Un juez en apuros (VIII)

Como hicimos constar, en contra del criterio de la Fiscalía, que no encuentra indicios para investigar a Rosell, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, decide admitir a trámite la querella de José Manuel Soria, acogiéndose a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el que puede solicitar la práctica de pruebas antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite.

Fue así como la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solicitó al magistrado de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, que sustituía a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8, para que elaborara un informe sobre las "vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso" que inició Rosell contra el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez.

Esta medida la adoptó el Tribunal Supremo con carácter previo a resolver si admitía o no a trámite la querella interpuesta por Soria contra Rosell por los delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.

También requirió la Sala del Supremo al Letrado de la Administración de Justicia (como se denominan ahora los Secretarios Judiciales) del Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para que le hiciera entrega del "testimonio íntegro" de las declaraciones prestadas, en concepto de investigado, por el empresario Miguel Ángel Ramírez, a quien se le acusa de un delito fiscal y contra la Seguridad Social.

Igualmente, el Tribunal Supremo se dirigió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que el Promotor de la Acción Disciplinaria detallara los motivos por los que el 12 de febrero de 2016 archivó la investigación sobre una posible sanción disciplinaria en la que podría haber incurrido Rosell.

El Auto, con todos estos requerimientos, fue redactado, en su calidad de ponente, por el propio Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, y en el mismo hizo contar que la Sala busca "recabar una mínima relación de documentos que permita fundamentar adecuadamente la resolución que sirva de desenlace a la querella" presentada por el ministro José Manuel Soria, cuya defensa se ofreció a personarse en la causa como acusación popular para salvar su falta de legitimación.

Fundamentó el citado Auto en que el Tribunal Supremo entiende que su obligación es velar por "conjurar el riesgo de querellas originadas por finalidades espurias o sencillamente maliciosas". "No faltan precedentes en los que, antes de resolver acerca de la admisión de una querella interpuesta contra un magistrado, se recaba documentación con el exclusivo fin de rechazar las imputaciones infundadas". Añadiendo, que "La gravedad de las imputaciones formuladas contra la señora Rosell, por más que, hasta ahora, sólo tengan un sostén puramente hipotético o conjetural, y su negativa incidencia en el estatuto constitucional del Juez, imponen de forma obligada requerir los documentos a los que se alude en las informaciones a las que se hace referencia en la querella".

Hasta aquí parece todo correcto e, incluso, loable, porque si una juez comete un delito, hay que exigir responsabilidades penales contra ella, porque no están los jueces por encima de la Ley. Y estamos hablando siempre de la presunción, porque nada se había acreditado hasta ese momento.

El problema surge cuando el magistrado Salvador Alba Mesa cita a Miguel Ángel Ramírez a una reunión que se llevó sobre las 14:00 horas del día 16 de marzo de 2016, en su despacho, a solas. Reunión que duró 32 minutos y que Ramírez confesó que grabó, con desconocimiento del juez, “ante lo inusitado de la situación y ante su temor a ser objeto de una trampa”.

Todo parece que fue irregular desde el mismo inicio, por dos razones de peso: porque hizo entrar a Miguel Ángel Ramírez por la puerta de atrás y que ascendiera hasta la planta donde estaba su despacho; y porque, según se escucha en la grabación publicada en los medios, prepara la declaración que Ramírez debía prestar (y prestó), el siguiente lunes, 23 de marzo, para que pareciera espontánea y que las manifestaciones de Ramírez dieran la apariencia de ser de su propia cosecha.

El mismo día 23 de marzo, el magistrado Alba remitió un informe al Tribunal Supremo, asegurando que durante la toma de declaración al imputado Miguel Ángel Ramírez ese mismo día, el empresario actuó "de forma absolutamente espontánea" cuando "expone y detalla qué relaciones había mantenido con Carlos Sosa (pareja de Rosell) y empresas de su entorno".

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.