Un juez en apuros (XV)

Todo comenzó a ir mal para el magistrado Salvador Alba desde el día 16 de marzo de 2016, cuando tuvo la “feliz idea” de reunirse a solas con Miguel Ángel Ramírez, presidente del Grupo Ralons  y de la Unión Deportiva Las Palmas para preparar una “declaración espontánea” de éste último que prestaría siete días más tarde, concretamente el día 23 de marzo de 2016.

Presuntamente, según se desprende de los audios publicados por eldiario.es, el magistrado Alba instruía a Ramírez sobre cuál debía ser el contenido y el sentido del testimonio que el empresario debía prestar en la declaración señalada para el día 23 de marzo, con la finalidad de sustentar las acusaciones contra Rosell y, presunta y paralelamente, a cambio de archivar la causa por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por los que está imputado Ramírez y que se investigan en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, al que se incorporó voluntariamente y como sustituto el magistrado Salvador Alba cuando Victoria Rosell se marchó para presentarse como cabeza de lista de Podemos al Congreso de Diputados por la provincia de Las Palmas.

En esa reunión preparatoria, y a escondidas del magistrado Salvador Alba, Miguel Ángel Ramírez grabó la conversación mantenida con el magistrado mediante una grabadora con forma de llave electrónica de un vehículo, que llevaba en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. La grabación tenía dos partes, porque según declaró el propio Ramírez ante la magistrada de la Sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Margarita Varona, la desactivó durante unos quince minutos cuando una tercera persona (concretamente el Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya) entró en el despacho del magistrado Alba Mesa durante el transcurso de la conversación que mantenía con Miguel Ángel Ramírez. 

La publicación efectuada el día 11 de mayo de 2016 en eldiario.es de cuatro extractos de audios (los más significativos) de esa conversación grabada, que parece que tiene una duración de una media hora, entre el magistrado Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez activó la caja de los truenos y se convirtió en una escándalo sin precedentes en el ámbito judicial canario y en la opinión pública en general. A modo figurativo, parece que el rol del magistrado Salvador Alba pasaba de cazador a cazado.

No se hicieron esperar las consecuencias de esa publicación de eldiario.es. Victoria Rosell articuló todos sus medios de defensa para acabar diciendo que la querella interpuesta en su contra por el exministro José Manuel Soria, que fue admitida a trámite por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sustentada por el informe redactado y emitido por el magistrado Salvador Alba tras la “declaración espontánea” prestada por el empresario Miguel Ángel Ramírez el día 23 de abril de 2016, estaba sustentada en pruebas prefabricadas.

Nicolás González-Cuéllar Serrano, de convicciones muy conservadoras, es un prestigioso y caro abogado con despacho abierto en Madrid. Es doctor en derecho y catedrático de Derecho Procesal. Fue contratado por la exalcadesa de Madrid, Ana Botella, para defender al Ayuntamiento en el escandaloso asunto del Madrid Arena, donde murieron aplastadas cinco chicas durante una fiesta de Halloween el 1 de noviembre de 2012.

Nicolás González-Cuéllar Serrano ha sido y es el abogado de José Manuel Soria en varios asuntos. Por ejemplo, fue el abogado de Soria en el conocido “caso La Favorita” contra Canarias Ahora y Carlos Sosa, pareja sentimental de la magistrada Victoria Rosell; es el autor de la primera querella que Soria presentó en diciembre de 2015 contra la magistrada y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, ante los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por injurias y calumnias; y también es el abogado de Soria en la de la demanda que éste presentó en agosto de 2015 contra Diario de Prensa Digital, empresa editora de eldiario.es, y contra los directores de ese periódico y de Canarias Ahora, Ignacio Escolar y Carlos Sosa, respectivamente, por la información sobre la información que realizaron esos medios sobre las vacaciones del exministro Soria en Punta Cana a precio de saldo.

Nicolás González-Cuéllar Serrano es también el abogado contratado por el magistrado Salvador Alba en la denuncia que presentó contra el empresario Miguel Ángel Ramírez una vez que se publicaron el pasado11 de mayo de 2016 en eldiario.es cuatro cortes de la grabación que éste le hizo al magistrado durante la conversación que mantuvieron el día 16 de mayo de 2016. También es el abogado de dicho magistrado en las diligencias penales en su contra que investiga la magistrada Margarita Varona, de la Sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por los presuntos delitos de delitos de negociación prohibida a funcionario público, prevaricación y, parece que también, coacciones.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.