país extranjero que visitó el actual Jefe de Estado, y seguirá ignorando al conjunto del pueblo saharaui, que sigue luchando sin descanso por su libertad que, un buen día logrará por ‘medios propios’.

Gritar contra Marruecos, pero apartados de la embajada (Alfonso Lafarga)

“¿Donde están los Derechos Humanos?” y “Marruecos culpable, España responsable” son algunos de los eslóganes que más se pronuncian en las concentraciones pro saharauis y que cada vez se oyen más lejos en la embajada marroquí en Madrid, como ocurrió en la tarde del jueves 18 de mayo de 2017.Por segunda vez, en dos meses, el movimiento solidario con el pueblo saharaui (CEAS-Sáhara) convocó una concentración ante la sede de la representación diplomática de Marruecos en España, en el número 179 de la calle de Serrano de Madrid, para pedir la libertad de los presos políticos saharauis, en este caso la de los 24 reclusos a los que juzga un tribunal marroquí desde el 23 de enero en Salé, cerca de Rabat, en lo que se califica como un “juicio farsa”.

Estos presos, que llevan ya seis años en prisión, fueron condenados en 2013 por un tribunal militar a sentencias de 20 años, a cadena perpetua, juicio que tuvo que ser anulado, en relación con el campamento reivindicativo de Gdeim Izik, desmantelado por las fuerzas de seguridad y el ejército marroquí en noviembre de 2010 a las afueras de El Aaiún, capital de la ex colonia española.

Si el 13 de marzo pasado la concentración fue autorizada frente al número 175, y no el 179, de la calle de Serrano, en esta ocasión no se dejó pasar del 173, desde donde gritos como: “esta embajada esta ensangrentada” o “Marruecos asesina, España patrocina” suenan cada vez más lejos de la representación diplomática.  Los allí congregados, hombres saharauis con la darrah (chilaba) y mujeres con la melhfa, prendas típicas de su pueblo, así como integrantes del movimiento solidario español, insistieron en dar ‘vivas’ a la lucha del pueblo saharaui y en gritar: “Sahara libertad, Polisario vencerá”.

En el comunicado que leyó la abogada saharaui Fatma Elghali, de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE), que asistió recientemente como observadora internacional a varias sesiones en el tribunal de Salé, se recordó que el juicio militar de 2013 fue denunciado por observadores internacionales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por irregularidades en el proceso, falta de garantías para los acusados, ausencia de pruebas incriminatorias y confesiones obtenidas bajo ‘tortura’.

También destacó “la ilegalidad de juzgar en territorio marroquí a ciudadanos saharauis por algo que ocurrió en el Sáhara Occidental”, territorio que como recoge una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “no forma parte del Reino de Marruecos”, por lo que este país no tiene ninguna soberanía sobre él. Pero “el Tribunal marroquí sigue negando la libertad provisional para los presos, cuyo único delito ha sido ser saharauis y defender los derechos de su pueblo en su propio territorio”, pueblo que lleva más de 40 años luchando por volver a su tierra y que se celebre el referéndum de autodeterminación para poder decidir libremente su futuro.

Se dijo, también, que “Marruecos demuestra una vez más que su única razón es la fuerza” y que utiliza los tribunales para vulnerar los derechos de la población saharaui,  que lucha “contra la ilegal ocupación de su país”.

Tan solo un apunte para terminar el tema de Gdeim Izik y decir que le mandaría un recadito a Mohamed VI: ¿Le gustaría a su alteza que algún país le bajara los humos y sintiera en sus propias carnes el desprecio y la venganza haciendo gala de la fuerza y ocupando e invadiendo su país? Pues reza un dicho que: “lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tú a los demás…”

Y finalizo mi artículo haciendo un breve inciso en los juicios que tienen al PP en ascuas y que lo están pasando francamente mal, debido a que, en el pasado, hubieron muchas manos negras que ensuciaron el buen nombre del partido que ahora está en el poder y que seguirá gobernando (si ni Podemos ni Ciudadanos se empecinan en seguir mareando la perdiz y el PSOE vuelve a ser el partido hegemónico que siempre fue), si no se pierden mucho los jueces con tanta corrupción y se aclaran todos los casos delictivos y que pague todo aquel que haya metido la mano en la caja pública, para que España siga prosperando…

PD.: Pido disculpas, anticipadas, por las fechas del juicio Gdeim Izik ya que han sido modificadas en varias ocasiones (siempre interrupciones por parte del gobierno marroquí ya que todo comenzó allá por 2013 pero hasta nuestros días han ido bloqueando el juicio por propio interés), y quizá mi relato no sea todo lo exacto que el tema requiere.

Francisco Javier Burón Monís es vecino de Telde.