Especialmente, los ayuntamientos, en políticas sociales, tienen que convertirse en instituciones operativas, que cumplan con sus funciones de servicio, promoción y colaboración. La falta de ideas claras y la capacidad de gestión, no pueden ser un freno en el trabajo diario, influyendo, además, en la coordinación entre las diferentes áreas para resolver los problemas de los ciudadanos.
En este sentido, las acciones tienen que estar encaminadas al desarrollo de políticas para erradicar la pobreza y la exclusión social, promoviendo iniciativas de inclusión destinadas a los colectivos más desfavorecidos como mayores, personas con discapacidad, víctimas de Violencia de Género y a menores en desamparo. Es imprescindible, ahora mismo, actuar de forma más adecuada en los temas relacionados con la pobreza. En algunos municipios de nuestra isla, la población de personas sin hogar, por ejemplo, está desatendida y estamos viendo a más gente en las calles en condiciones infrahumanas.
De momento sigue siendo urgente, mantener como máxima prioridad las prestaciones económicas para cubrir las necesidades básicas de las personas y además, agilizar la tramitación administrativa correspondiente. Hay que desburocratizar. También, es imprescindible, fomentar la colaboración entre las distintas entidades sociales y los ayuntamientos, para consolidar las estrategias de trabajo.
Además, es importante mejorar las políticas de atención a los menores en cuanto a la prevención. Tienen que desarrollarse acciones claras y decididas en la red de servicios sociales, para el apoyo psicológico y social a las familias, apoyo psicopedagógico a los menores y apoyo a las actividades en tiempo libre. Y también consideramos fundamental, desarrollar Programas Sociales de Cooperación, que permitan actualizar el verdadero Mapa Social en cada municipio.
Ahora mismo, sigue siendo necesario garantizar el sostenimiento de las ayudas y servicios sociales que se ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas. Pero también es ineludible, una política en la que haya capacidad de acuerdos y consensos entre las distintas administraciones públicas, además de hacer una apuesta por la calidad del servicio y las prestaciones, con el reto de apostar por el futuro y la continuidad de muchos proyectos, garantizando, por ejemplo, la financiación económica con plurianualidades a las ONGs.
Pero no soslayemos, además de lo anterior, que tres, son las acciones que deben aplicarse, para mejorar el servicio a las personas desde las administraciones públicas. La primera es promover una acción coordinada de los servicios y prestaciones proporcionadas por los distintos organismos públicos, Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno de Canarias a las familias, que asegure la calidad de la intervención y también su eficiencia, sin duplicar esfuerzos y acciones.
La segunda, potenciar la coordinación, especialmente con la administración Sanitaria, como elemento clave para el trabajo con las personas sin hogar. Y, por último, potenciar servicios de información, orientación y valoración que proporcionen el conocimiento de los recursos sociales a los que pueden acceder los ciudadanos.
José Miguel Álamo Mendoza es concejal del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de GC y profesor titular de la ULPGC.

























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