Un juez en apuros (VI)

El jueves 3 de diciembre de 2015 aparecía en varios medios de comunicación que la Fiscalía Provincial de Las Palmas tenía abierta una investigación prejudicial contra la entonces candidata de Podemos, Victoria Rosell, por la presunta comisión de una falta disciplinaria en el ejercicio de su actividad como juez.

Ese mismo día, la magistrada en excedencia Victoria Rosell, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas, salió al paso de esa información manifestando que “Ante el juego sucio, la nueva política exige no esconderse, dar la cara y decir la verdad”, acusando al entonces ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno español y cabeza de lista del PP por la misma provincia, José Manuel Soria, de utilizar a una institución del Estado, en este caso la Fiscalía Provincial de Las Palmas, para intentar que se “impute en falso” a una adversaria en plena campaña electoral, añadiendo que "La Fiscalía tiene demasiadas conexiones políticas".

Victoria Rosell también hizo la apreciación de que el artículo publicado por el diario de El Mundo utiliza "adrede y de modo nada inocuo" la expresión ‘retardo malicioso’, que sería delito penal, en lugar de ’retraso injustificado’, que sería una falta administrativa. Rosell recordó que el periodista Fernando Lázaro, que firmó la información en El Mundo, es el mismo que en el año 2011 publicó una queja de Soria contra la magistrada, a quien acusaba de haber redactado la querella que Carlos Sosa interpuso contra el entonces ministro por el denominado caso Salmón. Es oportuno recordar que el Consejo General del Poder Judicial archivó esa queja de Soria contra Rosell.

En cuanto el entonces ministro Soria se enteró de que Victoria Rosell le había acusado públicamente de utilizar a la Fiscalía en su contra, anunció y presentó contra la ex magistrada y candidata de Podemos, que posteriormente fue elegida diputada, una querella en su contra por delitos de calumnias e injurias, utilizando como abogado a Eligio Hernández, ante la sorpresa de propios y extraños (muchos dicen que no hay tal sorpresa) por los dilatados antecedentes de Eligio Hernández en la órbita del PSOE.

No hay que olvidar que Eligio Hernández había ingresado en 1976 en la carrera judicial, ocupando sucesivamente destinos en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Telde (Las Palmas) e Icod de los Vinos, La Orotava y Granadilla de Abona (Tenerife) y que cuando ascendió a magistrado, en 1980, fue destinado durante un breve período a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Con la llegada de Soria al poder, con Felipe González de Presidente, fue designado Gobernador Civil de Tenerife (1982-1984) y posteriormente Delegado del Gobierno en Canarias. En 1985 volvió a la carrera judicial como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

A propuesta del grupo socialista del Senado, fue designado como vocal del Consejo General del Poder Judicial (gobierno de los jueces), cargo que ejerció entre 1990 y 1992. El Gobierno del PSOE le designó Fiscal General del Estado, entre los años 1992 y 1994 (designación que creo polémica porque parece que no reunía los requisitos legales para ese cargo) y de paso y de forma paralela, miembro del Consejo de Estado.

En 1995 volvió al terreno político de la mano del PSOE, siendo diputado en el Parlamento de Canarias durante una legislatura que finalizó en 1999, dedicándose a partir ese momento al ejercicio de la abogacía.

Pues este abogado vinculado al PSOE es el abogado de Soria (PP) en su guerra contra Victoria Rosell y fue quien firmó la querella que interpuso contra ella, cuando ya era diputada, una querella por los presuntos delitos de injurias y calumnias, ante los juzgados de Madrid, recayendo en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.

El día 10 de febrero pasado, Soria presentó un escrito ante el mencionado Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid indicando su decisión de retirar la querella, para dos día más tarde anuncia que la interpondría ante el Tribunal Supremo, por ser el “órgano competente”.

Esta querella, que finalmente presentó ante el Tribunal Supremo, “tiene su miga” y a ella dedicaremos nuestro próximo artículo.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.