El juez Pablo Ruz

En la etapa en el que el juez Baltazar Garzón ocupó la titularidad del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional e inició las pesquisas contra la trama Gürtel, cada día aparecía mayor implicación del PP en dicho asunto. Garzón imputó en el año 2009 a Luis Bárcenas y el PP en peso, con Rajoy a la cabeza, puso la mano en el fuego por éste, diciendo que nunca se podría demostrar que Bárcenas hubiera cometido delito alguno y que el caso Gürtel no era una causa del PP sino una causa contra el PP.

 

Con la renuncia de Luis Bárcenas al cargo de Senador por Cantabria, el asunto pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La causa contra Bárcenas fue archivada por el juez Antonio Pedreira, que dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones en un auto del 29 de julio de 2011, pero fue reabierta por la Audiencia Nacional en marzo de 2012, cuando ya estaba al frente del Juzgado de Instrucción Nº 5 el juez Pablo Ruz, en sustitución desde junio de 2010 del juez Baltazar Garzón. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le nombró por unanimidad y de forma interina entre una terna entre las que estaban las juezas Carmen Lamela y Carmen Rodríguez-Medel.

 

Como juez responsable de la investigación de la trama Gürtel, Pablo Ruz junto con las fiscales Anticorrupción, Concepción Sabadell y Myriam Segura, han realizado un trabajo titánico para llegar al meollo de la corrupción, que afecta, de forma muy especial, al PP.

 

El juez Pablo Ruz consideró que, hasta ahora, lo más procedente era mantener la instrucción en un único procedimiento; pero que después del recorrido que ha seguido la investigación durante estos años ante varios instructores, después de todos los informes periciales aportados, las 183 comisiones rogatorias a 21 Estados y habiéndose resuelto los incidentes de nulidad planteados por las defensas, correspondía desglosar la causa, para impulsar la investigación hacia el enjuiciamiento.

 

Fundamentó esa decisión en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en materia de delitos económicos para "escindir determinados hechos en una pieza separada". Citó sentencias como la del llamado caso Banesto o la más reciente del caso Hacienda, para desglosar en piezas la investigación y evitar así "efectos perniciosos" como dilaciones indebidas o convertir la causa en un macrojuicio inabarcable.

 

En la primera pieza separada, que abarca la corrupción de la trama Gürtel entre los años 1999 y 2005 (el juez cree que la trama operó durante una década completa) y a operaciones de corrupción realizadas en Castilla y León y la Comunidad de Madrid, además de Estepona (Málaga). El juez hizo suyo prolijo informe de la Fiscalía Anticorrupción que relata las operaciones en Majadahonda, Pozuelo, Ayuntamiento de Madrid, comunidad de Castilla León y Estepona, "sin perjuicio de que algunas conductas se extendieron a años posteriores" o que se incluirán también en otras piezas separadas posteriores y que el juez apunta: Boadilla, Arganda y Alcalá de Henares así como concretar algunos delitos fiscales y de blanqueo.

 

En esa investigación, a través de las 183 comisiones rogatorias, se descubrió todo un entramado de sociedades y cuentas ubicadas en el extranjero para conseguir la expatriación de los fondos ilícitos acumulados.

 

En el Auto de apertura del juicio oral, los 45 imputados son políticos del PP (y en algunos casos sus familias), empresarios y miembros de la trama. Entre otros, los presuntos responsables o colaboradores, Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo e Isabel Jordán; los extesoreros del PP Ángel Sanchís (también su hijo) Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas; su esposa Rosalía Iglesias; exalcaldes como Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda; Alberto López Viejo (y su esposa) Jesús Merino, Ricardo Galeote, José Luis Peñas, Iván Yáñez, Luis de Miguel o Jacobo Gordon. En este Auto aparecen como beneficiarios de la corrupción la ex Ministra de Sanidad Ana Mato y el propio PP.

 

El PP nunca esperó que Pablo Ruz fuera tan lejos en la investigación y en su valentía para investigar la trama de corrupción.

 

El primer paso, y a petición de la fiscalía Anticorrupción, fue expulsar al PP como acusación popular en la trama Gürtel el 26 de abril de 2013 por fraude procesal. El PP “ejercía” la acusación popular desde el año 2009.

 

El juez Pablo fundamentó su resolución en una decena de escritos de 2010 y 2011, en los que los abogados del PP personados en el sumario buscaban el archivo de las diligencias abiertas sobre Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, y Jesús Merino.

 

El PP recurrió esta decisión ante la instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia, alegando indefensión y acusando a Ruz, en un escrito muy duro, de apartarle del caso de forma “arbitraria” y “premeditada”.

 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en relación con los escritos presentados por los abogados del PP en los años 2010 y 2011, pidiendo el archivo de las diligencias contra Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias y Jesús Merino, desestimó el recurso del PP argumentando que “de la lectura de tales escritos fácilmente se deduce” que el cometido del PP en el procedimiento no ha sido plenamente congruente con el ejercicio de la acusación popular” y que el proceder de los letrados del PP “más bien corresponde a una auténtica parte coadyuvante en la defensa de los tres imputados”.

 

El PP, al igual que le sucedía con el juez Baltazar Garzón, tiene auténtico pánico al juez Pablo Ruz y se lo quitará de encima el próximo martes día 9 de diciembre. Estará un poco más en el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, pero desaparecerá de allí en cuanto tome en posesión su sustituto.

 

La cadena que “echará” al juez Pablo Ruz está más que diseñada:

1) José Manuel Molina García fue Alcalde de Toledo (PP) entre 1987-1991 y 1999-2007 y está imputado por el juez Ruz por haber adjudicado a la empresa Sacyr cuando era Alcalde de Toledo. La imputación es porque la concesión del servicio de recogida de basura de la ciudad se efectuó cambio de una comisión de 200.000 euros, con la que se financió la campaña de 2007 de Dolores de Cospedad a la Presidencia de Castilla - La Mancha.

 

2) Dolores de Cospedal está en el punto de mira del juez Pablo Ruz por los papeles de Bárcenas. Todas las sospechas judiciales la señalan como la beneficiada de la comisión de 200.000 euros pagados por Sacyr para financiar su campaña electoral de 2007 a la Presidencia de Castilla -La Mancha a cambio de la concesión del servicio de recogida de la basura de la ciudad de Toledo.

 

3) Marta García de la Calzada es la Consejera de Fomento (PP) del Gobierno de Dolores de Cospedal en Castilla - La Mancha, y es la esposa de Francisco Gerardo Martínez Tristán, magistrado y Vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.

 

4) Francisco Gerardo Martínez Tristán es Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Vocal de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. Es el principal defensor de quitar inmediatamente al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional.

 

5) En la composición del Consejo General del Poder Judicial la mayoría de sus miembros fueron propuestos por el PP. Su Presidente, Carlos Lesmes, también ocupa ese cargo a instancias del PP. La próxima semana irán a por la cabeza del juez Pablo Ruz.

 

El PP ha sopesado entre el escándalo que supone quitar del medio al juez Pablo Ruz o que el citado juez siga al frente del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. Los populares saben que si sigue ahí, hasta el propio Mariano Rajoy puede aparecer imputado y han optado por eliminar a Ruz con la esperanza de que el nuevo juez deje morir los casos abiertos contra el PP.