Un grupo pro-vida la toma con la Clínica Gara (Telde), que ha denunciado la acción de protesta de este lunes

La Clínica Gara, en Telde, presentó este lunes una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional contra un grupo pro-vida que se presentó durante una hora frente a sus instalaciones, en San Juan, con rezos y oraciones para ejercer presión sobre las usuarias del centro que acuden a interrumpir voluntariamente su embarazo. Es una decisión de por sí dura para las mujeres que se ve agravada, a menudo, con juicios, insultos y hasta agresiones por parte de determinados sectores.

Los hechos denunciados se produjeron en torno a las 11.30 horas en la calle de Pérez Galdós, donde tiene sus instalaciones el centro clínico privado. 

Según el relato aportado ante la Policía por la representante de la clínica, un sacerdote acompañado de otras cinco personas se situó junto a la puerta del recinto, «enseñando carteles», rezando y «profiriendo cantos religiosos». Añade que los carteles llevaban escrito el lema 'Sí a la vida y contra el aborto'. Además, "procedieron a realizar grabaciones de vídeo o de fotos con un móvil durante una hora", según informa Canarias7.

En su denuncia, que ahora seguirá su recorrido en los tribunales de justicia, la representante de la empresa advierte de que la Clínica Gara es un centro autorizado por el Servicio Canario de Salud (SCS) para realizar abortos y de que justo estos días estaba prevista la realización de varias consultas e intervenciones, por lo que «la conducta de los denunciados constituye una coacción indebida a los pacientes y al personal« del complejo sanitario.

La Clíniga Gara interpuso esta denuncia con el propósito, primero, de que se identifique a los autores de este presunto delito, y segundo, con el ánimo de evitar que este comportamiento se vuelva a repetir.

Precisamente, con el fin de proteger su integridad y dar pasos hacia la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, en abril entró en vigor en España la modificación del Códio Penal que castiga a quienes tratan de obstaculizar este derecho con penas de entre tres meses y un año de prisión, o bien con trabajos para la comunidad de 31 a 80 días.

Se da la circunstancia de que pese a que Canarias cuenta con la sexta tasa más alta del país en abortos (10,8%), las islas siguen adoleciendo de falta de personal en el servicio público para ofrecer este servicio, por lo que sus posibilidades de atención pasa muchas veces por este tipo de centros concertados.

En las islas, en el año 2020, se practicaron 4.784 interrupciones del embarazo, incluyendo abortos voluntarios a petición de las mujeres dentro de las 14 primeras semanas y los realizados por causas médicas, es decir, porque el embarazo pone en peligro la salud o la vida de la mujer o por riesgo de que el feto sufra una anomalía grave, incompatible con la vida o incurable.