El Cabildo corta la sangría que le supone la depuradora de Jinámar

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Telde.- El Cabildo inició ayer jueves la cuenta atrás para cortar la hemorragia de euros que le supone la gestión de la depuradora de Jinámar, la única de las que gestiona el Consejo Insular de Aguas (CIA) por la que no cobra a los ayuntamientos el tratamiento de las aguas residuales. Tal excepción ha generado una deuda que ascendía a 7,84 millones de euros al cierre de 2019 y que sigue creciendo a diario.

Para acabar con este agravio comparativo, la Comisión de Pleno de Hacienda ha aprobado provisionalmente la ordenanza fiscal correspondiente y ha fijado en 0,68 euros por metro cúbico el precio público por la depuración de aguas residuales en esa planta, que trata 1,82 millones de metros cúbicos al año con un coste de 1,22 millones de euros, según publica Canarias7 en una información de Jesús Quesada.

El CIA, que ha asumido los gastos de la depuradora de Jinámar hasta ahora, empezará a cobrar el coste del servicio a los consistorios de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Valsequillo y Santa Brígida una vez que la ordenanza entre en vigor, cortando así la sangría económica que le supone.

A partir de ahí iniciará el cobro a los cuatro ayuntamientos citados de la deuda que han acumulado, distinta en cada caso en función del volumen de aguas residuales tratadas. Los de Telde y la capital deben la mayor parte de ese concepto, más de 3 millones en cada caso.

Dirigida desde que entró en servicio por el CIA, la de Jinámar es la única depuradora que gestiona en 14 municipios distintos de la isla por la que no cobra el coste del servicio. Nunca han abonado un euro los ayuntamientos de la capital y de Telde, mientras que los de Santa Brígida y Valsequillo pagaron al principio pero dejaron de hacerlo al comprobar que los otros dos no lo hacían.

El precio público por el uso de la depuradora aprobado provisionalmente ayer es el segundo que intenta establecer el Cabildo. El anterior lo anuló en 2013 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por un error de procedimiento: debió aprobarlo el Cabildo y no el CIA. La denuncia la presentó Emalsa, concesionaria en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida. Aguas de Telde, lo es en ese municipio y Valsequillo.