La autocrítica es una posibilidad de conocimiento de uno mismo a través de sus actos y pensamientos, razonamientos o sinsentidos. Cuando se trata de personas que tienen poder, porque son empresarios de éxito con miles de empleados y capacidad para mover grandes cantidades de capital; o son políticos que lideran formaciones que también mueven a millones de seres humanos, estamos ante un ejercicio sano y útil si se quiere estar a bien con uno mismo.
Viene esta entrada por las declaraciones del propietario de una importante empresa de hostelería, en las que reconocía, de una forma taxativa, que existe explotación en el sector, dejando ejemplos meridianamente claros. En estos asuntos hay que ser muy cautos, porque puede que obedezca a una maniobra en la oscuridad de los asuntos turbios de las empresas, lanzando misiles/tuiter de largo alcance -hasta Punta Cana-, por controlar las posibilidades de crecimiento y rentabilidad de las compañías. Pero no es oro todo lo que reluce, y si hace unos años se criticó de manera firme a multinacionales con una fachada de bondad que todos se creían, ahora ha tocado a España y están saliendo a la luz las maquinaciones de sociedades que parecen un pozo de agua calma, pero que a poco que remuevas la turbiedad no deja ver ni la superficie ni el fondo.
En el parlamento español se vota cuál es el “subsidio” mínimo interprofesional, elevándolo a 700 euros: o sea que sus señorías cobran tres mil euros y ellos son los que discuten cuanto tiene que tener una familia para llegar a fin de mes sin comprarse un móvil nuevo. ¿Cómo es posible que haya personas que cobran menos que ese salario trabajando más horas? ¿Cómo es posible que una familia llegué a fin de mes con ochocientos euros que es lo normal? Hay dos puntos sobre esto: unos que dicen que trabajan media jornada, cuestión que no es cierta; y otra porque si abres la boca vas a la calle directamente y legalmente según las leyes en vigor de los populares.
Lo impresentable, lo indignante es que muchos financieros paguen lo que están pagando a sabiendas de que es imposible que se viva con ese sueldo y esas horas que no se pagan, por ley, y que encima no existan interlocutores válidos para que los mercaderes se ajusten más a la realidad social de un estado que hace aguas en sus políticas sociales.
Puede que la ley dicte, -que lo hace- cuánto debe cobrar un ser humano, cómo debe ser la atención médica o qué educación ha de recibir según su condición económica; también decidir es que casas van a residir y cómo alimentar a sus hijos, si en tiendas donde compras cien panes con un euro o de cómo tiene que consumir su ocio.
Y por estas fechas otra vez la consabida rifa para recaudar fondos para los pobres, que los hay; ahí es donde los pudientes se sienten honrados y buenas personas, cuando han dedicado un día de su vida a los más necesitados y pueden llevar la felicidad de una jornada a unos niños y niñas sin afecto. Y es la beneficencia, esa entelequia intelectual, tan propia de países donde a falta de coberturas sociales, se dejan caer las migajas que juntas harán una cena.
Son las leyes que rigen, las que han aprobado los legisladores y los empresarios se han acogido a ellas sin recato, aun pidiendo más flexibilidad para los despidos. Puede que no estén al tanto de cómo se malvive por ahí, pero lo que está claro que lo que es legal en estos momentos es una de las mayores inmoralidades de los últimos años. Y sobrecoge la gente con poder económico, de misa diaria y rosario, y que aún así se declaran cristianos.
Sergio Domínguez-Jaén es poeta y escritor.


























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