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Un juez en apuros (I)

Cojeda2 Domingo, 15 de Mayo de 2016 Tiempo de lectura:

Hasta hace unos días podríamos hablar de una juez en apuros refiriéndonos a Victoria Rosell, juez en excedencia y hasta hace unas semanas diputada por Podemos en el Congreso de los Diputados.

 

Existe un interesante nonágono en el que los vértices serían:

(1) Miguel Ángel Ramírez: presidente de la U.D. Las Palmas, dueño de Seguridad Integral Canaria, presidente del Grupo Ralons, pagador al Partido Popular en 2010 y 2011 por un montante total de 150.000 euros e imputado por una presunta estafa a Hacienda y la Seguridad Social de más de 20 millones de euros que se investiga en el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Las Palma.

 

(2) Carlos Sosa: pareja sentimental de Victoria Rosell; cabeza visible de las sociedades titulares del periódico digital Canarias Ahora –eldiario.es- y Canarias Ahora Radio, cuya licencia se la arrendó a la U.D. Las Palmas mediante un contrato suscrito con posterioridad a que su pareja dejara el juzgado por excedencia especial para presentarse como candidata por Podemos. Este contrato se cerró por un importe de   300.000 euros, y el día 28 de octubre de 2015, Carlos Sosa recibía 101.500 euros mediante transferencia bancaria desde una cuenta de Miguel Ángel Ramírez a nombre de la empresa Clan de Medios, en concepto de adelanto por el arrendamiento de la frecuencia. El resto del dinero hasta la cantidad acordada se pagaría en cuotas mensuales hasta el final del contrato. Carlos Sosa también ha sido el azote periodístico de José Manuel Soria desde tiempo inmemorial.

 

(3) Victoria Rosell: ex juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Las Palmas donde se lleva la investigación en las Diligencias Previas nº 644/2014 contra Miguel Ángel Ramírez por la presunta estafa mencionada anteriormente; pareja sentimental de Carlos Sosa y denunciada por presunto trato de favor a Ramírez porque, según la acusan, dilató la instrucción del caso mientras su pareja negociaba con éste la contratación de una emisora de radio. Al presentarse como candidata de Podemos a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, se desataron las iras en su contra, con “diligencias preprocesales de carácter informativo” desde la Fiscalía Provincial de Las Palmas, convenientemente orquestadas por el periódico El Mundo, que fueron enviadas al Consejo General del Poder Judicial (parece que ese no es el cauce normal) y que interfería en la campaña electoral, razón por la cual el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que consideró insólitas las prisas de la Fiscalía, dio la orden de paralizar hasta que se celebraran las elecciones generales.

 

(4) José Manuel Soria: ex presidente del PP canario y ex Ministro desde el pasado 15 de abril, cuando apareció implicado en los “papeles de Panamá”. Soria ejercía tanto “miedo” en los sectores económicos y empresariales, que nadie se atrevía a llevarle la contraria por el excesivo poder que acumuló durante años. Mantiene una guerra abierta con Carlos Sosa y fue señalado por Rosell como la mano negra que estaba detrás de la “diligencias preprocesales de carácter informativo” desde la Fiscalía Provincial de Las Palmas y presuntamente de las filtraciones el periódico El Mundo, lo que motivó una querella de Soria contra ella, que fue a parar el Tribunal Supremo, por estar aquella aforada como diputada y que ahora, al renunciar Rosell el pasado 27 de abril a su condición de miembro de la Diputación Permanente del Congreso, a su sueldo y al aforamiento, razón por la cual la citada querella vuelve al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

 

(5) El Mundo: uno de los periódicos oficiales del Gobierno en funciones, que se ha encargado de publicar como primicias todo lo que concierne a Victoria Rosell, en su contra, desde el mismo momento en que decidió solicitar excedencia judicial para encabezar la lista de Podemos por la provincia de Las Palmas como candidata al Congreso de los Diputados.

 

(6) El fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco y la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos: aquél por dirigir y ésta por instruir  unas “diligencias preprocesales de carácter informativo” contra Victoria Rosell, cuya rapidez en enviar las mismas al Consejo General del Poder Judicial, días previos a la campaña electoral en la que Rosell era candidata, fue considerada como “insólita” por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que dio la orden de paralizarlas hasta que se celebraran las elecciones generales.

 

(7) La Inspección Fiscal, dependiente de la Fiscalía General del Estado: que tras una denuncia de Rosell, abrió una “investigación interna sobre la actuación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en relación con la magistrada en excedencia María Victoria Rosell”. La Fiscalía de Las Palmas, presuntamente se había movido en base a una denuncia “anónima” y tenía como objetivo dilucidar si Rosell habría cometido una infracción disciplinaria por no haberse abstenido en una causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria por fraude fiscal contra el presidente de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por un contrato que suscribió una empresa de la UD Las Palmas con la mercantil de su pareja, el periodista Carlos Sosa, sobre una frecuencia de radio sobre la que opera la emisora oficial del club deportivo. La denuncia de Victoria Rosell contra los fiscales Guillermo García-Panasco y Evangelina Ríos se basaba en que estos fiscales “habían iniciado sus indagaciones sin tener competencias legales para hacerlo por ser materia exclusiva del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial la investigación y apertura de expedientes disciplinarios a jueces y magistrados”, denunciando además, “la práctica de diligencias por parte de los dos fiscales contrarias al derecho a la protección de datos de terceras personas en un expediente disciplinario, ya que durante sus indagaciones los fiscales pidieron información de cuentas bancarias sin autorización judicial”.

 

(8) El juez Salvador Alba Mesa: magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y juez sustituto provisional, hasta la ocupación de la plaza, del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Las Palmas, que presuntamente se reunió el pasado día 16 de marzo, en sede judicial y a solas, con Miguel Ángel Ramírez (reunión que presuntamente éste grabó) con la finalidad de presuntamente preparar una posterior declaración “espontánea” de éste, que se llevó a cabo el día 23 de marzo, en la que también actuó como parte la fiscal Evangelina Ríos, y con la que se afianzaba una acusación contra la ex juez Victoria Rosell. Esta grabación la hemos estado escuchando estos días en la prensa. El juez Salvador Alba, aunque reconoce que es su voz, dice que ha sido manipulada y los extractos están fuera de contexto.

 

(9) El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): que ha acordado investigar al juez Salvador Alba, sustituido temporal en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de la jueza Victoria Rosell, por el contenido de la grabación difundida el pasado miércoles por eldiario.es, en la que el magistrado presuntamente acuerda con Miguel Ángel Ramírez, imputado en las Diligencias Previas nº 644/2014 que se instruyen en ese juzgado, el contenido de una declaración judicial que se produjo una semana más tarde, y que tenía como objetivo, presuntamente, perjudicar a la entonces diputada de Podemos Victoria Rosell. El encargado de la investigación será el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero. Según informó el CGPJ, Fonseca-Herrero "deberá determinar si, del contenido de esa conversación, se desprende la comisión por parte de Alba de alguna de las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 417 a 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pudiendo deducir testimonio si los hechos tuvieran relevancia penal".

 

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.

 

 

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