Un juez en apuros (XVII)

Conocidas las acusaciones y las defensas que hacen cada uno de los cuatro protagonistas de esta historia rocambolesca, y conocidos los abogados de los que se valen cada parte para defender sus acusaciones o defensas, queda en manos de la justicia actuar como tal, sin partidismos ni subjetividades. En la justicia debemos creer.

 

El exministro José Manuel Soria mantiene una guerra histórica contra Carlos Sosa, cabeza visible de Canarias Ahora; guerra que después amplió contra la pareja sentimental de éste, la magistrada Victoria Rosell, en cuanto ésta decidió meterse en política en el año 2015 con Podemos para presentarse como cabeza de lista por la provincia de Las Palmas de la candidatura al Congreso de los Diputados.

 

No se encuentra explicaciones lógicas que justifiquen la intervención y posicionamiento del magistrado Salvador Alba Mesa a favor de José Manuel Soria en esta guerra. Una vez descubiertas las irregularidades de la reunión (celebrada el día 16 de marzo de 2016) que mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez, preparatoria de la posterior declaración judicial de éste (celebrada el día 23 de marzo de 2016), la posición judicial del magistrado Alba Mesa parece la más complicada de los cuatro protagonistas de esta historia.

 

El doble papel (denunciante y denunciado) que afronta el magistrado Alba Mesa ante los juzgados, complica aún más su posición de investigado (imputado).

 

Frente al magistrado Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, como denunciante de Miguel Ángel Ramírez, por difundir la grabación de la reunión que ambos mantuvieron el pasado 16 de marzo en su despacho, Salvador Alba debe contestar con la verdad, porque si no incurriría en un delito de falso testimonio del artículo 458 del Código Penal, que puede llevar aparejadas penas de prisión y multa. En este asunto, el fiscal pide el archivo provisional de la denuncia de Salvador Alba contra el empresario que difundió la grabación del amaño contra Victoria Rosell.

 

Pero todo lo que conteste diciendo la verdad frente al magistrado Rafael Passaro le puede perjudicar, como imputado (investigado en la nueva terminología del PP), frente a Margarita Varona, la magistrada de la Sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que lleva la instrucción contra él por estar acusado de los delitos prevaricación, coacciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos en unas diligencias penales que se iniciaron a raíz de que Miguel Ángel Ramírez entregara a la Justicia una grabación que reflejaba el momento de la supuesta conspiración, donde el magistrado Alba Mesa indicaba cuál debía ser el contenido y sentido del testimonio del empresario con el fin de sostener las acusaciones contra Rosell y archivar la causa contra aquél por delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

 

Ese es el motivo porque el magistrado Alba Mesa trata de evitar declarar ante el magistrado Rafael Passaro, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando el pasado 27 de junio estaba citado para declarar, alegó que su abogado Nicolás González-Cuellar Serrano no podía asistir al tener un juicio en la Península ese mismo día. Esta declaración ya se había pospuesto el día 14 de junio, porque Alba formaba parte de la Sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que debía juzgar un caso de corrupción en las Islas.

 

Pero los varapalos los viene recibiendo el magistrado Salvador Alba desde el inicio. Hay que recordar que éste fue sustituido al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria por la magistrada Carla Vallejo.

 

Cuando si hizo pública la grabación del  empresario Miguel Ángel Ramírez y el magistrado Alba Mesa, de las que se deduce que el magistrado le ofrece archivarle un procedimiento por fraude fiscal y a la Seguridad Social a cambio de datos que pudieran comprometer la carrera de la magistrada Victoria Rosell y la magistrada Carla Vallejo dio traslado de tales hechos a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, ésta apreció al menos un delito de negociaciones prohibidas a funcionario público. A ese delito, la magistrada añadió el de prevaricación a la exposición razonada que envió a la Sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), sin que puedan descartarse otros posibles delitos, como el de falsedad en documento judicial.

 

Contra esto reaccionó inmediatamente el magistrado Salvador Alba, presentando quejas contra la magistrada Carla Vallejo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la finalidad de apartarla del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria por una supuesta amistad íntima con la magistrada Victoria Rosell.

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, desestimó la queja del magistrado Salvador Alba, que acusaba a Carla Vallejo de una falta de inobservancia del deber de abstención, al asumir la investigación de la causa por presunto delito fiscal contra Miguel Ángel Ramírez y aceptar la grabación de éste a pesar de su supuesta amistad íntima de la magistrada Carla Vallejo con Victoria Rosell. La única prueba que presento Salvador Alba para acreditar la amistad íntima de Victoria Rosell y Carla Vallejo fue una fotografía obtenida en Twitter, en la que se veía a las dos magistradas con un grupo de juezas conformado, entre otros miembros de la Magistratura, por la magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Gloria Poyatos, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, a quien Salvador Alba confundió con la parlamentaria de Podemos, Noemí Santana.

 

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, también desestimó la queja del magistrado Alba Mesa contra la magistrada Carla Vallejo con los mismos argumentos que utilizó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Entendió que no hay ninguna causa para dudar de la imparcialidad de la magistrada Carla Vallejo, ni siquiera la de la supuesta amistad íntima, dado que Victoria Rosell no es parte en ninguno de los procedimientos que se instruyen en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, incluidas las diligencias penales por las que se investiga al empresario Miguel Ángel Ramírez.

 

Por el momento, el magistrado Salvador Alba Mesa no ha recibido ni una sola buena noticia en su travesía por los juzgados al margen de su actividad como juzgador.

 

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.