Corrupción y fraudes Marca España (I)

No pasa ni un solo día en el que no nos enteremos de algún nuevo caso de corrupción o de algún fraude que se destapa en nuestro país. No se si fue primero el huevo o la gallina; lo que si es cierto es que, ante una corrupción política tan extendida en nuestras instituciones públicas, poco puede extrañar que en el sector privado se repita la misma dinámica de corrupción.

Con una breve referencia a los casos más llamativos que se han destapado desde las pasadas elecciones generales celebradas hace poco más de dos meses, tenemos: Operación Frontino (caso Acuamed)

El día 16 de enero de 2016, bajo el nombre “operación Frontino”, se puso en marcha el operativo a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden de la Fiscalía Anticorrupción y bajo la dependencia judicial del juez Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, con el registro de la sede madrileña de la empresa ACUAMED, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A., una sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, por un presunto fraude en los contratos. Los agentes detuvieron a 13 personas (otras fuentes hablaban de entre 16 y 18 detenidos) y citaron en los siguientes días a otras 35 personas más en calidad de imputados (el PP decidió llamarles “investigados”, porque así les suena mejor, ya que tiene demasiados imputados entre sus filas). Los agentes efectuaron 15 registros, entre los que se encontraban también las sedes de Acuamed de Valencia y Murcia. El juez indaga la presunta adjudicación fraudulenta de obras, así como la supuesta falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar de forma importante las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias. El motivo de los registros fue la búsqueda de numerosos contratos públicos inflados, adjudicados para el desarrollo de obras públicas en la cuenca del Mediterráneo. Las fuentes aseguraron que la cuantía del fraude que se investiga es "muy importante". La empresa pública Acuamed inflaba el precio final de la obra adjudicada hasta un 10% más.

Las detenciones se llevaron a cabo en Madrid (ocho), Barcelona (3), Valencia (1) y Alicante (1) y los registros se efectuaron en las sedes sociales de empresas y domicilios particulares de esas mismas ciudades, más otros dos en Murcia y Tarragona. De los treces detenidos, el juez Eloy Velasco envió a prisión incondicional –sin posibilidad de fianza- a: Arcadio Mateo del Puerto (director general de Acuamed); Francisco Javier Gómez Pastor (responsable de Contratación de Acuamed); María Gabriela Mañueco Pfeiffer (directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed); Pablo Martín Mira (delegado de Acuamed en Valencia) y Nicolás Steegmann López-Dóriga (presidente de Altyum Proyectos y Obras, S.A. -antes Altec Infraestructuras, S.A.-). El juez apreció riesgo de fuga y de "destrucción y amaño de pruebas". Además manifestó que podrían intentar influir en contratistas o trabajadores honrados que les plantaron cara.

En el auto dictado por el juez Velasco el día 20 de enero, después de tomar declaración a todos los detenidos durante ocho horas, acordó la prisión eludible con fianza de 12.000 euros para Manuel Moreno Maestre (presidente de Boru Spain, S.L. y Pipeline) y para José Ramón González Fernández (director de proyectos de Altyum Proyectos y Obras, S.A.); de 20.000 euros para Javier Delgado López (delegado de Acuamed en Alicante); David José Blanca Montero (ingeniero de Acuamed); el Miguel Roset Ramos (ingeniero de Acuamed) y Santiago Farre Dot (directivo de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. –FCC-); y de 50.000 euros a Justo Vicente Pelegrini (director de Acciona Infraestructuras), y Miguel Jurado Fernández, (presidente de FCC Construcción). Todos ellos abonaron esa misma tardes las cantidades establecidas por el juez y quedaron en libertad.

El juez Eloy Velasco atribuyó a los implicados en la trama delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, maquinación para alterar el precio de los contratos, prevaricación y falsedad documental. También  consideró que forman parte de una trama y les atribuye asimismo el delito de organización criminal. Como cabecilla de esta organización criminal dentro de Acuamed señaló a su director general, Arcadio Mateo del Puerto, y que dicha trama implica a "cargos de muy alto nivel del ministerio" en pactos para favorecer con dinero público a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por FCC.

Los tiros apuntaban de forma directa a Federico Ramos de Armas, subsecretario de Presidencia y mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que desde mayo de 2013 ocupaba el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente, dentro del Ministerio de Agricultura y que, al ocupar ese cargo, también le correspondía la presidencia del Consejo de Administración de Acuamed.

Varios exempleados de Acuamed afirmaron ante el  ante el juez Eloy Velasco que Federico Ramos participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una “compensación indebida” de 40 millones de euros a favor de dicha constructora, que luego se consignó en los presupuestos de 2015. Federico Ramos dejó su puesto en mayo de 2015 para ocupar el cargo de subsecretario de Presidencia al lado de Soraya Sáenz de Santamaría, y ahora ha tenido que dimitir al estallar este escándalo.

El juez Eloy Velasco investiga siete contratos sospechosos: (1) la desaladora de Bajo Almanzora en Almería (adjudicada a FCC y Abengoa); (2) la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona (licitación que ganó FCC); (3) la presa de la avenida Rambla Gallinera en Valencia (empresas Sogeosa y Torrescámara); (4) la desaladora de Torrevieja (Acciona); (5) las conducciones de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante (Altec-Altyum); (6) el Cerro Colorado de Murcia (Altec) y (7) la presa de antiavenidas del río Serpis (Altec).

En el caso de la obra de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), después de que en 2012 una riada inundara y dejara inutilizada, el juez Eloy Velasco desvela la existencia de un pacto económico con FCC que incluso trasciende a los directivos de Acuamed implicados y que vendría impuesto "desde muy alto nivel en el Ministerio" (de Agricultura); y en los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona, el juez aseguró que "se pretenden cambios de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones, a 40 ficticios". Esta cantidad, se intenta justificar certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos, metiendo conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa. El perjuicio a la Administración por "compensar" a FCC es de 40 millones de euros, y se hizo "siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad", que posteriormente llegó a consignarse en una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2015.

Este escándalo de corrupción del PP se ha podido destapar gracias a un funcionario honrado, Francisco Valiente, que por entonces era director de Ingeniería y Construcción de Acuamed.

Francisco Valiente avisó de las irregularidades en las obras de la sociedad pública hasta en cuatro ocasiones a altos cargos de la firma, pero nadie le hizo caso. Puso los hechos en conocimiento del director financiero de Acuamed, Carlos Anibarro; de la secretaria del consejo de administración de la entidad, Isabel Bonelli; del director jurídico de Acuamed, Javier Moya, y del abogado del Estado de Agricultura encargado de los asuntos de Acuamed, Pablo Fernández. De nada le sirvió porque a las pocas semanas fue cesado de su cargo. Finalmente denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.