Un juez en apuros (XVI)

El magistrado Salvador Alba denunció por injurias y calumnias, entre otros delitos, a Miguel Ángel Ramírez, empresario y presidente de la U.D. Las Palmas, así como a su abogado Sergio Armario, por la publicación, el día 11 de mayo de 2016,  en eldiario.es de cuatro extractos de audios (los más significativos) de la conversación grabada el día 16 de marzo anterior entre el citado magistrado y el empresario.

La denuncia, por reparto, recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, del que es titular el juez Rafael Passaro.

Para su defensa, el empresario Miguel Ángel Ramírez contrató los servicios del prestigioso abogado José Antonio Choclán Montalvo, titular del Bufete Choclán Montalvo de Madrid, que fundó una vez que le concedieron la excedencia de la carrera judicial en el mes de julio del año 2004, ya que con anterioridad ejercía como magistrado de la Audiencia Nacional.

De su etapa en la Audiencia Nacional hay que recordar que fue el magistrado que firmó el 31 de marzo de 2000, en calidad de ponente, la sentencia condenatoria del caso Banesto, entre los que estaba imputado Mario Conde.

Ya como abogado ha llevado la defensa en casos muy mediáticos. Por ejemplo, ejerció de portavoz en la defensa de los acusados de la operación Malaya en el macrojuicio de la trama de corrupción urbanística que saqueó la ciudad de Marbella (Málaga).

Igualmente es el abogado de Francisco Correa, principal imputado de la trama Gürtel, uno de los mayores casos de corrupción de este país que implica de lleno al PP en diferentes comunidades autónomas.

A principios del año 2007 se hizo cargo de la defensa del empresario Santiago Santana Cazorla, detenido e imputado ese año en el marco del caso Góndola, la presunta trama de corrupción política y empresarial del Ayuntamiento de Mogán, que todavía está en fase de investigación.

Fue también el abogado del empresario grancanario Félix Machín en el conocido como “caso Calero”, cuyo juicio se celebró el pasado mes de mayo en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, pendiente aún de sentencia.

Igualmente fue el abogado de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Carla Bellini Domínguez (antigua abogada matrimonialista), designada a propuesta del PP como miembro del TSJC, que llevaba la investigación del “caso Las Teresitas” (Tenerife), al haber imputados aforados y que se está juzgando estos días en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El caso que dio origen a una querella contra ella por parte de Felipe Manuel Armas Jerónimo, empleado y presunto testaferro del empresario Ignacio González Martín, fue que posiblemente convencida por la policía que investigaba el caso, la magistrada Carla Bellini ordenó la grabación de las conversaciones de Felipe Manuel Armas Jerónimo con su pareja sentimental (que no tenía nada que ver con el caso Las Teresitas), interna en la prisión Tenerife II, durante un vis a vis. Esto presuntamente significaba una violación  del derecho fundamental a la intimidad. Al tener noticias de tal grabación, Felipe Manuel Armas Jerónimo presentó una querella contra la citada magistrada por los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, que finalmente fue desestimada por el Tribunal Supremo a principios del mes de abril de 2013. Por un caso parecido, Baltasar Garzón fue juzgado, condenado y apartado de la carrera judicial.

Este abogado, excelente y sólido jurista, es el que se ha buscado el empresario Miguel Ángel Ramírez para defenderse de la denuncia formulada contra él por el magistrado Salvador Alba Mesa. Tengo la impresión de que este caso concreto tendrá poco recorrido judicial.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.