TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Cabildo intenta de nuevo cortar la hemorragia de euros que le supone la gestión de la depuradora de Jinámar desde su puesta en marcha en 2008 estableciendo un precio público por el tratamiento del agua residual que recibe de cuatro municipios.
La empresa pública Valora tramita el nuevo expediente y prepara una ordenanza fiscal que deberá aprobar el pleno del Cabildo para empezar a cobrar ese servicio a los ayuntamientos de las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Brígida y Valsequillo y evitar que siga creciendo la deuda que tienen con el Consejo Insular de Aguas (CIA). La deuda se estima en 6,5 millones en total y crece cada día, según publica Canarias7 en una información de Jesús Quesada.
Dirigida desde que entró en servicio por el CIA, la de Jinámar es la única depuradora de aguas residuales que gestiona en 14 municipios distintos por la que no cobra el coste del servicio a los ayuntamientos. Nunca han abonado un euro los de la capital y Telde, que acumulan el grueso de la deuda al ser los que más caudal envían, mientras que los de Santa Brígida y Valsequillo pagaron al principio pero dejaron de hacerlo al ver que los otros dos no lo hacían.
Según fuentes del Consejo, el importe de la deuda pendiente de abonar a este organismo autónomo del Cabildo asciende a 6,5 millones en estos momentos. Los consistorios de Telde y la capital deben 3 millones cada uno y los 500.000 euros restantes corresponden a los de Santa Brígida y Valsequillo.
El consejero de Aguas del Cabildo, Miguel Hidalgo, admite que durante este mandato, pese a intentarlo, no ha conseguido cerrar un convenio con esos cuatro ayuntamientos para regularizar la situación de la depuradora de Jinámar y explica que el establecimiento de un precio público pretende poner punto y final al impago.
El precio público del servicio de tratamiento en la depuradora de Jinámar que Valora tramita, y que se estima en 0,68 euros por metro cúbico en el estudio de costes, es el segundo que intenta establecer el Cabildo. El anterior lo anuló en 2013 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por un error de procedimiento. Lo debió aprobar la corporación insular y no el CIA. La denuncia la presentó Emalsa, concesionaria en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida. La otra, Aguas de Telde, lo es en ese municipio y Valsequillo.
Deuda a plazos
El Cabildo, cuyos gobiernos coinciden desde el origen de la deuda con el de los consistorios de la capital y Telde, espera no tener que ir a los tribunales para recuperar el dinero que le ha costado la depuradora, aunque sea a plazos, pero está obligado a hacerlo si los deudores no asumen su parte y un compromiso de abono.



























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