Corrupción y más corrupción

Existe una organización no gubernamental (ONG) llamada Transparencia Internacional (Transparency International) (TI) que se fundó en 1993 y tiene su sede en Berlín (Alemania), aunque opera en más de 70 países.

Transparencia Internacional promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional y desde el año 2000 emite cada año un informe del Índice de Percepción de la Corrupción.

Este informe anual consiste en una autoevaluación de los países que realizan sus propios ciudadanos y expertos. Esta pasada semana, Transparencia Internacional España hizo público el informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2015.

El año 2015 Dinamarca, Finlandia y Suecia fueron los países mejor valorados, con una puntuación de 91, 90 y 89 putos, respectivamente, frente a los peores valorados, Afganistán, Corea del Norte y Somalia, con 11, 8 y 8 puntos, respectivamente.

Entre los 28 países de la Unión Europea hay 24 países aprobados y 4 suspensos, lo que significa que es la región menos corrupta del planeta.

España ocupa el puesto 36 entre los 168 países valorados, pero desde 2012 a 2015, con el Gobierno del PP, ha perdido 7 puntos, siendo 2015 el peor Índice de Percepción de la Corrupción desde que ese índice se publica, por eso se entiende que "España es el país europeo que más percepción tiene de la corrupción junto con Grecia", según el doctor Manuel Villoria Mendienta, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembros del comité directivo de Transparencia Internacional España.

Por poner un ejemplo, que nos queda “cerca”, España es más corrupta que Botsuana (África), donde iba el ex rey Juan Carlos a cazar elefantes, que aparece en la lista en la 28ª posición, con una valoración de 63 puntos, los mismos que tiene Portugal.

Después de las Elecciones Generales celebradas el pasado 20 de diciembre, el PP, que ganó las elecciones aunque perdió más de tres millones de votos, ha cogido carrerilla con la corrupción en este mes de enero.

Comenzó con la Operación Frontino que descubrió el caso Acuamed o la “mafia del agua”, un pelotazo reciente aún sin cuantificar (2014) que hasta el momento se ha saldado con 13 detenidos, cinco en prisión incondicional, y 16 registros efectuados en domicilios de los implicados y en las sedes de esta empresa pública en Madrid, Valencia y Murcia.

En este caso está señalado hasta el mismísimo Miguel Arias Cañete, ex Ministro de Agricultura del Gobierno de Rajoy y, actualmente, Comisario Europeo, al que ingenieros de la empresa señalan como conocedor de lo que estaba sucediendo, lo mismo que afirmó ante el juez el director general de Acuamed, Arcadio Mateo.

Esta pasada semana nos levantamos con otra amplia operación contra la corrupción del PP en la Comunidad de Valencia, que se ha llevado a cabo a todo el PP valenciano. La Operación Taula en la que han sido detenidas 24 personas e imputadas e imputadas un total de 29, sólo está empezando.

A instancias de la Fiscalía, van a llamar a declarar bajo la condición de imputados (investigados, según la nueva denominación judicial que puso el PP), a 50 miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, que alcanza a todos los concejales y asesores de la pasada legislatura.

La corrupción del PP no tiene límites, porque muchos de sus militantes se enriquecen ilegalmente, financian campañas electorales o financian obras en sus sedes, dando lo mismo que sea en Telde (operación Faycan), en Valencia (operación Taula) o en la misma sede central del PP en la calle Génova 13 (Madrid).

Nada extraña que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en una resolución judicial, acusara al PP de los delitos de organización criminal y asociación ilícita y le sentara en el banquillo por su caja B.

Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la corrupción se lleva cada año 48.000 millones de euros y el PP tiene mayoría absoluta en lo que se refiere a la corrupción de este país.

La única alegría que tenemos los ciudadanos es que la Audiencia de Palma decide sentar en el barquillo de los acusados a un miembro de la Casa Real. De nada sirvieron que los tres defensores con los que cuenta Cristina de Borbón en este juicio: el Fiscal Pedro Horrach, la Abogada del Estado María Dolores Ripoll y su propio abogado Jesús María Silva hayan puesto todos sus esfuerzos en defensa de Cristina de Borbón, ni los hilos del Estado que se movieron desde las altas instancias de este país. En este asunto, también al Gobierno del PP le salió el tiro por la culata.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.