Un juez en apuros (XII)

Admitida la querella interpuesta por José Manuel Soria contra ella en la Sala Segunda del Tribunal Supremo el día 26 de abril de 2016, gracias al informe elaborado por el magistrado Salvador Alba (después de las “conversaciones privadas”, según Eligio Hernández, que mantuvo Alba Mesa con Miguel Ángel Ramírez el 16 de marzo de 2016 para preparar el ataque contra la entonces diputada de Podemos), Victoria Rosell tenía que mover ficha inmediatamente, porque en el foro judicial en el que se tramitaba la querella en su contra, todo se presumía que iba a ser desfavorable a sus intereses.

Después de las Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015 se constituyeron las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), pero no se consiguió formar Gobierno, por lo que, vencidos los plazos, se volvió a convocar nuevas Elecciones Generales, que se celebrarían el 26 de junio de 2016.

Durante ese período y hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados seguía funcionando la llamada Diputación Permanente del Congreso, de la que formaba parte Victoria Rosell.

En la mañana del día 27 de abril de 2016 la diputada por Podemos, Victoria Rosell, presentó su renuncia a seguir perteneciendo a la Diputación Permanente del Congreso (con lo que inmediatamente perdería su aforamiento ante el Tribunal Supremo ya que en esa misma semana de disolverían las Cortes Generales y se convocarían Elecciones Generales y, con ello, dejaba de ser diputada), al tiempo que también solicitaría su reincorporación a la carrera judicial, forzando con ello a que la querella que en la Sala Segunda del Tribunal Supremo se instruía contra ella, pasara automáticamente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el órgano competente para investigar y juzgar a los jueces de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El día 11 de mayo de 2016, la magistrada Victoria Rosell formalizó ante el registro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid, un escrito en el que solicitó la anulación de su excedencia en la carrera judicial y su reincorporación inmediata a la vida judicial, por lo que, de acuerdo con la ley, volvería a ser la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El 12 de mayo de 2016 se hacía público que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había acordado el reingreso al servicio activo de la magistrada Victoria Rosell (y de la magistrada Dolores Galovart, titular del Juzgado de Primera Instancia Número 12 de Vigo, que también había cesado como diputada del PSOE).

Con este acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cumplimiento del artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Victoria Rosell tenía veinte días hábiles, que se cumplirían a principios de junio, para tomar posesión como titular y regreso al Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

La vuelta de Victoria Rosell a la vida judicial trajo como consecuencia que la causa abierta contra ella por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso por la investigación al empresario Miguel Ángel Ramírez tendría que ser trasladada del Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Esta nueva movida de ficha por parte de Victoria Rosell significaba un nuevo varapalo para José Manuel Soria, quien se hacía ilusiones de que en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo meterían en cintura a la hasta entonces rival política y enemiga personal, por ser aquella la pareja sentimental de Carlos Sosa, cabeza visible de Canarias Ahora, donde se han denunciado los múltiples affaires en los que aparecen como protagonista José Manuel Soria.

Ismael Rodriguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.