Un juez en apuros (VII)

José Manuel Soria, vía Eligio Hernández, no iba a dejar escapar la oportunidad de querellarse contra Victoria Rosell, pareja de Carlos Sosa, si con ello conseguía matar dos pájaros de un tiro: de una parte, porque se quitaba del medio a una rival política en esos momentos, que había obtenido el acta de diputada del Congreso encabezando la lista de Podemos por la provincia de Las Palmas; y, de otra, porque comenzaba su venganza contra el director de Canarias Ahora, medio que le ha tenido en jaque durante toda su carrera política.

Tras el periplo de la querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell ante el Juzgado de Instrucción Nº 27 de la Plaza de Castilla (Madrid), por presuntas injurias y calumnias, cuando la formalizó ante el Tribunal Supremo, por estar aforada por su condición de diputada la exmagistrada Rosell, añadió tres presuntos nuevos delitos: prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho. Los tres últimos delitos se los atribuía José Manuel Soria a Victoria Rosell por presuntamente favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con el que la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa, negociaba la cesión de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.

Nadie duda de que Eligio Hernández sea un buen abogado, pero en la redacción de la querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell que elaboró para presentarla ante el Tribunal Supremo, se dedicó a copiar y pegar un informe que había realizado con anterioridad el magistrado Salvador Alba, sustituto voluntario de Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que había sido incorporado a  las investigaciones de la Fiscalía de Las Palmas abiertas a partir de un “sobre anónimo” conteniendo un contrato entre la UD Las Palmas y Carlos Sosa, pareja de la juez Rosell, cuya única copia existente obraba en poder de José Manuel Soria por aquellas mismas fechas, a finales de noviembre de 2015.

Tan descarado fue el ‘copia y pega’ de Eligio Hernández, que contiene expresiones como “este Magistrado” y numerosas frases literales del informe original del magistrado Salvador Alba, fechado el 9 de diciembre de 2015 y elaborado a petición de la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, en unas diligencias de la Fiscalía declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Tan bochornoso ‘copia y pega’ contiene párrafos como este: “Cuando toma posesión el del juzgado el Magistrado por sustitución voluntaria, el sobre que contenía el indicado pen drive con tan voluminosa documentación no había sido ni siquiera abierto, y desde luego no se dio copia del mismo al resto de las partes, lo que acuerda por este Magistrado (sic) con la mayor urgencia posible el mismo día 9 de diciembre de 2015”. En su descargo, Eligio Hernández siempre puede decir que su subconsciente le traicionó en ese momento y le retrotrajo a su etapa de Magistrado.

Lo cierto es que esa querella entró en el Tribunal Supremo; que el fiscal de Sala del Supremo, Salvador Viada, adscrito a la Sala Segunda, le llamara la atención esta aportación de Eligio Hernández, que considera “de ignota procedencia” y que pidiera la inadmisión de la querella (posteriormente, volvió a pedir de nuevo dicha inadmisión), y que el mismo fiscal consideró, que una vez archivada la querella por los presuntos delitos de injurias y calumnias, José Manuel Soria no estaba legitimado para denunciar a Victoria Rosell por prevaricación, cohecho y retardo malicioso de la actuación de la Justicia en un caso en el que él no tiene ninguna participación ni le afecta, al tiempo que recuerdó que ya fue archivada una investigación interna en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la actuación de Rosell en el caso del empresario Miguel Ángel Ramírez.

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, el día 26 de abril de 2016 la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, admitió a trámite la querella presentada por José Manuel Soria contra la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell, a la que el exministro acusó de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho durante su anterior etapa de jueza en Las Palmas. El Alto Tribunal adopta esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que no encuentra indicios para investigar a Rosell. 

Para llegar a este punto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se acogió a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el que puede solicitar la práctica de pruebas antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite. Y lo hizo después de que la Fiscalía se pronunciara en contra de abrir la causa. 

Se da la circunstancia de que Eligio Hernández, abogado de José Manuel Soria, mantiene una excelente amistad personal con el magistrado Manuel Marchena. Amistad que tiene su origen en la época en la que Eligio Hernández ocupó el cargo de Fiscal General del Estado y llevó a Madrid, en los años 90, a Manuel Marchena (entonces era fiscal en Las Palmas) y, a partir de ahí, comenzó el éxito profesional de quien hoy preside la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.